Abinader promete agua potable en Samaná, pero la deuda de infraestructura sigue sin saldarse

Cuando un funcionario asegura que las inversiones en agua potable en Samaná aumentaron «cinco veces» en los últimos seis años, conviene detenerse antes de aplaudir. Ese período no corresponde a una sola gestión: abarca el cierre del primer mandato de Luis Abinader y los primeros años del segundo, iniciado en agosto de 2024. Presentar ambos ciclos como un bloque uniforme diluye la posibilidad de medir qué se ejecutó en cada uno y bajo qué responsabilidad institucional. El anuncio de este sábado, enmarcado en el programa «El Gobierno Contigo», reafirma compromisos que las comunidades de Samaná llevan planteando desde hace años, sin que exista, hasta el momento, un cronograma público verificable de cumplimiento.

El encuentro reunió a comunitarios de Santa Bárbara de Samaná, Sánchez, Las Terrenas, El Limón y Las Galeras, quienes expusieron directamente al presidente sus necesidades más urgentes. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, afirmó que la inversión en agua potable en Samaná supera los RD$1,000 millones y que el sistema de alcantarillado sanitario de Las Terrenas concluiría en aproximadamente dos meses. También anunció una ampliación del acueducto de ese municipio por RD$1,800 millones, la conclusión del acueducto de Sánchez antes de que termine el año, y una licitación para Las Galeras prevista en el último trimestre.

El discurso oficial insiste en presentar la gestión del agua como un continuo exitoso, pero la cifra de «seis años» merece ser desagregada. ¿Cuánto se invirtió durante el primer período de Abinader y cuánto en el actual? ¿Cuáles obras corresponden a compromisos ya asumidos —y presuntamente incumplidos— en 2020, 2021 o 2022? La ausencia de un desglose público, año por año y comunidad por comunidad, impide a la ciudadanía de Samaná verificar si el ritmo de ejecución responde realmente a una prioridad sostenida o a un relanzamiento discursivo antes de cada visita presidencial.

Otro punto que exige rigor: varias de las obras anunciadas —el acueducto de Sánchez, la ampliación en Las Terrenas, la licitación en Las Galeras— no cuentan con fecha de inicio de ejecución verificable, sino con plazos estimados («aproximadamente dos meses», «antes de finalizar este año»). Este patrón de anuncios con horizontes de cumplimiento móviles ha sido recurrente en la gestión del agua potable en Samaná y en otras provincias, donde comunidades esperan años entre el anuncio y la entrega real del servicio. A esto se suma que las demandas planteadas por los comunitarios —muelle pesquero, cementerios, destacamentos policiales, unidades médicas, transporte para personas con discapacidad— reflejan carencias estructurales que exceden el agua potable, y que llevan años sin respuesta integral, más allá de encuentros puntuales como «El Gobierno Contigo».

Garantizar agua potable en Samaná no debería depender de la frecuencia con que el presidente visite la provincia, sino de una política hídrica con metas medibles, plazos vinculantes y rendición de cuentas pública. Mientras no exista ese desglose, cada anuncio corre el riesgo de sumarse a una larga lista de promesas que se repiten, se actualizan y se aplazan.