Google modificará a partir del 30 de agosto su política contra el spam en Europa para evitar que determinadas medidas aplicadas a sitios web puedan derivar en nuevas sanciones por parte de los reguladores de la Unión Europea. La decisión se produce después de que la Comisión Europea expresara preocupación por el impacto que la política de Google estaba teniendo sobre medios de comunicación y otros editores digitales.
La compañía estadounidense, perteneciente a Alphabet, se encontraba bajo el escrutinio de las autoridades europeas debido a su política denominada »site reputation abuse», diseñada para combatir una práctica conocida como »SEO parásito». Esta estrategia consiste en publicar páginas o contenidos de terceros dentro de un sitio web con el objetivo de aprovechar la autoridad y las señales de posicionamiento del dominio anfitrión para mejorar artificialmente la visibilidad de esos contenidos en los resultados de búsqueda.
Google considera esta práctica una forma de manipulación de sus sistemas de clasificación y, hasta ahora, podía aplicar acciones manuales contra los sitios que identificara como responsables de este comportamiento. Entre las consecuencias se encontraba una reducción de la posición de determinadas páginas o contenidos dentro de los resultados de Google Search.
Sin embargo, la Comisión Europea determinó que la aplicación de esta política podía perjudicar de manera indirecta a medios de comunicación y otros editores legítimos. Según el organismo europeo, su seguimiento de la política mostró que Google estaba rebajando la visibilidad de sitios web y contenidos pertenecientes a medios y otros publishers cuando estos alojaban material proporcionado por socios comerciales.
La preocupación de Bruselas surgió después de que varios editores presentaran quejas sobre la manera en que Google aplicaba las reglas contra el abuso de reputación de sitios. El conflicto terminó provocando que la Comisión Europea iniciara una investigación bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA)la legislación europea diseñada para limitar el poder de las grandes compañías tecnológicas y promover una mayor competencia en los mercados digitales.
Como respuesta, Google anunció que modificará el alcance territorial de las medidas. Desde el 30 de agosto, cualquier acción manual utilizada para rebajar la posición de un sitio web debido a esta política no se aplicará a los usuarios ubicados en los 27 países miembros de la Unión Europea, así como en Islandia, Noruega y Liechtenstein, todos ellos pertenecientes al Espacio Económico Europeo.
La compañía aclaró que la modificación estará limitada al Espacio Económico Europeo. Fuera de esa región, la política contra el »abuso de la reputación del sitio» continuará aplicándose sin cambios.
La Comisión Europea recibió positivamente el anuncio. Thomas Regnier, portavoz del organismo, afirmó que Bruselas daba la bienvenida a la eliminación de la política en cuestión, argumentando que había penalizado injustamente a publicadores y a otros usuarios empresariales del buscador de Google.
Regnier sostuvo que la intervención europea había permitido conseguir un cambio significativo en la manera en que Google gestiona los contenidos de terceros. Según el portavoz, gracias al DMA, Google Search dejará de rebajar la posición de publicaciones de prensa simplemente por alojar contenido procedente de terceros.
No obstante, la Comisión Europea no considera cerrado el asunto. El organismo anunció que continuará supervisando cómo Google implementa la nueva política para comprobar que sus prácticas sean compatibles con las obligaciones establecidas por el Ley de Mercados Digitales.
El caso representa otro episodio de la creciente presión regulatoria europea sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Bruselas ha utilizado el DMA para establecer obligaciones específicas destinadas a compañías consideradas »gatekeepers», es decir, empresas con una posición especialmente relevante como intermediarias entre consumidores y otros negocios digitales.
El incumplimiento de las disposiciones del DMA puede tener consecuencias financieras importantes. La legislación permite a la Comisión Europea imponer multas de hasta el 10% de la facturación anual global de una empresa que infrinja sus disposiciones. En determinados casos de reincidencia, las autoridades europeas cuentan además con herramientas adicionales para aumentar la presión sobre las compañías.
Para Google, el cambio anunciado permite reducir el riesgo de que la disputa sobre su política de spam desemboque en una sanción antimonopolio bajo el marco europeo. Al mismo tiempo, la modificación refleja las crecientes tensiones entre las reglas utilizadas por las grandes plataformas para combatir la manipulación de sus sistemas y las exigencias de los reguladores europeos para proteger a medios, »publishers» y otros negocios que dependen de su visibilidad en internet.
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