Turismo licita «gestión costera» en 24 playas mientras el litoral dominicano sigue sin ley de ordenamiento territorial

Un préstamo de US$70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, una convocatoria a firmas consultoras y 24 playas priorizadas. Sobre el papel, el Proyecto de Gestión Costera Sostenible que ejecuta el Ministerio de Turismo (MITUR) luce como un paso técnico hacia la protección del litoral. La pregunta que rara vez se hace en estos procesos es otra: ¿quién decide qué se prioriza, bajo qué marco legal y con qué garantías de que el resultado no termine, como tantos otros instrumentos técnicos dominicanos, engavetado o subordinado a intereses inmobiliarios y hoteleros ya instalados en esas mismas costas

MITUR abrió el proceso para recibir expresiones de interés de consultoras que formulen planes locales de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) en 24 playas distribuidas en 11 lotes: desde Boca Chica y Andrés en Santo Domingo, pasando por Bávaro, El Cortecito y Bayahíbe en La Altagracia, hasta Bahía de las Águilas y el Malecón de Pedernales, en el extremo suroeste del país. El plazo vence el 15 de julio de 2026, bajo el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) del BID, con cargo al préstamo 5745/OC-DR.

Según los términos de referencia, los planes deberán regular el uso, ocupación y aprovechamiento del frente costero, incorporando adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y participación comunitaria. Se exige a las firmas un mínimo de 10 años de experiencia y al menos tres proyectos similares ejecutados en la última década, un umbral que, de acuerdo con actores del sector consultor dominicano, tiende a favorecer a un número reducido de firmas internacionales por encima de capacidades técnicas locales.

Lo que el aviso no explica —y que rara vez explican este tipo de convocatorias— es cómo se articulará este instrumento con la planificación territorial ya existente, ni qué mecanismo impedirá que, una vez entregados los planes, terminen archivados como ha ocurrido históricamente con otros estudios de ordenamiento costero financiados con fondos multilaterales en el país.

La gestión costera no es un problema técnico aislado: es, ante todo, un problema de gobernanza. República Dominicana arrastra desde hace más de una década la ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, pieza que organizaciones ambientales y urbanistas han señalado reiteradamente como el vacío estructural que permite construcciones en zonas de riesgo, presión inmobiliaria sobre playas públicas y conflictos de uso de suelo costero sin un marco normativo superior que los resuelva. Formular 24 planes de gestión costera sin que exista ese paraguas legal plantea una pregunta legítima: ¿sobre qué base jurídica se sostendrán estos instrumentos si la ley marco que debería darles fuerza vinculante sigue sin aprobarse.

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que inició su primer mandato en agosto de 2020 y continúa en un segundo período consecutivo desde agosto de 2024, ha presentado en múltiples ocasiones anuncios de sostenibilidad turística y protección costera como parte de su narrativa de gestión. Sin embargo, la recurrencia de estos anuncios —expresiones de interés, licitaciones, mesas técnicas— contrasta con la ausencia de resultados verificables sobre planes de gestión costera previamente contratados con financiamiento internacional. No existe, hasta el momento, un informe público consolidado que detalle qué ocurrió con instrumentos similares formulados en administraciones anteriores, ni si alguno llegó a implementarse con fuerza normativa real.

El límite de cuatro lotes por firma, salvo «casos excepcionales», introduce además un margen de discrecionalidad que no está plenamente detallado en el aviso público, y que amerita seguimiento: ¿bajo qué criterios se definirá cuándo aplica la excepción, y quién audita esa decisión.

A esto se suma un patrón que Despertar Matinal ha documentado en coberturas anteriores sobre infraestructura y gestión ambiental durante este gobierno: el desfase entre el anuncio y la ejecución verificable. Contratar consultorías es el primer eslabón de una cadena larga; la pregunta social relevante no es si se contratará, sino si el país tendrá, al final, playas mejor protegidas o simplemente un nuevo estudio archivado mientras la presión inmobiliaria sobre el litoral continúa sin freno normativo.

MITUR tiene hasta el 15 de julio de 2026 para cerrar la recepción de expresiones de interés y avanzar hacia la selección de las firmas consultoras. El proceso, en sí mismo, no es cuestionable: la gestión costera es una necesidad real para un país cuya economía depende en gran medida del turismo de playa. Lo que sí exige vigilancia ciudadana es lo que viene después: si estos planes tendrán fuerza normativa real, si se publicarán íntegros, y si el gobierno actual —que ha construido buena parte de su narrativa en torno a la sostenibilidad turística— está dispuesto a someter esta consultoría, y las que la precedieron, a una auditoría pública de resultados.

¿Servirán estos 24 planes de gestión costera para proteger el litoral dominicano, o se sumarán a la larga lista de estudios financiados con deuda externa que nunca se tradujeron en ley ni en protección efectiva?