Santo Domingo.– Cada vez que el oficialismo anuncia una ampliación de cupos, becas o presupuesto, el mensaje se presenta como un logro cerrado, sin fisuras. Esta semana fue el turno del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), que pasará de 9,000 a 15,000 becas de Educación Continua por disposición directa del presidente Luis Abinader. La pregunta que el Gobierno no responde —porque nadie se la ha hecho de forma pública— es simple: ¿qué pasó con los miles de beneficiarios de convocatorias anteriores? ¿Cuántos terminaron sus programas, cuántos desertaron y cuántos consiguieron empleo gracias a esa formación? Sin esos datos, hablar de «democratización de la educación tecnológica» es una consigna, no una política pública verificable.
La ampliación de las becas de Educación Continua del ITLA corresponde al período académico julio-septiembre de 2026, con convocatoria abierta hasta el 17 de julio. Según la institución, la decisión responde al «elevado volumen de solicitudes» recibidas desde distintas provincias, lo que habría motivado al Poder Ejecutivo a autorizar 6,000 cupos adicionales, con una inversión pública que el ITLA cifra en más de RD$99 millones.
El rector Jimmy Rosario Bernard presentó la medida como reflejo del «compromiso gubernamental con la democratización de la educación tecnológica», y detalló que la oferta incluye más de un centenar de programas: inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, mecatrónica, marketing digital, además de inglés y francés a través del ITLA Language School. Las modalidades serán presencial, semipresencial y virtual, con cobertura en La Caleta, Santiago, San Pedro de Macorís, Moca, Nagua, Bonao, Monte Plata, Pedernales, San Francisco de Macorís y Cotuí.
Hasta aquí, la información oficial. Lo que no ofrece el comunicado institucional —ni la fuente consultada por este medio— es un desglose histórico: cuántas becas se otorgaron en convocatorias de 2021, 2022, 2023 y 2024; cuántos beneficiarios completaron sus programas; y cuánto costó cada beca culminada frente a cada beca desertada.
El anuncio se apoya en una narrativa de crecimiento sostenido, pero crecer en número de cupos ofertados no equivale a crecer en resultados verificables. El ITLA no ha publicado, hasta la fecha de este artículo, un informe de seguimiento que permita comparar la matrícula inicial con la tasa de graduación de sus programas de Educación Continua. Sin esa data, la cifra de «15,000 becas» es un techo de oferta, no una medición de impacto.
Tampoco se explica con claridad el criterio de selección entre los solicitantes que superarán el nuevo tope. Si la demanda fue tan alta como para justificar 6,000 cupos adicionales, cabe preguntar cuántas solicitudes quedaron fuera del cupo original de 9,000 y bajo qué parámetros se decidió, presuntamente, quiénes accederían primero.
Hay un segundo problema, más estructural: la costumbre institucional de presentar cada ampliación como un hito «histórico» sin ofrecer el punto de comparación que legitimaría esa etiqueta. Un gobierno que apenas inicia su segundo mandato consecutivo —el actual período comenzó en agosto de 2024, tras un primer mandato iniciado en agosto de 2020— no cuenta todavía con una serie histórica propia lo suficientemente larga como para hablar de «récords» frente a gestiones que gobernaron más de dos décadas fuera del control directo del Estado. Un récord solo es verificable cuando existe una base de comparación pública, auditable y con series de datos completas. De acuerdo con estándares de rendición de cuentas en política pública, un anuncio de expansión sin línea base ni indicadores de egreso no constituye evidencia de éxito, sino una proyección de intención.
A esto se suma la ausencia de mecanismos de transparencia presupuestaria específicos para esta partida: los RD$99 millones mencionados no aparecen desglosados por rubro (docencia, infraestructura, plataforma virtual, materiales), lo que dificulta que la ciudadanía o la prensa puedan fiscalizar si ese monto se ejecuta según lo anunciado o si, como ha ocurrido con otras iniciativas gubernamentales, la ejecución real termina por debajo de lo prometido.
¿De qué sirve anunciar 15,000 becas si el Estado no informa cuántos de los becarios anteriores realmente culminaron sus estudios y encontraron empleo con esa formación?
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