Coordinador del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida dice explotación Mina Romero: es caso cerrado

SANTO DOMINGO, RD.- El coordinador del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida dejó en claro que para los moradores de la provincia de San Juan el tema de la explotación de la mina de oro que se encuentra en la comunidad de Hondo Valle (Romero) es un caso cerrado, y solo están a la espera de que el presidente Luis Abinader le dé un carácter normativo a la disposición de paralizar los trabajos que realizaba la empresa GoldQuest.

El sociólogo Manuel Matos advirtió que dicho movimiento se mantiene unido y vigilante, no solo para evitar actividades mineras en la zona que ha generado todos los conflictos, sino en contra de la explotación de cualquier yacimiento en la Cordillera Central, por ser el lugar donde nacen las principales fuentes acuíferas de la República Dominicana.

Matos, quien además es productor agrícola, acusó a los ejecutivos de la minera GoldQuest de mentirle a San Juan y al país desde que mostraron su interés de explotar el yacimiento minero, al decir que en sus trabajos no iban a dañar el río porque estaban a una distancia prudente y que no usarían agua de dicha fuente para procesar el oro, lo cual resulta inverosímil estando a orillas de ese torrente acuífero.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el activista comunitario dijo que ese fue el primer pecado capital de dicha compañía, por lo que, de inmediato, el movimiento que coordina entró en pie de lucha, acudiendo primero a los tribunales, hasta llegar al Tribunal Constitucional, donde tuvieron ganancias de causas, pero luego recurrieron a la movilización del pueblo, cuando la empresa y el gobierno desconocieron esas decisiones judiciales.

El activista comunitario rechazó las críticas que han salido de sectores mediáticos, funcionarios del gobierno y grupos corporativos, en el sentido de que no se ha permitido que la ciencia hable, y recordó que tanto la Academia de Ciencia, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un científico de los Estados Unidos se pronunciaron en contra de dicha explotación minera por el peligro que representaba para el río San Juan, la vida de la provincia y de la región suroeste.

“Para nosotros ese es un tema cerrado, tenemos 14 años en este esfuerzo. ¿La ciencia que demandan esos sectores es la misma que facilitó la construcción de un misil disparado contra Irán que mató a 168 niñas en un colegio? Esa es la misma ciencia que nos quieren aplicar a nosotros en San Juan; ellos no promueven la ciencia para el desarrollo y el progreso, quieren la ciencia para destruir los recursos naturales y la calidad de vida de los sanjuaneros”, sentenció.

Sobre el diálogo que propongan autoridades y grupos empresariales, Manuel Matos respondió: «¿Ahora quieren diálogo, después de 14 años nosotros exigiendo ese diálogo?» Por la motivación que llevó al presidente a paralizar eso, yo creo que esa decisión del mandatario debe ser más extensiva”.

“Hay que sacar definitivamente todas esas concesiones de exploración minera que están, precisamente, donde se producen todas las aguas del suroeste; le hacemos un vehemente llamado al presidente de la República que mantenga con firmeza esa decisión, y que le dé carácter de ley, para que en el futuro no vengan otros aventureros para querer incursionar en nuestra fuente de producción de agua”, exigió el profesional de la sociología.

Matos calificó como risible la relatoría que hizo GoldQuest de que al hacer una explotación soterrada no causaría daños como sucede con la minería de cielo abierto. “Los principales yacimientos están a orilla del río San Juan, y hacer un túnel de 500 metros; habría que preguntar dónde van a depositar los millones de toneladas de tierras y rocas que extraerán de esas perforaciones”.

Sobre las críticas de quienes favorecen la explotación de la mina, en el sentido de que el tema se politizó, el dirigente comunitario dijo que con eso se busca desacreditar el movimiento, y aclaró que el nivel de rechazo de los sanjuaneros a esa iniciativa es alrededor de un 90%.

Dice que San Juan requiere dos presas adicionales y un sistema de riesgo presurizado

Más que explotación minera que dañe sus aguas, la provincia de San Juan lo que necesita es la construcción de dos nuevas presas y la implementación de un sistema de riego presurizado que optimice el uso del líquido, considera el productor agrícola Manuel Matos.

