Cuando la carretera cobra lo que el Estado no previene
Era cerca del mediodía de un martes cualquiera en la autopista 6 de Noviembre, a la altura de Hatillo, en la provincia de San Cristóbal. Un camión de carga perdió el control, se volcó y se deslizó hacia el área verde de la vía. En su trayecto arrasó con una motocicleta. Tres personas murieron. Una mujer. Un menor de edad. Un hombre de 62 años que llegó con vida al hospital pero no resistió.
Lo que ocurrió en Hatillo este martes no es un accidente aislado ni una tragedia impredecible. Es el resultado acumulado de años de tolerancia institucional ante conductores sin habilitación técnica, vehículos de carga sin mantenimiento verificado, y carreteras donde la señalización y la vigilancia son, en el mejor de los casos, intermitentes.
Lo que se sabe: hechos, cifras y silencios
De acuerdo con el reporte oficial de la Defensa Civil, brigadas de socorro localizaron sin vida a una mujer y a un menor en la escena del accidente. Ambos cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales correspondientes. Un hombre de aproximadamente 62 años fue rescatado con vida, pero falleció durante el traslado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina, según el mismo reporte.
Informaciones preliminares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indican que el accidente ocurrió en las proximidades del puente de Hatillo, en dirección oeste-este. Las autoridades señalan que continúan investigando las circunstancias exactas que provocaron que el camión perdiera el control. Al cierre de esta publicación, no se habían ofrecido detalles sobre el estado técnico del vehículo ni las condiciones del conductor.
El patrón que las autoridades evitan nombrar
El accidente en la autopista 6 de Noviembre se suma a una lista que, según datos de organismos de tránsito y organizaciones civiles, ubica a República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad vial per cápita de América Latina. Los camiones de carga, los motoristas sin casco y las carreteras con deficiencias de señalización son protagonistas recurrentes de esas estadísticas.
Lo que ocurrió en Hatillo este martes plantea preguntas concretas que el Estado dominicano debe responder con transparencia: ¿el camión contaba con revisión técnica vigente? ¿El conductor poseía habilitación para transportar carga pesada en esa vía? ¿Existía señalización adecuada en ese tramo de la autopista? Presuntamente, ninguna de estas respuestas ha sido ofrecida de forma oficial hasta ahora.
La Digesett investiga. La Defensa Civil levantó los cuerpos. El Inacif recibió los restos. Cada institución cumplió su protocolo. Pero el protocolo que nadie activa es el de la prevención: el que debería garantizar que un camión en mal estado no circule, que una motocicleta tenga espacio seguro en la vía, que un menor pueda viajar por una carretera dominicana sin que eso sea una apuesta a la suerte.
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Tres familias en San Cristóbal están hoy de luto por un accidente que, según el patrón que se repite en estas carreteras, pudo haberse prevenido. La tragedia de Hatillo no es un golpe de mala fortuna: es la consecuencia de decisiones institucionales postergadas, de regulaciones que se aprueban pero no se aplican, de una cultura vial que el Estado dominicano no ha tenido la voluntad política de transformar. ¿Cuántas muertes más necesita el sistema para reaccionar antes del accidente, y no después?
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