La Contraloría General de la República presentó esta semana su plataforma de denuncias ciudadanas «Alerta Segura CGR» y anunció lo que sus voceros describieron como «la transformación más importante de su historia». La ironía del momento es difícil de ignorar: el mismo gobierno que lanza esta herramienta es el que, según múltiples reportes periodísticos verificados, acumula al menos nueve grandes escándalos de corrupción o mala administración desde que llegó al poder en agosto de 2020, de acuerdo con el recuento publicado por Listín Diario en septiembre de 2025. Y 2026 no ha comenzado mejor.
Pero hay una pregunta que ningún funcionario respondió durante el acto de lanzamiento, y que este medio plantea con respaldo documental: ¿quién denuncia la corrupción dentro de la propia Contraloría? ¿Existe una «Alerta Segura» para eso, o esa dirección simplemente no está en el mapa?
El contexto que el discurso oficial omite
El contralor Geraldo Espinosa presentó la nueva plataforma como parte de «la visión de transparencia impulsada por el presidente Abinader». Esa narrativa choca frontalmente con el registro de los últimos cinco años. Según información publicada por N Digital y verificada por este medio, solo en 2025 y lo que va de 2026 se han producido al menos cuatro escándalos mayores de presunta corrupción dentro del propio gobierno, en instituciones bajo supervisión directa del Ejecutivo:
Operación Cobra / Senasa: Red criminal que, según las autoridades, presuntamente defraudó al Estado por más de RD$15,900 millones en el Seguro Nacional de Salud, con implicados cercanos al PRM, según reportó Diario Libre en diciembre de 2025.
Caso ITLA: Reportaje de N Investiga (enero 2026) reveló presuntos aportes salariales forzados de empleados para financiar un movimiento político del rector, quien fue destituido cinco días después de publicarse la investigación.
Caso FEDA: Documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados expusieron un esquema de clientelismo político con cuotas obligatorias y amenazas laborales para financiar «La Maquinaria del Cambio», según N Investiga (febrero 2026).
Narcotráfico en el PRM: Un regidor del Distrito Nacional fue suspendido del partido en noviembre de 2025 tras declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos de conspirar para traficar al menos cinco kilos de cocaína desde República Dominicana.
Operación Camaleón / Intrant: El colapso de 55 semáforos en agosto de 2024 destapó una red que presuntamente defraudó al Estado mediante contratos de modernización semafórica por RD$1,317 millones adjudicados de forma irregular. El exdirector Hugo Beras y 17 imputados más enfrentan cargos de estafa contra el Estado, desfalco y asociación de malhechores, según la Pepca.
Caso Inposdom: En octubre de 2021, tras un reportaje de la periodista Nuria Piera, el director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, fue investigado por presuntamente adjudicar un contrato fraudulento a la empresa internacional Mia Cargo. Fue destituido, pero dos años después seguía exigiendo públicamente que el Ministerio Público explicara los resultados de la investigación. Hasta la fecha, no hay condena.
Caso OGTIC / Bartolomé Pujals: El exdirector de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información se vio envuelto en al menos tres escándalos: la contratación de un gestor de redes por más de RD$6 millones para proyectos que nunca se ejecutaron, licitaciones cuestionadas y el alquiler de un edificio institucional a sobreprecio, según Listín Diario (septiembre 2025). Pujals fue posteriormente designado embajador ante la OACI.
A estos se suman casos anteriores: las irregularidades en Inposdom, el escándalo Camaleón en el Intrant —que llevó a prisión al exdirector Hugo Beras—, los señalamientos al exdirector de la OGTIC Bartolomé Pujals, y las irregularidades en el sistema de peajes «Paso Rápido», entre otros. El patrón no es de casos aislados: es una cadencia que ninguna plataforma tecnológica, por sí sola, interrumpe.
⚠️ La contradicción central: El gobierno que más ha pregonado la transparencia como bandera es el que, según el registro periodístico disponible, más casos de presunta corrupción interna ha acumulado en la historia reciente del país. El propio Abinader reconoció en diciembre de 2025, al referirse al caso Senasa, que su gobierno recibió «informaciones que generaron sospechas» y ordenó una investigación. Es decir: el mecanismo de control falló primero, y la reacción vino después, no al revés.
