Faride Raful eleva el discurso sobre la reforma policial mientras la inseguridad persiste en las calles

Cada vez que un funcionario del actual gobierno describe una reforma policial como la más profunda en casi un siglo, cabe preguntarse desde dónde se mide esa profundidad. La ministra Faride Raful lo hizo esta semana, en plena entrevista televisiva, apelando a cifras que el propio Ministerio de Interior y Policía produce, audita y difunde.

No se trata de negar que existan cambios. Se trata de cuestionar si una reforma policial puede autoevaluarse como histórica sin que exista una instancia independiente que confirme, contraste o al menos audite externamente esos números antes de que se conviertan en discurso político de cara a la opinión pública dominicana.

La ministra Raful citó un salto de 34,000 a 46,200 agentes dentro de la Policía Nacional, junto con un aumento del patrullaje del 12% al 31%. También mencionó una reducción del 35% de robos en zonas piloto del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje, que será ampliado a 20 demarcaciones antes de que termine el año.

El gobierno que hoy promueve esta reforma policial inició su primer período en agosto de 2020 y transita ya su segundo mandato desde agosto de 2024. Son dos períodos administrativos distintos, no un bloque homogéneo de gestión, y esa distinción importa cuando se evalúan resultados acumulados que se presentan como si fueran obra de una sola etapa continua.

Raful también afirmó que la República Dominicana registra hoy la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, la más baja del Caribe y una de las más bajas de América Latina. Es una afirmación con peso, pero también con una pregunta pendiente: ¿quién audita esos registros oficiales fuera del propio aparato que los produce?

El primer eje crítico es la ausencia de un punto de comparación externo. Cuando el Ministerio de Interior y Policía mide su propia reforma policial con datos que él mismo genera, procesa y comunica, el resultado siempre tenderá a ser favorable. No hay aquí una acusación de manipulación deliberada, sino una observación metodológica elemental: ninguna institución debería ser juez único de su propio desempeño.

El segundo eje es el fallo implícito en el relato. Si la Policía Nacional atraviesa la transformación más profunda en 90 años, la pregunta lógica es por qué la inseguridad ciudadana sigue apareciendo, encuesta tras encuesta, como una de las principales preocupaciones de la población. La propia ministra lo reconoció en la misma entrevista. Ese reconocimiento coexiste, incómodamente, con el discurso de éxito histórico.

El tercer eje es la opacidad estructural del dato. Ni las 500 Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, ni las 8,000 cámaras corporales incorporadas, ni la Mesa Permanente de Validación de Datos han sido sometidas a una auditoría pública independiente que permita a la ciudadanía verificar, con metodología abierta, si las cifras de la reforma policial resisten un examen externo.

Raful habló también de tolerancia cero frente a los abusos policiales y de que «nunca antes se habían investigado y perseguido con tanto rigor los casos de abuso policial». Es una afirmación comparativa que exige, como toda comparación histórica, una base verificable: ¿con qué períodos previos se contrasta y bajo qué metodología?

La modernización institucional que reivindica la ministra —interoperabilidad entre instituciones, ventanilla única, articulación nacional e internacional— puede ser real sin que ello valide automáticamente el calificativo de transformación más profunda en 90 años. Ambas cosas no son excluyentes, pero tampoco son equivalentes. Reconocer avances administrativos no obliga a aceptar sin escrutinio la magnitud histórica que el propio gobierno se atribuye a sí mismo.