Cada gobierno dominicano ha tenido su versión del mismo libreto: anunciar una gran transformación, convocar foros, invitar embajadas, tomarse la foto con organismos internacionales y prometer que esta vez sí será diferente. La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, presentada esta semana ante representantes de Naciones Unidas, la OEA, la UNESCO y varias embajadas acreditadas en el país, se inscribe en esa misma tradición. El discurso oficial habla de diálogo, participación y visión compartida. Pero detrás de las palabras hay una pregunta que Despertar Matinal considera legítima e ineludible: si la reforma educativa es tan urgente y tan buena como se pregona, ¿por qué el Estado dominicano sigue invirtiendo tiempo y recursos en presentaciones protocolares en lugar de ejecutar?
Una consulta que ya lleva meses de recorrido
El Decreto núm. 309-26 es el instrumento legal que sustenta el proceso, según explicó el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, durante el encuentro con delegados internacionales. La norma establece una reforma legislativa y curricular que, de acuerdo con el discurso oficial, busca responder a los llamados desafíos del siglo XXI.
La Comisión Ejecutiva de la Consulta Nacional integra a cuatro instituciones del Estado: el MESCyT, el MINERD, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el INFOTEP. Según sus propios voceros, el proceso ha recorrido el país realizando jornadas con empresarios, docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales. La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, calificó el ejercicio como una decisión del Estado dominicano de construir una visión compartida de la educación.
El encuentro con la cooperación internacional sumó representantes de UNESCO, UNICEF, UNFPA, FAO, OEA, OEI, OIT, el Programa Mundial de Alimentos, la SEGIB, la AECID y la AFD, además de delegados de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Japón, China y Francia. Es, sin duda, una fotografía diplomática robusta. Lo que no quedó claro en la presentación es cuánto ha costado hasta ahora movilizar ese aparato de consultas dentro y fuera del territorio nacional, ni qué mecanismo de rendición de cuentas existirá sobre esos gastos.
La duda que nadie quiere hacer en voz alta
El problema de fondo no es que el Estado consulte. Consultar es, en teoría, sano para cualquier política pública. El problema es cuando la consulta se convierte en un fin en sí mismo, en una gira permanente que sustituye la ejecución en lugar de precederla. La administración actual —que inició su primer período en agosto de 2020 y continúa en el poder desde agosto de 2024 con su segundo mandato consecutivo— ha hecho de los foros, las mesas de diálogo y los encuentros con cooperantes internacionales una constante de su comunicación institucional. La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana no escapa a ese patrón.
Cabe preguntarse, con rigor y sin exageración: ¿qué garantiza que esta consulta desemboque en una ley aprobada y ejecutada, y no en otro documento archivado? República Dominicana tiene un historial de pactos, mesas y consultas educativas —incluido el propio Pacto Nacional para la Reforma Educativa de 2014— cuyos resultados concretos siguen siendo, según fuentes del propio sector educativo, parciales o insuficientes frente a los indicadores de calidad, deserción y aprendizaje que el país arrastra desde hace más de una década.
También merece un cuestionamiento el rol de los organismos internacionales convocados. Su presencia no es gratuita: de acuerdo con informes de cooperación técnica, buena parte del financiamiento y del acompañamiento que ofrecen estas entidades viene acompañado de condicionalidades, líneas de crédito o agendas propias que no siempre coinciden con las prioridades nacionales. Esto no implica, presuntamente, mala fe de ninguna organización en particular, pero sí obliga a preguntar quién define realmente la hoja de ruta: ¿el Estado dominicano en función de sus necesidades, o la arquitectura de cooperación internacional en función de sus propios marcos de financiamiento?
Otro punto que el discurso oficial evita es la brecha entre el diagnóstico y la acción. El viceministro Ayacx Mercedes reconoció que la deserción escolar está vinculada a lo que llamó «brecha afectiva», una categoría que suena técnica pero que en la práctica traduce carencias estructurales: pobreza, violencia intrafamiliar, falta de acompañamiento psicosocial en las escuelas. Ese diagnóstico no es nuevo. Ha sido señalado por estudios del propio MINERD y por organismos como UNICEF en informes previos. La pregunta crítica, entonces, no es si el Estado sabe cuál es el problema —claramente lo sabe— sino por qué la respuesta sigue siendo una consulta más de dos años después de iniciado el segundo mandato del oficialismo, en lugar de un plan de choque con metas y presupuesto verificables.
Nadie discute que la República Dominicana necesita transformar su sistema educativo. Los indicadores de deserción, calidad de aprendizaje y desigualdad territorial llevan años pidiendo una respuesta contundente. Lo que sí merece ser discutido, con la seriedad que el tema exige, es si el camino elegido —una consulta prolongada, con giras nacionales e internacionales, presentaciones ante embajadas y organismos multilaterales— es efectivamente el más eficiente para llegar a esa transformación, o si termina siendo, como ocurre tantas veces en la gestión pública dominicana, un proceso que cuesta más de lo que produce.
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
