El Arte de Hacer Pagar al Pueblo lo que el Gobierno No Supo Prever

Columna de Opinión · Política Económica

El discurso presidencial del 22 de marzo de 2026 sobre el alza de los combustibles fue un ejercicio magistral de retórica institucional: sereno en las formas, evasivo en el fondo y, en última instancia, una declaración de que el costo de la imprevisión gubernamental lo pagarán las familias dominicanas. Este análisis desmonta, cifra por cifra y argumento por argumento, la narrativa oficial.

Escuché el discurso del primer mandatario este domingo con la atención que exige cualquier comunicado de Estado que toca el bolsillo de millones de dominicanos. Y lo que encontré, más allá de la cadencia medida y la selección cuidadosa de palabras, fue un relato construido sobre una premisa que la ciudadanía merece cuestionar con firmeza: que el alza en los precios de los combustibles es una consecuencia inevitable del mundo, no una consecuencia previsible de una gestión económica que llegó al momento con un presupuesto elaborado a ciegas.

Permítanme ser directo desde el principio, porque este espacio no existe para aplaudir ni para insultar, sino para pensar en voz alta con los datos sobre la mesa. Los combustibles no subieron de precio esta semana porque un conflicto estalló en el Medio Oriente de forma inesperada. El estrecho de Ormuz no es un descubrimiento geopolítico de 2026. Las tensiones en el Golfo Pérsico son parte de un escenario que analistas de riesgo, organismos internacionales y cualquier técnico de planificación energética mínimamente competente tiene en su radar desde hace décadas. Entonces, ¿cómo se elaboró el presupuesto 2026 con el barril de petróleo a 65 dólares?

«El presupuesto para el año 2026 se realizó con un petróleo a 65 dólares por barril», admitió el propio presidente. Hoy ese barril ronda los 100 dólares. Y esa diferencia la pagamos usted y yo.

La pregunta no es retórica. Es el nudo central de este análisis. Cuando el propio presidente reconoce, con toda la serenidad que le caracteriza, que el presupuesto se hizo con el barril a 65 dólares y que hoy ese barril se acerca a los 100, está confesando, sin decirlo explícitamente, que la planificación oficial fue insuficiente para un escenario que el mercado de futuros ya anticipaba. Los combustibles son, quizás, el rubro más monitoreado, analizado y proyectado por cualquier gabinete económico en el mundo. Errar en esa cifra no es mala suerte; es imprevisión. Y la imprevisión tiene consecuencias.

RD$ 11500 MSubsidio a combustibles en 2025 Según el propio discurso presidencial, el Estado subsidiό los combustibles por esa cifra en 2025. A eso se suman 105,000 millones de pesos a la electricidad. En lo que va de 2026, ya van 4,000 millones en subsidio a combustibles. El gasto existe. La pregunta es quién diseñó un presupuesto que no lo contemplaba con suficiencia.

Confieso que el pasaje que más me produjo incomodidad fue la referencia al «sacrificio compartido». Es una frase con una larga y poco honrosa historia en el vocabulario del poder latinoamericano. Siempre se convoca cuando el ajuste lo sufre el de abajo. El presidente anunció con visible satisfacción que el gobierno ha identificado 10,000 millones de pesos en partidas reasignables sin aumentar el gasto total. Bien. Aplaudamos la contención. Pero a continuación, sin parpadear, anunció también un ajuste en los combustibles —gasolinas y gasoil— de entre 5.2% y 6.7%, que permitirá «reducir el subsidio en al menos 12,000 millones de pesos». Es decir: el Estado ahorra más de lo que reasigna, y el diferencial sale del bolsillo del conductor, del dueño del colectivo, del empresario de transporte que trasladará ese costo al pasaje, que terminará en el costo de vida de una familia que ya arrastra meses difíciles.

A eso se le llama, en el manual de la tecnocracia elegante, «ajuste gradual responsable». Yo prefiero llamarlo como lo siente el ciudadano en la bomba de gasolina: una transferencia del costo de la imprevisión gubernamental al consumidor final. Y los combustibles, en una economía tan dependiente del transporte terrestre como la dominicana, no son un bien de lujo. Son el nervio de la cadena productiva. Su precio impacta el pan, el plátano, la medicina, el pasaje del estudiante. Decir que el ajuste es «gradual» y «parcial» no alivia al chofer de concho que llena el tanque cada dos días.

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Escuché también la mención a las reservas internacionales que «superan los 16,000 millones de dólares» y al acceso robusto a financiamiento internacional. Lo escuché con el mismo cuidado con que se escucha a alguien que, al decirte que su casa está bien, omite que el techo lleva semanas con goteras. Las reservas son una buena noticia estructural, no un argumento para el ciudadano que este lunes debe decidir si llena el tanque o paga la electricidad. La solidez macroeconómica y el estrés del hogar de ingresos medios o bajos no viven en el mismo universo emocional ni, con frecuencia, en el mismo universo estadístico.

