Teletrabajo como parche: Luis Abinader propone trabajo remoto ante crisis externa

Hay momentos en que una declaración presidencial, por sí sola, retrata con más honestidad que cualquier encuesta el abismo que separa a quienes gobiernan de quienes son gobernados. Uno de esos momentos ocurrió cuando el presidente de la República, ante la escalada del conflicto en Irán y sus posibles repercusiones sobre la economía dominicana, ofreció como medida de protección laboral la siguiente recomendación: que las empresas adopten esquemas de teletrabajo. Con esa sencillez. Con esa desparpajada ligereza. Como quien sugiere abrir una ventana cuando hace calor. Pero en este país, abrir esa ventana es un privilegio que la mayoría no tiene, y yo, como comunicador social que lleva años documentando las brechas entre el discurso oficial y la realidad que vive la gente, no puedo dejar pasar este momento sin nombrarlo con todas sus letras.

Seré directo: la sugerencia de recurrir al teletrabajo como respuesta a un conflicto geopolítico de consecuencias todavía inciertas sobre nuestra economía no es una política pública. Es, en el mejor de los casos, un consejo pensado para una fracción del mercado laboral dominicano que ya podía trabajar de manera remota antes de que nadie le dijera nada. Y en el peor, es la confirmación de que quienes toman las decisiones en este país piensan el trabajo dominicano en términos de oficinas con conexión a internet, cuando la realidad es que la economía dominicana se mueve, sobre todo, con las manos.

El trabajo remoto no es una política nacional: es un privilegio de clase

Pensemos, por un momento, en la arquitectura real del empleo en este país. El turismo —que representa una parte sustancial del PIB y emplea a cientos de miles de dominicanos— no puede hacerse desde una computadora portátil. El botones del hotel no puede dar la bienvenida al turista vía Zoom. La camarera no puede tender las camas de forma remota. El cocinero no puede preparar el desayuno del resort desde su apartamento en Los Guaricanos. La manufactura ligera, que emplea a decenas de miles en las zonas francas del país, tampoco admite el teletrabajo: una máquina de coser no se opera por control a distancia. La construcción —ese motor silencioso que mantiene ocupada a una enorme porción de la fuerza laboral del país— requiere presencia física por definición. Y el comercio informal, que sostiene a una porción mayoritaria de la economía popular, funciona en la calle, en el mercado, en la esquina.

Según datos del Banco Central y el Ministerio de Trabajo, la economía dominicana tiene una tasa de informalidad laboral que oscila entre el 55% y el 60% de la población ocupada. En ese universo, la mayoría trabaja sin contrato formal, sin seguridad social completa y, por supuesto, sin las condiciones tecnológicas que exige el teletrabajo. A eso hay que añadir que, según estimaciones del INDOTEL, alrededor del 47% de los hogares dominicanos no cuenta con acceso a internet fijo de banda ancha, lo cual hace que el trabajo remoto sea estructuralmente imposible para casi la mitad del país, incluso antes de analizar si su tipo de empleo lo permite.

¿Para quién habla, entonces, el presidente cuando habla de teletrabajo? Habla, en rigor, para el segmento de la economía formal que ocupa posiciones administrativas, técnicas o de servicios profesionales con acceso a equipos digitales y conexión a internet estable. Habla para los contadores, los abogados corporativos, los diseñadores, los analistas de datos, los ejecutivos de empresas medianas y grandes. Es decir, habla para el sector que ya tenía esa opción y que, en muchos casos, la adoptó desde la pandemia de COVID-19. El consejo llegó tarde y sobró para quienes podían aprovecharlo. Y para quienes no podían, simplemente no llegó.

El mapa mental de un gobierno que no conoce su propia nación

Lo más grave de esta declaración no es que ignore la realidad del mercado laboral dominicano —aunque eso ya sería suficientemente grave. Lo más preocupante es lo que revela sobre el modelo de gestión de crisis que tiene este gobierno. Ante una amenaza externa real —el conflicto en Irán, con sus posibles efectos sobre los precios del petróleo, los fletes marítimos y las cadenas de importación de las que la economía dominicana depende de forma crítica— la respuesta oficial fue un consejo empresarial de segunda mano.

No hubo anuncio de fondos de contingencia. No hubo activación de reservas estratégicas de combustibles. No hubo convocatoria urgente al sector productivo para diseñar un plan de respuesta coordinado. No hubo comunicado técnico explicando el estado de las reservas internacionales ni los mecanismos de estabilización disponibles. Hubo una sugerencia. Una recomendación. Un «pueden hacer esto». Como si gobernar en tiempos de incertidumbre fuera cuestión de dar tips de productividad en una charla de LinkedIn.

