En Neyba, la violencia de género no es una novedad estadística: es una herida que la institucionalidad dominicana tardó años en atender con estructura permanente.
La pregunta no es si el Ministerio Público inauguró el Centro de Atención Integral de Acceso a la Justicia en Bahoruco, sino por qué la provincia esperó hasta el segundo mandato de Luis Abinader para tenerlo.
El centro, ubicado en la calle Eduardo Alonzo Pérez Jiménez, del sector Santa Cruz de Neyba, integra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales junto a las oficinas del Servicio Nacional de Representación Legal de la Víctima (Relevic), según informó la procuradora fiscal Ana Andrea Villa Camacho.
De acuerdo con cifras que la propia funcionaria ofreció durante el acto, el Ministerio Público recibió alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género en todo el territorio nacional durante 2025, un dato presentado sin desglose por provincia ni comparación con años anteriores.
En Bahoruco específicamente, la unidad registró 192 denuncias entre enero y mayo de este año, la mayoría vinculadas a violencia intrafamiliar, según los registros estadísticos citados en el propio acto de inauguración.
El equipo del centro está compuesto por procuradores fiscales, psicólogos forenses, médicos forenses, trabajadores sociales y abogados, con asistencia legal gratuita a través de Relevic y respaldo policial de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) para la ejecución de órdenes de arresto.
El discurso oficial no ofrece punto de comparación: no se sabe cuántas denuncias recibía la unidad antes de esta remodelación, ni cuántas víctimas quedaron sin atención en los años en que Bahoruco careció de un espacio dedicado. Sin una línea base, hablar de eficientización es una afirmación que el propio Ministerio Público no puede sostener con datos verificables.
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completoLa propia procuradora fiscal admitió, sin detenerse en ello, que el acto servía para «abrir o reabrir» la unidad, una ambigüedad que revela que la institución ni siquiera tiene claridad interna sobre si esto es una expansión real o el simple restablecimiento de un servicio que en algún momento existió y se perdió. Esa duda, dicha desde el propio atril oficial, no es un detalle menor.
Las 73 mil denuncias nacionales de 2025 se presentan como magnitud del problema, no como métrica de gestión: no hay indicadores públicos sobre cuántas concluyeron en condena, cuántas fueron archivadas, ni cuánto tiempo tomó cada proceso. Sin esa data, el Centro de Atención Integral de Bahoruco es un anuncio de infraestructura, no todavía una garantía medible de justicia.
Este patrón se repite en la comunicación institucional del actual gobierno: cada inauguración se presenta como logro autocontenido, sin auditoría independiente ni serie histórica que permita al ciudadano verificar si realmente se trata de una mejora sustantiva o de una puesta en escena para una provincia que, como Bahoruco, ha estado históricamente al margen de la inversión pública prioritaria.
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Este medio no afirma que exista negligencia deliberada por parte del Ministerio Público ni de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso; las cifras aquí referidas provienen de las declaraciones ofrecidas por funcionarios de la propia institución durante el acto de inauguración. La ausencia de indicadores comparativos o de seguimiento posterior no constituye, por sí sola, prueba de incumplimiento, pero sí una omisión informativa que amerita ser señalada, y que las autoridades correspondientes deberían, presuntamente, subsanar mediante rendición de cuentas pública, verificable y desagregada por provincia.
«Inaugurar un centro sin publicar antes y después no es transparencia: es comunicación institucional maquillada de política pública.»
¿Cuántas víctimas de Bahoruco fueron atendidas antes de que existiera este centro, y qué pasó con ellas mientras el Estado remodelaba oficinas?
¿Cuántas provincias dominicanas siguen esperando su turno mientras el gobierno celebra inauguraciones sin comparación histórica?












































































