Cuando una alta funcionaria de gobierno recorre una provincia con cámaras, micrófonos y obras recién pintadas, la pregunta legítima no es si las obras existen —en este caso, sí existen— sino qué hay detrás de ellas: ¿por qué ahora?, ¿con qué criterios se priorizaron?, ¿cómo se garantizará su mantenimiento?, ¿quién fiscaliza que la inversión declarada corresponda a lo realmente ejecutado? En Sabana de la Mar, municipio históricamente relegado de la provincia de Hato Mayor, la visita de la vicepresidenta Raquel Peña dejó dos obras entregadas y decenas de preguntas abiertas que, de momento, ningún vocero oficial ha respondido.
El hospital: RD$93 millones entre remozamiento y equipamiento
Según informó el Servicio Nacional de Salud (SNS), la intervención del Hospital Municipal Srta. Elupina Cordero representó una inversión superior a los RD$93 millones, desglosados —de acuerdo con datos oficiales— en RD$74,177,758.89 para obras físicas y RD$19,006,072.68 en equipamiento médico. La vicepresidenta sostuvo que esta entrega forma parte de la política de transformación sanitaria del gobierno del presidente Luis Abinader.
El remozamiento contempló, según fuentes gubernamentales, la habilitación de tres consultorios generales, pediatría, ginecología, dos consultorios odontológicos, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación y un consultorio de tuberculosis. Además, el centro dispone de quirófano, sala de partos, área de preparación, recuperación, neonatología e internamiento con capacidad para 14 camas.
Los datos son, en apariencia, alentadores. Pero la pregunta que el comunicado oficial no responde es: ¿con cuánto personal médico cuenta actualmente este hospital? En la República Dominicana, de acuerdo con informes del propio SNS, la infraestructura renovada frecuentemente supera la disponibilidad de recursos humanos en salud, especialmente en municipios alejados de los centros urbanos. Inaugurar un quirófano sin anestesiólogo, o una sala de partos sin obstetra permanente, es una obra a medias.
⚠ Rigor informativo: Despertar Matinal solicitará de manera formal al SNS y al Ministerio de Salud Pública información sobre la dotación actual de personal médico, enfermeras y técnicos en el Hospital Srta. Elupina Cordero, datos que no fueron provistos en la comunicación oficial de la actividad.
El muelle: 176 metros cuadrados para una comunidad pesquera olvidada
La segunda entrega fue el nuevo muelle de Sabana de la Mar, ejecutado con una inversión declarada de más de RD$16 millones por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM). El director ejecutivo Jean Luis Rodríguez destacó que se trata de una obra «moderna, segura y pensada para perdurar en el tiempo», con un área total de 176.09 metros cuadrados y un gazebo de servicio de 26 metros cuadrados para los pescadores.
Con esta entrega, APORDOM acumula 20 muelles inaugurados en comunidades costeras del país. Es un dato relevante, pero también invita a una reflexión: presuntamente, varias de esas comunidades esperaron décadas por una infraestructura básica que el Estado tiene obligación constitucional de proveer. La inauguración masiva de muelles en el último tramo de un período gubernamental no debe leerse como generosidad, sino como obligación tardíamente cumplida.
Análisis crítico: lo que las fotos no muestran
Analizar estas obras con rigor implica separar tres dimensiones que el discurso oficial tiende a fundir en una sola narrativa triunfalista:
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- La obra física: existe, es verificable y es necesaria. No hay duda de eso.
- La sostenibilidad operativa: ¿quién paga el mantenimiento del hospital en los próximos cinco años? ¿Existe un plan de gestión del muelle que involucre a las asociaciones de pescadores?
- La fiscalización de la inversión: ¿se auditará que los RD$93 millones declarados correspondan con la obra ejecutada? La Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas tienen, de acuerdo con la ley, facultad y obligación de verificarlo.
En ese marco, según fuentes vinculadas al sector salud consultadas por este medio, la recurrente práctica de anunciar inversiones sin divulgar los contratos, las empresas ejecutoras ni los informes de supervisión genera espacios de opacidad que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública (No. 200-04) obliga al Estado a transparentar esos datos.
Por otro lado, la vicepresidenta Peña afirmó que el hospital fue una «prioridad del gobierno». Si fue prioridad, ¿por qué tardó más de tres años en ejecutarse desde el inicio de la actual administración? Esa pregunta, formulada con respeto pero con firmeza, es exactamente el tipo de rendición de cuentas que una democracia saludable exige.
🔍 Pregunta para el debate ciudadano: Si el Estado dominicano inauguró 20 muelles y remozó decenas de hospitales en el tramo final del período, ¿por qué esas mismas comunidades no recibieron atención en los primeros tres años? ¿Es planificación pública o calendario electoral?
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