Cada entrega de títulos de propiedad se presenta como un acto de justicia social. Pero detrás del discurso de gratitud queda una pregunta que el Estado no responde con la misma solemnidad.
¿Quién decide qué familias reciben seguridad jurídica y cuáles siguen esperando? En Los Frailes, Santo Domingo Este, 1,000 certificados llegaron con nombre y apellido, pero sin criterios públicos de selección.
El presidente Luis Abinader informó que la entrega en Los Frailes beneficia a más de 4,000 personas mediante 1,000 certificados, sobre un área de 246,115.30 metros cuadrados intervenida por la UTECT y la Dirección General de Bienes Nacionales.
El director de la UTECT, Duarte Méndez, calculó un ahorro de RD$80 millones para las familias, al no tener que pagar por la vía privada el trámite de titulación de terrenos que el Estado asumió como gasto público.
A nivel nacional, el Gobierno reporta unos 170,000 títulos de propiedad entregados durante su gestión, cifra que funcionarios presentan como evidencia de una política exitosa, sin ofrecer desglose por provincia, año o institución que la origine.
Ningún funcionario explicó con qué gestión se compara la cifra de 170,000 títulos de propiedad. Sin una serie histórica pública, comparar la titulación actual contra administraciones anteriores es un ejercicio retórico, no un dato verificable. Presentar una cifra sin punto de referencia técnico convierte el logro en relato, no en evidencia.
Si más de 4,000 personas en Los Frailes esperaron décadas por su título, la pregunta no es solo cuántos títulos se entregan hoy, sino por qué el aparato estatal tardó tanto en resolver algo tan básico como la propiedad de una vivienda. La celebración omite ese fallo estructural.
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Ni el discurso presidencial ni el reporte institucional detallan los criterios técnicos usados para seleccionar a los 1,000 beneficiarios entre miles de familias en situación similar. Tampoco se precisa cuántas de esas 4,000 personas tienen algún vínculo con estructuras políticas locales, dato que —según fuentes cercanas al proceso de titulación— resulta clave para evaluar la equidad del reparto.
¿Cuántas familias en Los Frailes y el resto del país siguen esperando un título que nunca llegó con cámaras ni discursos?
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