El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de la provincia de Córdoba, continúa generando repercusiones que trascienden el ámbito judicial. En las últimas horas, el intendente Daniel Passerini anunció una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre el personal municipal luego de que se conociera que Claudio Barrelierseñalado como el principal acusado del crimen, se desempeñaba en un área de tránsito de la Municipalidad.
La iniciativa contempla la ampliación de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad de los empleados municipalesuna exigencia que hasta ahora alcanzaba únicamente a funcionarios y cargos jerárquicos.
El proyecto será enviado al Concejo Deliberante en la próxima sesión y busca establecer nuevos requisitos tanto para el ingreso como para la permanencia dentro de la administración pública local.
La medida fue impulsada tras revelarse que Barrelier había ingresado a la estructura municipal con el respaldo del entonces concejal peronista Ricardo Moreno.
Según trascendió, el dirigente no solo habría gestionado su incorporación al municipio, sino que además lo defendió legalmente en una causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad.
La situación generó un fuerte impacto político debido a la relación entre el acusado y un referente del mismo espacio político que gobierna la ciudad.
A partir de allí comenzaron los cuestionamientos sobre los mecanismos de control existentes al momento de incorporar personal a la administración municipal y sobre la ausencia de verificaciones más exhaustivas.
¿Qué cambios propone la Municipalidad?
Passerini anunció que buscará equiparar las exigencias para todos los trabajadores municipales.
De aprobarse la ordenanza, ningún empleado podría ingresar o permanecer en funciones sin presentar antecedentes penales actualizados y someterse a controles similares a los que actualmente se exigen a los funcionarios.
La medida apunta a reforzar los mecanismos de prevención y evitar que personas con antecedentes incompatibles con la función pública puedan desempeñarse dentro de la estructura estatal.
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La polémica situación de Ricardo Moreno
Tras conocerse la vinculación entre Moreno y Barrelier, Passerini le solicitó públicamente la renuncia a su banca en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el dirigente rechazó el pedido.
Frente a esa situación, el Partido Justicialista impulsó una estrategia alternativa para desplazarlo.
La clave estuvo en el regreso de Raúl La Cava al Concejo Deliberante. El dirigente había solicitado licencia para ocupar el cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano dentro del Ejecutivo municipal.
Mediante una carta enviada al viceintendente Javier Pretto, anunció su retorno al cuerpo legislativo y su salida del gabinete municipal. Como Moreno ocupaba una banca debido a la licencia de La Cava, el regreso del funcionario provocó automáticamente la pérdida de su escaño.
La oposición también reaccionó con dureza ante el caso. Uno de los dirigentes que cuestionó públicamente a Moreno fue el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien vinculó la situación con la defensa legal ejercida por el concejal.
«El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras«, sostuvo.
