LA HABANA — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el viernes la decisión de la administración Trump de imponer nuevas sanciones a Cuba, la mayor de las cuales es contra el Grupo de Administración Empresarial SA, un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Además de GAESA y su líder, las sanciones anunciadas el jueves incluyen a Moa Nickel, una empresa conjunta cubana con la canadiense Sherritt International, que inmediatamente anunció que se retiraría del negocio, poniendo fin a una presencia de 32 años en la isla.
La orden ejecutiva del 1 de mayo y las nuevas designaciones anunciadas el 7 de mayo amplían significativamente la autoridad legal a través de la cual el gobierno estadounidense puede imponer sanciones a nacionales y empresas de terceros países, explicó Lee Schlenker, investigador asociado del programa Sur Global del Quincy Institute, un grupo de expertos de Washington.
«No sólo están sujetos a que se les congelen sus activos, sino también sus cuentas en EE.UU., así como sus viajes a EE.UU., los de sus accionistas, inversores o empleados», afirmó Schlenker. “Esto seguramente tendrá un impacto extremadamente significativo de la presencia de empresas extranjeras” en Cuba.
El economista Pavel Vidal, experto en Cuba de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dijo a The Associated Press que las medidas son “muy preocupantes” para una economía que ya está “prácticamente paralizada”. Estados Unidos ha bloqueado los envíos de combustible a Cuba desde enero, agravando aún más la crisis económica de la isla que ya dura años. Vidal señaló que las nuevas sanciones probablemente disuadirían a los socios restantes de GAESA, diciendo que «muy pocos se arriesgarán a desafiarlos».
Las nuevas medidas equivalen a un “aislamiento total”, dijo Vidal, impulsado por el miedo que infunden en los bancos, aseguradoras y corporaciones internacionales.
Como experto que ha analizado los documentos internos de GAESA, Vidal señaló que el profundo alcance del conglomerado en casi todos los sectores de la economía cubana hace que cualquier conexión con la isla sea un riesgo potencial según las nuevas reglas estadounidenses.
Según Vidal, GAESA representa casi el 40% del producto interno bruto de Cuba. A principios de 2024, el conglomerado tenía 14.500 millones de dólares en reservas líquidas, con ingresos anuales que triplicaban el tamaño de todo el presupuesto estatal cubano.
Establecida en la década de 1990 bajo control militar, GAESA fue la respuesta estratégica de las Fuerzas Armadas cubanas al colapso económico que siguió a la caída de la Unión Soviética y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses vigentes en ese momento.
A pesar de ser de propiedad estatal, las cuentas de GAESA están exentas de auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Gladys Bejerano, directora de la entidad, admitió esta falta de supervisión en una entrevista de 2024; poco después se jubiló.
Durante años, hasta su muerte en julio de 2022, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja se desempeñó como director general de GAESA. Como yerno del ex presidente Raúl Castro, era un pilar de la familia, un legado que continuó su hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Si bien el joven Castro sirve oficialmente como el principal guardaespaldas de su abuelo, recientemente ha surgido como un intermediario fundamental en conversaciones delicadas con Estados Unidos.
Las sanciones de esta semana también agregaron a Ania Guillermina Lastres a la lista negra de Estados Unidos. Como sucesora de López-Calleja, actualmente se desempeña como presidenta ejecutiva de GAESA, supervisando los vastos intereses financieros internacionales del conglomerado.
Según la limitada información disponible, GAESA supervisa docenas de puntos de venta minoristas, que venden de todo, desde alimentos y ropa hasta electrodomésticos, así como una extensa red de servicios que incluye alquiler de automóviles y agencias de viajes. En particular, también gestiona las instituciones financieras de Cuba, las casas de cambio de divisas y la administración de los principales hoteles del país.
En declaraciones a la prensa el viernes, Rubio dijo que las sanciones no estaban dirigidas al pueblo cubano y se refirió a GAESA como una empresa que “está tomando cualquier cosa que genere dinero en Cuba y poniéndola ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen”.
Las autoridades cubanas sostienen que las sanciones constituyen un “castigo colectivo” diseñado para estrangular la economía de la isla, argumentando que las políticas de la administración Trump muestran un desprecio por el bienestar del pueblo cubano en favor de la influencia política.
Las nuevas sanciones a La Habana están bajo el peso de un bloqueo energético estadounidense que ha provocado cortes generalizados de agua y electricidad, además de una grave escasez de gas y agua.
___
Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
