Carreteras Entregadas, Preguntas Pendientes: Monte Plata–Cevicos y el Costo del Tiempo Perdido

Cuando una carretera se inaugura después de 50 años de espera, la pregunta legítima no es si la obra es bienvenida —lo es, sin duda— sino por qué tardó tanto y a qué costo humano y económico se acumuló esa deuda vial. La vicepresidenta Raquel Peña presidió este sábado la entrega de dos vías en Monte Plata y Sábana Grande de Boyá, obras que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La narrativa oficial celebra el logro. El análisis crítico, en cambio, exige contextualizar: ¿quién planificó, quién financió y por qué estas comunidades tuvieron que llegar al último año de gestión gubernamental para ver pavimento?

Según la información oficial difundida durante el acto de inauguración, la carretera Monte Plata–Cevicos tiene una extensión de 44.25 kilómetros y forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros que enlaza Cevicos, Monte Plata, Bayaguana, El Puerto y Hato Mayor. La obra beneficiaría, de acuerdo con cifras del MOPC, a más de 500 mil personas, reduciendo tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso a servicios esenciales.

La segunda obra entregada, la carretera Hato San Pedro–Rincón Claro, en el municipio de Sábana Grande de Boyá, tiene 11.44 kilómetros de extensión y representó una inversión declarada de más de RD$300 millones. Según fuentes gubernamentales, esta vía responde a una demanda sostenida durante cinco décadas por parte de comunidades rurales que estaban prácticamente aisladas.

Ambas obras incluyeron estabilización de la base estructural, colocación de carpeta asfáltica, construcción de drenajes, alcantarillas, gaviones, señalización vial y adecuación de puntos críticos. La intervención técnica es, en términos formales, completa.

Sin embargo, lo que no se explicó con igual detalle durante el acto fue la proporción exacta del financiamiento del BID frente al aporte nacional, los plazos de ejecución reales versus los proyectados, ni los mecanismos de supervisión técnica que garantizarán la durabilidad de las obras más allá del ciclo electoral.

La obra existe. La pregunta incómoda también.

Que estas carreteras representan un beneficio real para las comunidades productivas de Monte Plata y Sánchez Ramírez es un hecho que no admite debate. Los productores de piña, cacao, cítricos, plátano y yuca de la zona podrán reducir costos de transporte y mejorar su acceso a mercados. Eso es concreto y positivo.

Pero el Formato Crítico que caracteriza a Despertar Matinal obliga a ir más allá del discurso de entrega.

Primer eje — La base comparativa: El corredor Monte Plata–Cevicos–Hato Mayor es una arteria productiva de primer orden en el este agrícola dominicano. Que una vía de 44 kilómetros, conectando zonas de alta producción agropecuaria con mercados nacionales, haya permanecido en condiciones precarias durante décadas no es un accidente administrativo: es una decisión política sostenida en el tiempo por múltiples gestiones, incluyendo la actual. Presentar su entrega como un logro exclusivo del gobierno 2020–2026 requiere, presuntamente, ignorar que el problema existía y fue postergado también durante esta administración hasta su último tramo.

Segundo eje — El financiamiento externo como señal: Que ambas obras hayan contado con apoyo del BID no es un dato menor. Significa que el Estado dominicano, por sí solo, no priorizó estos proyectos dentro de su presupuesto ordinario con la urgencia que las comunidades demandaban. El financiamiento internacional —aunque legítimo y bienvenido— revela una limitación estructural de la planificación vial nacional: se construye donde hay crédito externo disponible, no necesariamente donde la necesidad es más urgente. Esto, de acuerdo con analistas del sector, configura una política vial reactiva, no estratégica.

Tercer eje — La opacidad del dato: El ministro Eduardo Estrella describió los trabajos con detalle técnico, pero ni en el acto oficial ni en la información pública disponible se precisaron con claridad los plazos contractuales originales, las penalidades por atrasos si las hubiere, ni el desglose presupuestario por tipo de intervención. La carretera Hato San Pedro–Rincón Claro costó «más de RD$300 millones» según fuentes oficiales —cifra que, sin desagregación, impide un análisis real de eficiencia del gasto público por kilómetro intervenido.

Las carreteras entregadas este sábado son reales, necesarias y bienvenidas por las comunidades que las reciben. Nadie con honestidad intelectual puede negarle ese valor a la obra física. Pero celebrar infraestructura que llega 50 años tarde como si fuera una visión de gobierno es confundir el pago de una deuda histórica con un acto de generosidad. El Estado dominicano no hizo un favor a Monte Plata ni a Sábana Grande de Boyá: cumplió —tardíamente, y con financiamiento externo— una obligación que debió haberse saldado hace décadas.

La pregunta que las comunidades productivas del este dominicano tienen derecho a hacerse no es si agradecen el asfalto. Es por qué tuvieron que esperar tanto para recibirlo, y qué garantías existen de que la siguiente generación de obras viales no llegará también en el último año de la próxima gestión.