Yo me pregunto —y le pregunto al lector que me acompaña— si alguna vez se ha imaginado que el Estado dominicano, ante una crisis del petróleo que podría encarecer el gasoil un 30%, le responde al chofer de concho que trabaje desde casa. O le dice al ebanista de Villa Mella que monte su taller virtual. O le sugiere a la señora que vende pollo asado en la calle que abra un negocio en línea. El absurdo es tan evidente que duele. Y duele más porque se dijo en serio, desde el más alto nivel del Ejecutivo, sin que nadie en la cadena de asesores levantara la mano para decir: «Señor presidente, quizás esto no aplica para la mayoría del país.»

Lo que un gobierno serio hace ante una crisis externa

No le pido al Estado que detenga los conflictos internacionales. Entiendo que la geopolítica no se negocia desde Santo Domingo. Pero sí le exijo —y uso ese verbo con toda la intención— que cuando esos conflictos amenazan con afectar la vida de millones de dominicanos, responda con la seriedad que el momento exige.

Le exijo que active los instrumentos que el propio Estado construyó para exactamente estas situaciones: fondos de estabilización, reservas estratégicas, líneas de crédito contingente con organismos internacionales, mesas de trabajo con los sectores productivos afectados. Le exijo que antes de salir a recomendar teletrabajo, le explique al agricultor del Cibao qué va a pasar con su trabajo si el conflicto en Irán encarece los fertilizantes importados. Le exijo que le diga a la dueña de la pequeña ferretería del mercado municipal qué hará el Estado si los fletes marítimos se disparan y sus proveedores le aumentan los precios de golpe.

El teletrabajo no es un plan de contingencia nacional. Es, a lo sumo, una herramienta útil para un segmento específico del mercado laboral en circunstancias normales. Convertirlo en la respuesta pública ante una crisis internacional no es solo un error técnico: es una declaración involuntaria sobre a quiénes ve este gobierno cuando mira a la República Dominicana.

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La brecha que nadie en el gobierno quiso nombrar

El teletrabajo en la estructura económica dominicana es un marcador de clase. Tiene acceso a él quien trabaja en sectores formales con alta conectividad y baja necesidad de presencia física. Es decir: una minoría calificada con estabilidad laboral, acceso a dispositivos y ancho de banda suficiente. Hablar de teletrabajo como respuesta de política pública sin nombrar esa brecha no es solo un error técnico. Es una forma de invisibilizar a la mayoría trabajadora del país: aquella que cobra por semana, que trabaja de pie, que no tiene cómo trasladar su empleo a la pantalla de un celular con datos móviles insuficientes.

Esa invisibilización no es nueva. Es estructural. Pero cuando se manifiesta en una declaración presidencial durante una crisis, adquiere una dimensión diferente: deja de ser solo un problema de representación simbólica y se convierte en una falla concreta de política pública. Porque si el gobierno no ve a la mayoría trabajadora cuando diseña sus respuestas de emergencia, esa mayoría queda desprotegida en el momento más crítico.

Y eso, hay que decirlo con claridad, es una forma de abandono institucional. No intencional, quizás. Pero abandono al fin.

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En definitiva: gobernar para todos implica ver a todos

Hay una frase que los comunicadores sociales repetimos hasta el hartazgo porque sigue siendo verdad: un gobierno que no conoce a su pueblo no puede gobernarlo bien. Y cuando el más alto funcionario del Estado sugiere el teletrabajo como escudo ante una crisis internacional en un país donde la mayoría trabaja con las manos, lo que se revela no es solo ignorancia estadística. Se revela el mapa mental con el que se gobierna: un mapa donde los dominicanos que importan son los que tienen laptop.

Esta columna no es un ataque a la figura presidencial por el simple placer de la crítica. Es una exigencia legítima de coherencia entre el discurso y la realidad. Es una invitación —urgente, necesaria— a que quienes ejercen el poder salgan del círculo cerrado de asesores, ejecutivos y tecnócratas, y le pregunten al país real qué necesita cuando el mundo se complica. Que le pregunten al conserje, al mecánico, al vendedor ambulante, a la empleada doméstica, qué significa para ellos una crisis del petróleo. Que escuchen esa respuesta. Que la conviertan en política pública. Que gobiernen para todos.

Mientras eso no ocurra, el teletrabajo seguirá siendo lo que es hoy: un parche de clase aplicado sobre una herida que requiere cirugía de Estado.

Los demás que se arreglen. O, en el mejor de los casos, que busquen el WiFi.