Hay otra omisión que no debo pasar por alto: el discurso elogió la «diversificación de la matriz energética» y el avance de las energías renovables como escudo ante la volatilidad del mercado petrolero. Pero aquí surge una pregunta incómoda que el documento presidencial no responde: ¿cuántos años llevamos escuchando ese mismo compromiso? ¿Cuál es el porcentaje real de energía renovable en la matriz eléctrica dominicana hoy? ¿Por qué, si esa transición energética es una prioridad declarada de este gobierno desde 2020, los combustibles fósiles siguen siendo el talón de Aquiles de la economía? La respuesta no está en el estrecho de Ormuz. Está en la velocidad a la que se ha ejecutado —o no se ha ejecutado— esa transformación que el país necesita y que el discurso convierte en promesa perpetua.

Un gobierno que lleva seis años prometiendo transición energética y aún depende al cien por ciento de las importaciones de combustibles no puede pedirle al pueblo «serenidad» ante el alza, sin antes ofrecer una rendición de cuentas sobre lo que no se hizo.

Reconozco que hay en el discurso presidencial elementos de racionalidad técnica que no debo ignorar. El subsidio al GLP se mantiene intacto, protegiendo a los hogares más vulnerables que cocinan con gas licuado. El subsidio a los fertilizantes por 1,000 millones de pesos busca evitar que el costo agropecuario se traslade a la mesa de los dominicanos. Esas son decisiones correctas y merecen ser reconocidas. Pero la honestidad analítica exige también señalar que el modelo de subsidio reactivo —encender el grifo cuando el precio sube y cerrarlo parcialmente cuando el fiscal aprieta— no es una política energética. Es gestión de emergencias disfrazada de planificación.

100% Dependencia energética de importaciones «La República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume. No fijamos esos precios, los recibimos.» Esa es la confesión más reveladora del discurso. Después de seis años de gobierno, esa realidad estructural sigue igual. Y eso sí es responsabilidad doméstica, no culpa del estrecho de Ormuz.

El presidente invoca la pandemia, la crisis logística global y la guerra en Europa como precedentes superados. «En cada uno de esos momentos difíciles, la República Dominicana resistió», dice. Y es cierto. Pero hay una diferencia fundamental: aquellos choques llegaron de manera abrupta y sin posibilidad razonable de anticipación. El conflicto en el Golfo Pérsico y su impacto sobre los combustibles es un escenario que los mercados de futuros, las agencias de calificación y los propios modelos del Ministerio de Hacienda debieron haber incorporado en sus sensibilidades presupuestarias. No hacerlo no es un error del mundo; es un error de previsión local.

Me quedo también pensando en la frase «el mayor riesgo no es realizar ajustes responsables en el presente, sino posponer decisiones y enfrentar costos mucho mayores en el futuro». La comparto en su lógica abstracta. Pero aplicada a esta coyuntura, suena a justificación circular: el gobierno no previó con suficiencia, el ajuste llega ahora, y al ciudadano se le pide entender que no había alternativa. La pregunta que esa lógica evade es: ¿qué decisiones se pospusieron durante los últimos años que habrían reducido nuestra exposición ante exactamente este tipo de choque? La respuesta a esa pregunta es la verdadera rendición de cuentas que el discurso no ofrece.

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Porque si de algo estoy convencido, después de escuchar este discurso con atención y analizarlo con los datos que el propio presidente puso sobre la mesa, es de que la República Dominicana tiene un problema que ningún subsidio temporal resuelve: la ausencia de una política energética de largo plazo que reduzca estructuralmente nuestra dependencia de los combustibles importados. Cada vez que el Golfo Pérsico tiembla, temblamos nosotros. Cada vez que el barril sube, el presupuesto queda corto. Y cada vez que eso pasa, alguien sale a hablar de «sacrificio compartido» mientras el ajuste lo termina absorbiendo el mismo de siempre.

Dicho todo esto, me permito cerrar con una reflexión que va más allá de la indignación inmediata. Un gobierno que comunica bien sus decisiones —y este lo hace con notable eficacia— tiene la obligación adicional de comunicar también sus errores. No basta con aparecer en cadena para explicar el ajuste; hace falta aparecer también para explicar por qué el presupuesto subestimó el precio del barril en una tercera parte, qué mecanismos de alerta temprana fallaron y qué garantías concretas, más allá de las palabras, ofrece el Estado para que este tipo de exposición no se repita. La serenidad presidencial puede ser una virtud. Pero cuando esa serenidad no va acompañada de autocrítica, se convierte en un escudo retórico detrás del cual la incapacidad de previsión queda impune. Y eso, señores, no es lo que el pueblo dominicano merece de quienes lo gobiernan.

El pueblo dominicano es, en efecto, resiliente. Lo ha demostrado una y otra vez. Pero la resiliencia ciudadana no puede seguir siendo el plan de contingencia de un Estado que no planificó. Los combustibles no son un tema técnico para dejar en manos de expertos en una sala de crisis. Son el termómetro del costo de vida. Y cuando ese termómetro sube, no por capricho del mercado sino por imprevisión del Estado, la ciudadanía tiene no solo el derecho, sino la obligación cívica de preguntar: ¿quién responde por esto?