¿Cuántas veces puede una institución fallarle a la ciudadanía antes de que reconozcamos que el problema no es ocasional, sino estructural? Como comunicador social y ciudadano que ha observado durante años el funcionamiento de nuestras entidades públicas, debo expresar mi profunda preocupación por lo que percibo como un deterioro progresivo en la capacidad del Seguro Nacional de Salud (SENASA) para garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos.
No hablo desde el capricho ni desde la crítica fácil. Hablo desde las salas de espera atestadas, desde los testimonios de familias agotadas, desde la frustración de quienes pagan religiosamente sus contribuciones y reciben, a cambio, un laberinto burocrático donde la dignidad humana parece ser un concepto negociable. En mi opinión, estamos ante una crisis de confianza institucional que exige respuestas claras, no comunicados vagos ni promesas recicladas.
El problema fundamental radica en la opacidad. Según inquietudes expresadas por diversos sectores de la sociedad civil, existe una percepción generalizada de que los recursos destinados a la salud pública no se traducen en servicios efectivos para la población. ¿Dónde están los mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía verificar cómo se invierten los fondos del régimen subsidiado? ¿Por qué la información sobre contratos, licitaciones y pagos a prestadores de servicios no está disponible de manera accesible y comprensible para el ciudadano común?
Desde la percepción ciudadana, la institución opera como una caja negra: entran recursos públicos, pero lo que sale son quejas, negaciones de servicios y una sensación permanente de abandono. Las historias se repiten con monotonía dolorosa: medicamentos no disponibles, autorizaciones que nunca llegan, procedimientos urgentes que se convierten en odiseas administrativas. No estoy imputando delitos —eso corresponde a los tribunales—, pero sí señalo prácticas institucionales que, en mi análisis, resultan inaceptables en una democracia moderna.
La metáfora es cruel pero precisa: SENASA funciona como un grifo oxidado. El agua existe, la presión del sistema está ahí, pero entre la fuente y el vaso del ciudadano hay tantas fugas, obstrucciones y desvíos que lo que finalmente llega es apenas un goteo insuficiente. Y mientras tanto, nadie asume la responsabilidad de reparar la tubería rota.
La transparencia permitiría disipar dudas. Si los procesos fueran claros, si las cifras fueran públicas, si las auditorías fueran independientes y sus resultados ampliamente difundidos, muchas de las sospechas que circulan en el imaginario colectivo podrían ser aclaradas o, en su defecto, convertirse en exigencias fundamentadas de cambio. La oscuridad institucional solo alimenta la desconfianza y erosiona el contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.
Observo también una comunicación institucional que subestima la inteligencia ciudadana. Los anuncios grandilocuentes sobre «mejoras» y «modernización» contrastan brutalmente con la realidad que viven las personas en los centros de atención. Esta disonancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana no es un simple problema de relaciones públicas; es, en mi opinión, un síntoma de una desconexión profunda entre la institución y su razón de ser: servir a la gente.
¿Qué medidas concretas podrían revertir esta situación? Propongo, desde mi perspectiva como observador comprometido, varias acciones urgentes: establecer portales de transparencia con información en tiempo real sobre el uso de recursos; implementar auditorías ciudadanas con participación de organizaciones de la sociedad civil; crear mecanismos ágiles y efectivos de quejas con respuestas vinculantes; publicar indicadores de desempeño comparables y verificables; y establecer consecuencias institucionales claras ante el incumplimiento de estándares mínimos de servicio.
El derecho a la salud no es una concesión graciosa del Estado; es un mandato constitucional, una obligación ineludible que no admite medias tintas ni excusas administrativas. Cuando una institución como SENASA falla sistemáticamente, no solo incumple con sus funciones técnicas: traiciona la confianza de una nación entera.
Escribo estas líneas con el hartazgo de quien ha visto demasiadas veces la misma película, pero también con la esperanza de quien cree que la presión ciudadana informada puede generar cambios reales. No pedimos milagros; exigimos lo básico: que una institución financiada con recursos públicos funcione para el público. Que la salud deje de ser un privilegio accesible solo para quienes pueden pagar seguros privados o atención particular.
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El silencio cómplice nos convierte en cómplices. La crítica responsable, fundamentada en la observación y en el análisis riguroso, es un ejercicio de ciudadanía activa. SENASA puede ser mejor —debe ser mejor— pero solo si la presión social y el escrutinio público la obligan a transformarse. La rendición de cuentas no es un lujo democrático; es la condición mínima para que instituciones que gestionan vidas humanas no se conviertan en monumentos a la ineficiencia y la opacidad. El momento de exigir ese cambio es ahora, y la responsabilidad de impulsarlo es de todos.
