Hablar de transparencia en la gestión municipal de la República Dominicana es, con demasiada frecuencia, un ejercicio de fe antes que de verificación. Cuando un alcalde sostiene que su ayuntamiento «no tiene deudas significativas», que paga a tiempo y que ejecuta obras sin endeudamiento, la ciudadanía tiene el derecho —y el deber cívico— de preguntar: ¿dónde están los documentos que lo demuestran? La palabra de un funcionario público nunca debería ser suficiente. La ley lo sabe. Y el periodismo también.
Verón-Punta Cana es uno de los municipios con mayor dinamismo económico del Caribe. Su proximidad al complejo turístico más importante del país lo convierte en un destino de inversión, pero también en un territorio donde los recursos municipales —generados en parte por ese mismo desarrollo turístico y hotelero— deberían reflejarse con claridad en infraestructura, servicios y bienestar comunitario.
El alcalde Ramón Ramírez, conocido como «Manolito», declaró en entrevista que los fondos actuales del ayuntamiento provienen, según sus palabras, de remanentes presupuestarios anteriores y de ingresos recientes. Indicó que dichos recursos están comprometidos en procesos de licitación y obras en ejecución: aceras, contenes, parques, casas comunales, imbornales y badenes. Anunció, además, como proyecto emblemático, la primera etapa del Mercado Municipal de Verón.
Pesos pagados directamente en equipos (2024)
Cifra declarada por el alcalde Ramírez como evidencia de liquidez financiera. Aún no ha sido contrastada con documentación pública verificable.
El proyecto del mercado contempla, según Ramírez, una primera nave de 1,200 metros cuadrados dentro de un diseño total de 2,400 metros cuadrados, financiado íntegramente con fondos propios del ayuntamiento. Asimismo, informó sobre un terreno de 19,000 metros cuadrados para una instalación deportiva, y terrenos donados por la empresa Vista Cana para proyectos de uso mixto municipal y turístico.
En materia de planificación urbana, el alcalde anunció que el Plan de Ordenamiento Territorial —según indicó, trabajado durante más de cuatro años en conjunto con instituciones gubernamentales y el sector privado— será presentado el 20 de mayo próximo.
El proyecto del mercado contempla, según Ramírez, una primera nave de 1,200 metros cuadrados dentro de un diseño total de 2,400 metros cuadrados, financiado íntegramente con fondos propios del ayuntamiento. Asimismo, informó sobre un terreno de 19,000 metros cuadrados para una instalación deportiva, y terrenos donados por la empresa Vista Cana para proyectos de uso mixto municipal y turístico.
En materia de planificación urbana, el alcalde anunció que el Plan de Ordenamiento Territorial —según indicó, trabajado durante más de cuatro años en conjunto con instituciones gubernamentales y el sector privado— será presentado el 20 de mayo próximo.
«Cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar información a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información.»
— Alcalde Ramón Ramírez, Verón-Punta Cana
Esa declaración es jurídicamente correcta. La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, presuntamente vigente y de obligatorio cumplimiento, garantiza ese derecho. Pero la pregunta pertinente no es si el ciudadano puede pedirlo, sino si la alcaldía lo facilita de manera proactiva, sin necesidad de recurrir a solicitudes formales. La transparencia activa —publicar sin que nadie tenga que pedir— es el estándar internacional al que debería aspirar cualquier gestión que se proclame modelo.
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En ese sentido, al momento de publicar esta nota, no se han verificado en fuentes documentales públicas los contratos de licitación mencionados por el alcalde, el detalle del gasto ejecutado en equipos por más de 23 millones de pesos declarados, ni la composición del remanente presupuestario al que hace referencia. Esta publicación no afirma irregularidad alguna; afirma, en cambio, que la ausencia de documentos accesibles dificulta la verificación independiente.
El Plan de Ordenamiento Territorial anunciado merece atención especial. Presuntamente en elaboración durante más de cuatro años, su presentación pública el 20 de mayo podría ser un hito genuino para la planificación de Verón. Sin embargo, el proceso de «vistas públicas» posterior a su presentación no debe ser un mero trámite legitimador: la ciudadanía, las comunidades locales —muchas veces desplazadas por el desarrollo turístico— y los sectores técnicos independientes deben tener capacidad real de incidencia en el documento final, no solo de escucha.
De igual modo, la relación entre los ingresos del distrito Verón-Punta Cana y el municipio de Higüey —vinculados al CEPEN según declaró el propio alcalde— constituye un aspecto que merece ser explicado con mayor detalle ante la opinión pública. ¿Bajo qué acuerdos se distribuyen esos fondos? ¿Quién los supervisa? ¿Son auditados de manera independiente?
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La donación de terrenos por parte de Vista Cana al ayuntamiento también requiere escrutinio: ¿qué contraprestaciones o condiciones están asociadas a esa donación? En municipios con alta presión inmobiliaria y turística, las donaciones de activos privados a gobiernos locales pueden ser instrumentos de planificación conjunta legítima, o pueden ser mecanismos de influencia sobre decisiones de uso de suelo. La diferencia la marcan los documentos.
Un alcalde que invita a pedir información pública ha dado el primer paso. Pero la rendición de cuentas no puede depender exclusivamente de que el ciudadano sepa qué preguntar, cómo preguntarlo y dónde hacerlo. El estándar de transparencia en el manejo del presupuesto municipal de Verón-Punta Cana —uno de los territorios más ricos del país— debe ser proporcional a su peso económico y a las expectativas legítimas de quienes lo habitan.
¿Puede considerarse verdaderamente transparente una gestión municipal que condiciona el acceso a la información a que la ciudadanía tenga que solicitarla, en lugar de publicarla de forma activa y permanente?