El espejo que la Contraloría no se pone
El discurso del contralor Espinosa estuvo íntegramente orientado hacia afuera: cómo supervisar mejor las otras instituciones del Estado, cómo detectar corrupción en los demás organismos, cómo fortalecer las auditorías internas de los ministerios. En ningún momento del acto se abordó la pregunta que debería ser la primera de todas: ¿está la Contraloría libre de irregularidades dentro de su propia casa?
No es una pregunta retórica. Según datos publicados por la propia Presidencia de la República en enero de 2025, de las 206 auditorías realizadas por la Contraloría entre 2023 y 2024, 33 habían sido completadas pero no publicadas. La institución informó que 39 estaban «listas para publicar» y 67 «en proceso», pero no explicó el criterio por el cual algunos informes terminados permanecen sin divulgar. ¿A quién protege el silencio sobre esas 33 auditorías? Nadie lo ha respondido.
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🔍 Las preguntas que nadie hizo en el acto de lanzamiento:
¿Existe algún mecanismo formal para que un empleado de la Contraloría denuncie irregularidades cometidas por sus propios superiores? Si «Alerta Segura CGR» recibe esas denuncias, ¿quién las investiga? ¿La misma Unidad Antifraude que reporta al contralor que, eventualmente, podría ser el denunciado? ¿O se necesita otra app para eso?
La arquitectura institucional de «Alerta Segura» no responde ninguna de estas preguntas. Un sistema anticorrupción que no contempla la corrupción dentro del propio órgano de control no es un sistema anticorrupción: es un sistema de vigilancia unidireccional.
No se trata de una sospecha sin base. La historia reciente de los órganos de control dominicanos ofrece precedentes concretos. La Cámara de Cuentas —el otro gran fiscalizador del Estado— acumuló durante la gestión 2021-2025 una lista de 13 faltas graves que incluyeron, según el informe de una comisión de diputados, ocultamiento de informes de auditoría, compras irregulares, nepotismo y presunta protección de intereses políticos. Sus miembros terminaron el período sin consecuencias penales. Si eso ocurrió en el órgano que audita las cuentas públicas, ¿hay alguna razón documentada para asumir que la Contraloría es estructuralmente diferente?
⚖️ El vacío de control sobre el controlador: La Contraloría es fiscalizada, en términos formales, por la Cámara de Cuentas. Pero ese mismo órgano acaba de salir de cuatro años de escándalos internos, y su nuevo pleno se estrenó en 2026 intentando aprobarse un aumento salarial de hasta 50% con carácter retroactivo —inconstitucional según el Art. 140 de la Carta Magna, según análisis de Diario Libre— antes de dar marcha atrás ante la presión pública.
El sistema de control dominicano se controla a sí mismo. Eso, por definición, no es un sistema de control.
La Cámara de Cuentas: el fiscalizador que tampoco se fiscaliza
Cualquier análisis serio del sistema de control dominicano es incompleto sin mencionar el estado de la Cámara de Cuentas. La gestión 2021-2025, presidida por Janel Ramírez, acumuló, según una comisión legislativa, 13 faltas graves, incluyendo el archivo de diez informes con hallazgos relevantes sobre instituciones públicas. La comisión recomendó un juicio político que nunca ocurrió. El Congreso de mayoría perremeísta votó a favor del pleno y aprobó una nueva ley institucional —la Ley 18-24— que algunos analistas interpretaron como una operación de encubrimiento legislativo, según reportó El Caribe.
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La nueva gestión, presidida por Emma Polanco desde abril de 2025, no llegó limpia de controversias. En marzo de 2026 se conoció la Resolución ADM-2026-017, mediante la cual los miembros del pleno habrían aumentado sus propias compensaciones hasta en un 50%, con carácter retroactivo a febrero del mismo año. La medida fue anulada ante la presión pública, pero el daño institucional ya estaba hecho. Polanco lo llamó «incentivo», no «aumento». Los dominicanos que reciben un salario mínimo de menos de RD$21,000 mensuales posiblemente entiendan esa distinción de manera diferente.
