Los anuncios sobre fortalecimiento hospitalario regresan con puntualidad cada año. El discurso institucional del Servicio Nacional de Salud (SNS) tiene la virtud de sonar convincente: hospitales remozados, centros de primer nivel integrados, unidades especializadas en expansión. El doctor Julio Landrón, titular del organismo, ofreció en días recientes un balance que, en términos estadísticos, impresiona. Pero las cifras oficiales, por robustas que sean, no responden una pregunta que persiste en cada sala de espera del país: ¿por qué los dominicanos de menores recursos siguen pagando en laboratorios privados análisis que, según Senasa, deberían recibir gratis?
Contexto institucional — Desde 2020, el Gobierno del presidente Luis Abinader asumió el compromiso de transformar la red pública de servicios de salud, que encontró, según sus propias declaraciones, con hospitales intervenidos y limitaciones estructurales severas. A la fecha, el SNS reporta más de 105 hospitales remozados y 1,106 Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) rehabilitados a nivel nacional. Las atenciones ofrecidas durante los primeros cuatro meses de 2026 superan los 16 millones, lo que representa, de acuerdo con cifras oficiales, más de 1.3 millones adicionales respecto al mismo período de 2025 y más de cinco millones frente a 2019.
En materia financiera, Landrón destacó que 76 hospitales públicos operan actualmente sin deudas, luego de que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) liquidara compromisos pendientes con los centros de salud. Esta condición, según el funcionario, facilita el mantenimiento de equipos, la adquisición de insumos y la continuidad operativa. Asimismo, el SNS trabaja en la habilitación de los CPN para integrarlos al sistema de facturación de servicios subsidiados sin generar copagos a los beneficiarios.
Entre los avances adicionales, Landrón anunció el fortalecimiento de unidades de pie diabético y hemodiálisis en distintos centros hospitalarios, incluyendo el Hospital Toribio Bencosme, que próximamente contará con ambos servicios. También se trabaja en un centro nacional de control de referencias y contrarreferencias, articulado con el Sistema 9-1-1, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), con el objetivo de optimizar el traslado y ubicación de pacientes en toda la red.
El problema no está necesariamente en lo que el SNS construye, sino en la brecha entre lo que Senasa promete y lo que el ciudadano recibe. Según testimonios recopilados por este medio y de acuerdo con denuncias documentadas por usuarios del sistema público, el catálogo de servicios de Senasa incluye análisis de laboratorio, sonografías y otros estudios diagnósticos que, en la práctica, presuntamente no están disponibles en decenas de centros públicos que figuran como proveedores habilitados.
El resultado es predecible y lesivo: pacientes con seguro subsidiado llegan al CPN o al hospital de su comunidad, solicitan los estudios que, según el catálogo vigente, les corresponden sin costo, y reciben una respuesta que los remite, de facto, al mercado privado. Laboratorios, clínicas y centros de imagen cobran lo que la red pública debía ofrecer. La cobertura, en estos casos, existe solo en papel.
Esta situación no es atribuible exclusivamente al SNS, pero tampoco puede ser ignorada al momento de celebrar los avances de gestión. Senasa administra un sistema de aseguramiento que, presuntamente, mantiene un catálogo de servicios fantasma: prestaciones que aparecen en la normativa pero que no tienen correlato en la oferta real de los centros públicos habilitados. La pregunta jurídica y administrativa es directa: ¿responde Senasa por la brecha entre lo prometido y lo disponible? ¿Existe un mecanismo de auditoría efectivo que verifique que los servicios del catálogo subsidiado se prestan realmente en los establecimientos acreditados
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El fortalecimiento de la atención primaria que pregona el SNS, y que incluye medicamentos para diabetes e hipertensión, seguimiento prenatal y servicios preventivos, pierde impacto real si los pacientes deben asumir de su bolsillo los costos diagnósticos que el sistema público debería absorber. La promesa de descongestionar los hospitales mediante los CPN resulta, en este contexto, incompleta si esos mismos centros no pueden cumplir con el catálogo que los justifica.
«Un catálogo de servicios que no se ejecuta en los centros habilitados no es cobertura: es, presuntamente, publicidad institucional financiada con fondos públicos.»
— Las afirmaciones relativas al catálogo de servicios de Senasa se basan en testimonios de usuarios y denuncias circulantes en medios verificables. Este medio no imputa responsabilidad penal a ningún funcionario. Se trata de señalamientos de política pública que, por su impacto en los derechos de los beneficiarios del seguro subsidiado, merecen verificación institucional y respuesta oficial.
La red pública de salud dominicana registra avances que no deben minimizarse. Hospitales funcionales, unidades especializadas y centros de primer nivel que operan son logros tangibles. Pero la sostenibilidad del sistema no se mide solo en infraestructura ni en estadísticas de atención: se mide en la experiencia real del paciente que llega a un centro público con su carnet de Senasa y sale hacia una clínica privada porque el servicio que le correspondía no estaba disponible. Esa brecha, mientras persista, convierte los anuncios en ruido y las cifras en consuelo para quien las produce, no para quien las necesita.
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Pregunta editorial: Si Senasa audita mensualmente los centros habilitados en su catálogo, ¿por qué pacientes con seguro subsidiado siguen siendo remitidos a laboratorios privados para análisis que ese mismo catálogo declara cubiertos en centros públicos?