Nosotros hemos venido exigiendo que se creen sistemas de riego presurizados para optimizar el agua en un cien por ciento, pero además garantiza que la tecnología llegue al cultivo a través del agua, con lo cual se obtiene mayor producción y mejor rentabilidad. Hacemos ese requerimiento para las zonas de mayor escasez del agua, pero también la construcción de dos nuevas presas que se alimentarían con las aguas de los ríos Artibonito y Mijo”, reclamó Matos.

El coordinador del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida recordó que la zona de mayor precipitación de San Juan es en la cordillera donde nace el río Mijo, y una de las presas se construiría en un lugar que se llama Cativo, y hace tiempo se ha venido reclamando la construcción de la misma.

“Si logramos eso, San Juan puede convertirse en la zona más productiva del país; con esas dos presas podríamos adicionar más de 200 mil tareas a la producción agropecuaria, porque el valle de San Juan se extiende hasta la provincia de Comendador, con una llanura fértil, pero no tiene agua”, argumentó Matos.

El dirigente comunitario indicó que eso sería un aporte extraordinario para lograr y asegurar la soberanía alimentaria del pueblo dominicano; esa es otra de las metas que los dominicanos están compelidos a promover.

Además de la producción agropecuaria, con las aguas de la provincia de San Juan están funcionando seis hidroeléctricas que producen 150 megavatios.

Advierte próxima lucha en San Juan será por el pago de RD$600 millones que adeuda el gobierno a los productores

La próxima lucha que se librará en San Juan de la Maguana será en demanda del pago de RD$600 millones a productores y tractoristas de esa provincia, advirtió el coordinador del Movimiento Soroeste Unido por el Agua y la Vida, Manuel Matos.

Matos recordó que San Juan produce la mayor cantidad de habichuelas, la cual no solo sirve para el consumo, sino que abastece al Ministerio de Agricultura de las semillas que se usan para la siembra de esa leguminosa en el resto del país.

“Puedo decir que por esa compra que hace el Ministerio de Agricultores, tanto del 2022 como del 2023, el gobierno le debe a los productores RD$230 millones, solo de las cosechas de esos dos años; ya se pueden imaginar lo que significa para un agricultor haber tomado dinero prestado para hacer la siembra, y que tres años después no haya podido cobrar su dinero”, deploró el productor agrícola.

Agregó que esa deuda que tiene el Ministerio de Agricultura debe ser saldada de inmediato por el gobierno. “Pero además de eso, a los dueños de equipos y maquinarias agrícolas el gobierno les debe más de RD$100 millones por concepto de preparación de terrenos. Las autoridades ahora alegan que no se realizó una licitación; sin embargo, ese no es problema de quien ofreció el servicio, sino que se trata de una gran irresponsabilidad del pasado ministro de Agricultura, Limbert Cruz”.

Usaron tractores que consumían combustibles; también tenían que pagarles a los operadores, y estamos hablando de una deuda que ya tiene cuatro años. Igual ha sucedido con los productores de cebollas, que la cosecha coincidió con una masiva importación del producto, y para mitigar esa situación el Ministerio de Agricultura ofreció compensarlos con mil pesos por quintal, e igual se han negado a saldar ese compromiso financiero”, censuró Manuel Matos.

Sostuvo que en esos tres sectores el gobierno le adeuda cerca de RD$600 millones al aparato productivo de San Juan, lo que trae como consecuencia un incremento de la pobreza, ya que cuando el productor se atrasa por cuatro años con un crédito, al recibir el pago tiene que dedicarlo en su totalidad a saldar los intereses, porque más del 60% del crédito agrícola en San Juan es con el sector informal, con interés que oscila entre un 5 y un 10% mensual.

“Nosotros hemos estado esperando, porque ya se ha conversado con el ministro Administrativos, Andrés Bautista, para que resuelva eso; si no, eso va a traer conflictos de magnitudes que el gobierno no tiene idea hasta dónde puede llegar, porque en la medida en que los dueños de los equipos agrícolas bloqueen todas las vías de San Juan, sería un elemento nocivo para la comunidad y la región”, alertó el activista social.