Lo que la Contraloría sí avanzó, y lo que no dice
Sería injusto ignorar los datos concretos que la institución presentó. Según cifras oficiales, las Unidades de Auditoría Interna pasaron de 197 en 2021 a 284 en la actualidad, el tiempo promedio de aprobación de libramientos se redujo de 9 a 3 días, y se habrían procesado más de RD$567,000 millones entre enero y abril de 2026. En 2025 se realizaron 184 auditorías, frente a 67 en 2024, según datos de Presidencia.
284
UAI activas hoy vs. 197 en 2021
184
auditorías en 2025 vs. 67 en 2024
33
auditorías completadas y no publicadas (2023–2024)
RD$15,900 M
presuntamente defraudados solo en Senasa (2025)
Pero la velocidad de procesamiento no equivale a integridad. La Contraloría aumentó sus auditorías en un 174% en un año, pero Senasa fue saqueada por más de RD$15,900 millones bajo su propio paraguas de supervisión. Esa sola cifra pone en perspectiva el valor real de los indicadores operativos que el gobierno celebra en sus comunicados.
Tampoco se abordó que «Alerta Segura CGR» fue desarrollada por Shogun, empresa privada contratada por el Estado, sin que la Contraloría haya hecho públicos hasta la fecha los términos del contrato ni el proceso de licitación. Una plataforma diseñada para detectar irregularidades contractuales del Estado, adquirida mediante un proceso que el propio Estado no ha transparentado. La contradicción no necesita subrayarse.
«Estamos construyendo una Contraloría moderna, enfocada en la prevención, en el fortalecimiento de los controles internos y en la supervisión eficiente de los recursos públicos, siempre en consonancia con la visión de transparencia impulsada por el presidente Luis Abinader.»
— Geraldo Espinosa, Contralor General de la República
Un contralor que enmarca su gestión «en consonancia» con la visión del presidente que en teoría supervisa no es un contralor independiente: es un funcionario alineado. La independencia institucional no es un detalle semántico: es el fundamento legal de cualquier órgano de control. Sin esa distancia, los informes de auditoría pueden convertirse en instrumentos selectivos. Ocurrió en la Cámara de Cuentas bajo el PLD. Nadie ha demostrado que no pueda repetirse.
Impacto ciudadano real
Para la ciudadanía, «Alerta Segura CGR» representa en teoría una herramienta concreta: un canal oficial para denunciar irregularidades de forma anónima y con trazabilidad. Eso, sobre el papel, es positivo. Pero los sistemas de denuncia sin protección jurídica robusta para el denunciante, sin independencia real del receptor y sin transparencia sobre el destino de cada caso, tienden a convertirse en repositorios de información sin consecuencias.
La Unidad Antifraude procesó en 2025 más de 40 requerimientos de investigación, según datos oficiales. No se informó cuántos derivaron en imputaciones ni cuántos en condenas. Sin esos datos, la plataforma nueva es una caja en la que la ciudadanía deposita denuncias sin saber qué ocurre adentro, quién las lee, bajo qué criterios se priorizan y, sobre todo, si alguna vez algún funcionario cercano al partido de gobierno ha sido investigado a partir de una denuncia ciudadana recibida por esa vía.
El gobierno dominicano lleva cinco años prometiendo un régimen de consecuencias. Los números que presenta son reales en términos operativos: más unidades de auditoría, más libramientos procesados, una nueva plataforma con respaldo del BID. Lo que no presenta —y es lo que la ciudadanía necesita— es una respuesta a la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué, con todo ese sistema de control supuestamente reforzado, el 2025 fue descrito como el «annus horribilis» del gobierno Abinader, con el mayor escándalo de corrupción institucional en memoria reciente ocurriendo dentro de una institución que la Contraloría supuestamente supervisaba? La Contraloría mira hacia afuera con una app nueva, un plan de transformación y financiamiento del BID. Pero no ha explicado qué mecanismo existe para mirar hacia adentro, para que un funcionario de la propia institución pueda denunciar a su jefe, para que las 33 auditorías terminadas y no publicadas vean la luz, para que la ciudadanía sepa quién controla al controlador. Hasta que esas preguntas tengan respuesta concreta y verificable, «Alerta Segura» seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa tecnológica útil para los demás. En el peor, un instrumento que mira en una sola dirección: la que el poder decide.
