MELBOURNE, Australia– Un hombre iraní que asesinó a su esposa perdió su histórico intento judicial para evitar que Australia lo deportara a la pequeña isla de Nauru en el Pacífico.
Siete jueces del Tribunal Superior desestimaron por unanimidad una apelación del hombre contra una orden del año pasado que lo deportaba a la nación independiente de alrededor de 12.000 personas con una visa de 30 años. El hombre es identificado en el tribunal sólo como TCXM porque las identidades de los refugiados están protegidas en Australia.
El Ministro de Inmigración, Tony Burke, emitió una declaración en la que aplaudió el fallo como una victoria para el control de la inmigración por parte de Australia.
«Doy la bienvenida a la decisión del tribunal. Una visa cancelada debe tener consecuencias en nuestro sistema migratorio», dijo Burke, que había impugnado la apelación del hombre a la orden de deportación.
El año pasado, Australia acordó pagar a Nauru 408 millones de dólares australianos (296 millones de dólares) por reasentamientos de hasta 30 años para no ciudadanos no deseados que no podían ser deportados a sus países de origen. Nauru también recibirá un pago anual de 70 millones de dólares australianos (51 millones de dólares).
Hasta ahora, ocho hombres han sido reasentados en Nauru en virtud de un acuerdo que ha sido criticado en Australia por ser excesivamente caro.
Nauru se convirtió en la solución a un problema político para el gobierno de Australia que fue creado por otra decisión del Tribunal Superior en 2023. El tribunal determinó en ese momento que los apátridas o las personas que no podían ser devueltas a sus países de origen ya no podían permanecer indefinidamente en detención australiana con pocas posibilidades de que un tercer país les ofreciera un hogar.
Más de 350 personas, muchas de ellas delincuentes convictos, incluido TCXM, fueron liberadas en Australia con visas temporales como resultado de ese fallo. El caso de prueba fue presentado por un abusador de menores convicto, identificado en el tribunal como NZYQ, que era un refugiado y miembro de la perseguida minoría musulmana rohingya de Myanmar.
TCXM, que ahora tiene poco más de 60 años, llegó a Australia desde Irán en 1990. Le concedieron una visa de protección en 1995 y luego lo sentenciaron a 22 años de prisión en 1999 por asesinar a su esposa.
Su visa fue cancelada y en 2015 fue trasladado de prisión a un centro de detención de inmigrantes, donde permaneció durante ocho años. Irán no acepta la repatriación forzosa de sus ciudadanos por parte de otros gobiernos. Australia tiene la política de no devolver refugiados a países donde corren riesgo de persecución.
TCXM fue uno de los primeros tres no ciudadanos elegidos para ser enviados a Nauru en virtud del nuevo acuerdo bilateral. Su impugnación fue rechazada por un juez de un tribunal federal y la decisión fue confirmada el miércoles por el tribunal más alto, poniendo fin a sus opciones legales. A TCXM se le permitió permanecer en Australia mientras luchaba contra su desafío legal y no está claro cuándo será deportado.
Sus motivos de apelación incluían que los servicios médicos de Nauru eran inadecuados para tratar su asma grave.
También argumentó que el acuerdo de Australia con Nauru era ilegal y que su deportación era punitiva y, por tanto, inconstitucional. La constitución de Australia dice que el castigo debe ser dictado por los tribunales y nunca por los gobiernos.
Los gobiernos australianos pagaron anteriormente a Nauru y Papua Nueva Guinea para alojar en miserables campos de detención a los solicitantes de asilo que intentaban llegar a la costa de Australia en barco.
La política australiana de negarse a permitir que se establezcan las llegadas de barcos ha puesto fin en gran medida al contrabando de personas desde los puertos del sudeste asiático en desvencijados barcos pesqueros que alguna vez habían prosperado.
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