Una estación de transferencia con capacidad para triplicar el volumen de recolección puede sonar a solución. Pero en el Gran Santo Domingo, la basura no es solo un problema de toneladas transportadas: es un problema de gestión, de continuidad política y de responsabilidades que rara vez se asumen. El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de una Estación de Transferencia de Residuos Sólidos en Los Alcarrizos, presentándola como un avance del programa Basura Cero. Pero mientras se corta la cinta en un municipio, en Santo Domingo Este —el más poblado del país— los vertederos improvisados, los solares baldíos convertidos en basureros y las calles con desechos acumulados siguen siendo, para buena parte de su población, la postal cotidiana de la gestión municipal.
De acuerdo con lo informado durante el acto en Los Alcarrizos, la nueva Estación de Transferencia de Residuos Sólidos representó una inversión de RD$49 millones y busca fortalecer el programa Basura Cero, insignia del Gobierno central en materia de recolección de desechos. El alcalde Junior Santos explicó que la infraestructura permitirá triplicar la capacidad operativa de los camiones recolectores, que pasarían de transportar entre 8 y 12 toneladas diarias a movilizar entre 24 y 26 toneladas por jornada.
Sin embargo, el problema de la basura en el Gran Santo Domingo no se resuelve con un solo municipio. Santo Domingo Este, bajo la administración de Dío Astacio, arrastra desde hace años señalamientos ciudadanos por acumulación de residuos en avenidas principales, cañadas convertidas en vertederos y una recolección irregular en sectores densamente poblados. El propio Distrito Nacional, con Carolina Mejía al frente, no escapa a denuncias similares en sectores periféricos, mientras Santo Domingo Norte (Betty Gerónimo), Santo Domingo Oeste (Francisco Peña), Boca Chica (Ramón Candelaria) y Pedro Brand (Wilson Paniagua) completan un mapa metropolitano donde el discurso de «ciudad limpia» choca constantemente con la realidad de sus calles.
Cabe recordar que el presidente Abinader inició su primer mandato en agosto de 2020 y, tras ser reelecto, ejerce desde agosto de 2024 su segundo período consecutivo. Es decir, el oficialismo que hoy inaugura obras y promueve programas de limpieza lleva casi seis años administrando el Estado dominicano, tiempo suficiente para que el problema de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo hubiese dejado de ser estructural.
Cada obra inaugurada por el oficialismo suele venir acompañada del mismo adjetivo: histórica. Pero, ¿histórica respecto a qué punto de comparación? Un gobierno que administra el país de forma continua desde 2020, y que además respaldó políticamente a casi todos los alcaldes del Gran Santo Domingo en las pasadas elecciones municipales, no puede al mismo tiempo presentarse como juez y parte de sus propios resultados. Cuando es el propio Estado quien produce, certifica y celebra sus cifras de inversión y capacidad operativa, la pregunta de fondo no es si la obra existe, sino quién audita ese «récord» y bajo qué parámetros comparables se sostiene, sobre todo frente a gestiones municipales previas que no tuvieron el mismo respaldo presidencial.
El caso no puede leerse en aislado. En las pasadas elecciones municipales, el propio presidente Abinader cargó sobre sus hombros buena parte de las campañas de los candidatos que hoy ocupan las principales alcaldías del Gran Santo Domingo. Una lectura crítica de aquel proceso sugiere que varios de esos aspirantes difícilmente habrían ganado apoyándose únicamente en su propio liderazgo, en un contexto donde una parte importante del electorado ya percibía señales de debilidad en sus futuras gestiones. Aun así, la estructura y el peso político del oficialismo terminaron imponiéndose en las urnas, y hoy ese respaldo se traduce en una responsabilidad compartida: si la gestión falla, no falla solo el alcalde, falla también quien lo sostuvo en el poder.
Dío Astacio en Santo Domingo Este es quizás el caso más visible de esa contradicción. Mientras el Gobierno central presume de un «programa Basura Cero», el municipio más poblado del país continúa siendo señalado por acumulación de desechos, cañadas contaminadas y una recolección que no alcanza a cubrir la demanda de una población que supera el millón de habitantes.
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Carolina Mejía, Betty Gerónimo, Francisco Peña, Junior Santos, Ramón Candelaria y Wilson Paniagua completan un cuadro donde, bajo una lectura crítica, ninguno ha logrado igualar la efectividad de administraciones municipales previas en materia de limpieza y ordenamiento urbano.
Una estación de transferencia puede optimizar rutas. Lo que no puede hacer es sustituir la voluntad política de resolver, de fondo, por qué Santo Domingo Este —y buena parte del Gran Santo Domingo— sigue pareciendo, para miles de residentes, un gran basurero a cielo abierto.
Una estación de transferencia en Los Alcarrizos puede, en efecto, optimizar rutas y reducir tiempos de recolección. Pero ninguna cifra de toneladas resuelve la pregunta que persiste en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional y en cada municipio del área metropolitana: si el oficialismo respaldó a estos alcaldes en las urnas y hoy gobierna de forma ininterrumpida desde 2020, ¿de quién es, realmente, la responsabilidad cuando la basura sigue acumulándose en las calles?
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