La República Dominicana tiene playas que figuran en los rankings del Caribe, pero también tiene litorales que se desmoronan sin que ningún bulldózer haya llegado todavía. El Ministerio de Turismo (Mitur) anunció la contratación de servicios de diseños ejecutivos costero-marinos, ordenamiento territorial y planificación turística para 14 playas en ocho provincias, con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La noticia es real. El problema también: estamos ante estudios previos, no ante intervenciones físicas. Ante diagnósticos, no ante soluciones. El país lleva años produciendo documentos técnicos de calidad sobre sus costas; lo que escasean son los metros cuadrados restaurados.
El inventario de lo que se planifica, pero aún no se toca
Según información recabada sobre el proceso licitatorio, el Programa de Gestión Costera Sostenible —financiado con recursos del BID— contempla estudios y diseños para las siguientes playas: Guayacanes, Caribe y Juan Dolio (San Pedro de Macorís); Buen Hombre (Montecristi); Bayahíbe y Bayahíbe-Dominicus I y II (La Altagracia); Cabarete y Long Beach-Malecón (Puerto Plata); Rincón, Las Galeras y Cayo Levantado (Samaná); Bahía de las Águilas y Malecón de Pedernales (Pedernales); y Playa Esmeralda (El Seibo).
El alcance del proyecto incluye elaboración de estudios previos, análisis ambientales y sociales, propuestas de ordenamiento territorial turístico y criterios de adaptación climática. El objetivo declarado es dotar al país de herramientas técnicas para enfrentar la erosión costera, la presión urbanística y los efectos del cambio climático sobre los principales activos turísticos nacionales.
Todo eso suena bien sobre el papel. Y de hecho, en términos de diseño de política pública, la iniciativa tiene mérito técnico. El problema es lo que no dice el comunicado oficial: ¿cuándo se ejecutan las obras? ¿Con qué presupuesto? ¿En qué plazo? ¿Qué mecanismo garantiza que estos estudios no terminen archivados como tantos antes?
Entre el anuncio y la arena, hay un abismo
La planificación costera sostenible es, en teoría, el paso correcto antes de intervenir. Nadie cuerdo defiende obras sin estudios previos. Pero en el contexto dominicano, el historial institucional obliga a calibrar el entusiasmo.
El Ministerio de Turismo lleva su segundo mandato consecutivo bajo la gestión del ministro David Collado, con un perfil de alta visibilidad comunicacional y cifras récord de llegadas de turistas. Sin embargo, de acuerdo con fuentes del sector, esa gestión ha sido más eficaz en la promoción internacional que en la transformación física de los destinos emergentes. Pedernales es el caso más citado: un proyecto de desarrollo turístico anunciado con bombos desde 2021 que avanza a ritmo desigual, con infraestructura básica aún incompleta en varias zonas.
Montecristi, El Seibo y Samaná —tres de las ocho provincias incluidas en este programa— acumulan décadas de diagnósticos y escasa inversión pública sostenida. Que aparezcan en una licitación de estudios en 2026 genera dos lecturas posibles: o el Estado finalmente está construyendo la base técnica para intervenir en serio, o está produciendo más documentos que alimentarán archivos digitales mientras las dunas siguen cediendo.
El financiamiento del BID agrega una capa de responsabilidad formal. Los préstamos del organismo multilateral implican compromisos de desembolso, supervisión técnica y metas de ejecución. Eso reduce —aunque no elimina— el riesgo de que los estudios queden en el cajón. Pero la experiencia regional demuestra que incluso con financiamiento externo, la capacidad ejecutora del Estado dominicano en proyectos costeros ha sido históricamente limitada.
Lo que está ausente del comunicado oficial es precisamente lo más relevante: cronograma de ejecución de obras, presupuesto asignado para la fase de construcción, mecanismo de rendición de cuentas y participación comunitaria real —no ceremonial— en el proceso de ordenamiento. Las comunidades que viven de estas playas no necesitan saber que hay un estudio en curso. Necesitan saber cuándo cambia la realidad física de su litoral.
«Las playas dominicanas no necesitan más estudios que confirmen que se erosionan. Necesitan presupuesto, obras y un Estado que llegue antes que el mar se lleve la arena.»
— Análisis editorial / Despertar Matinal
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El término «sostenibilidad turística» se ha convertido en el comodín de los comunicados institucionales. Aparece en licitaciones, en memorias de gestión, en discursos ministeriales. Pero la sostenibilidad real se mide en metros de playa recuperados, en comunidades con acceso digno al litoral, en negocios locales que no pierden su base física por erosión o por desplazamiento de desarrollos privados mal regulados.
El Programa de Gestión Costera Sostenible con financiamiento BID es, en su diseño, una herramienta legítima. Pero su legitimidad se consolida o se diluye en la ejecución. Un país que recibe más de 11 millones de turistas al año —según cifras oficiales del Mitur para 2025— y que mantiene playas públicas sin servicios básicos, con erosión visible y sin ordenamiento efectivo, tiene una deuda estructural con su propio litoral que no se salda con consultorías.
La pregunta que el Mitur no responde en su comunicado es la misma que hacen los pescadores de Buen Hombre, los operadores de Las Galeras y los residentes de Playa Esmeralda: ¿cuándo llegan las obras?
El proceso licitatorio publicado por el Mitur corresponde a la fase de diseño y estudios previos, no a la ejecución de obras físicas. Presupuesto, cronograma de construcción y mecanismos de participación comunitaria no figuran en los documentos oficiales disponibles al momento de esta publicación.
El mapa no es el territorio
La planificación costera es necesaria. Los diseños ejecutivos son necesarios. El financiamiento multilateral es bienvenido. Pero en un país donde los estudios técnicos preceden por años —a veces por décadas— a las intervenciones reales, el anuncio de una licitación de consultoría no puede ser tratado como un logro en sí mismo.
El Ministerio de Turismo tiene la arquitectura del plan. Lo que le falta demostrar es que esta vez el mapa se convierte en territorio: en arena recuperada, en dunas protegidas, en comunidades costeras que no pierdan su litoral mientras el país sigue batiendo récords de llegadas de visitantes internacionales.
El financiamiento del BID pone un reloj sobre la mesa. Ahora el Mitur tiene que demostrar que sabe correr contra ese reloj.
Si el Mitur ya tiene financiamiento del BID y 14 playas identificadas, ¿por qué el comunicado oficial no incluye ni una sola fecha de inicio de obras ni un presupuesto de ejecución concreto?
