RD$29 millones por pintura de 31 guaguas: ¿exceso o necesidad?

Ya no hablamos de rumores ni de cifras sueltas que circulan por las redes sociales. Hablamos de un documento oficial. Un expediente firmado, fechado, codificado y sellado con el logo de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. El expediente OMSA S.A.-MAE-PEUR-2026-0001, emitido el 12 de febrero de 2026 por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, certifica que esta institución del Estado dominicano solicitó la contratación de un servicio de desabolladura, pintura y rotulación para sus autobuses OMSA por un monto total de RD$28,950,000. Casi veintinueve millones de pesos. Y la contratación, según consta en el propio documento con una claridad que resulta perturbadora, fue marcada como: «Planificada: No».

Trabajo como comunicador social cubriendo la gestión pública dominicana desde hace más de una década, y en ese tiempo he aprendido que los documentos hablan cuando los funcionarios callan. Este expediente habla. Y lo que dice no deja mucho espacio para la interpretación benévola.

Mi postura es firme y la sostengo con el documento en la mano: la Requisición núm. 110 de los autobuses OMSA, tal como está estructurada, presenta elementos que los órganos de control del Estado —la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el propio Ministerio de Hacienda— tienen la obligación de examinar de manera independiente, rigurosa y, sobre todo, pública. No mañana. Ahora.

Analicemos los números con calma, porque merecen ser leídos con atención. El expediente divide la contratación en tres lotes: el primero asciende a RD$12,100,000; el segundo a RD$9,250,000; y el tercero a RD$7,600,000. Los tres describen exactamente el mismo servicio: «desabolladura, pintura (cambio de color) y rotulación». Los tres comparten el mismo código presupuestario: 78180101. Y los tres se registran con una cantidad solicitada de una sola unidad de medida —UND— sin especificar en el documento consultado cuántas unidades físicas de autobuses corresponden a cada lote.

Esa ausencia de especificación es, en sí misma, un problema. Porque si cada lote corresponde a un grupo de unidades, la pregunta es: ¿cuántos autobuses OMSA componen cada lote? ¿Diez? ¿Quince? ¿Cinco? Sin ese dato, no es posible calcular con precisión el costo por unidad dentro de cada agrupación. Lo que sí podemos calcular, tomando el total general de RD$28,950,000 y distribuyéndolo entre las 31 unidades que han sido mencionadas en el contexto más amplio del caso, es un promedio de RD$934,000 por autobús. Un número que, aun incluyendo la desabolladura y la rotulación además de la pintura, resulta difícil de sostener sin una justificación técnica detallada que el expediente, en la página disponible, no provee.

«Una contratación no planificada de RD$29 millones, dividida en tres lotes con el mismo objeto, misma descripción y mismo código. La estructura del expediente genera más preguntas que respuestas.»

Y aquí llego al segundo elemento que considero crítico: la división en tres lotes. Hay circunstancias técnicas y operativas que pueden justificar la fragmentación de una contratación —diferentes zonas geográficas, distintos proveedores especializados, escalonamiento de plazos de entrega. Todas son razones válidas. Pero también es cierto que, en el ámbito de la contratación pública, la subdivisión de contratos puede utilizarse para eludir los umbrales que activan procesos de licitación más rigurosos y competitivos. No afirmo que eso haya ocurrido aquí. Lo que sí afirmo es que, sin la documentación completa del expediente —incluyendo las actas de justificación, las memorias descriptivas y los estudios de mercado previos— es imposible descartar esa posibilidad. Y en materia de dinero público, la imposibilidad de descartar irregularidades no es una posición cómoda para una institución del Estado.

El servicio contratado es, en términos operativos, legítimo. Los autobuses OMSA transportan a decenas de miles de dominicanos cada día. Su mantenimiento, incluyendo la reparación de abolladuras, el cambio de color institucional y la rotulación, forma parte de la gestión responsable de una flota pública. Nadie debería circular en un autobús deteriorado. Ese argumento es válido y lo reconozco sin ambages. Pero la legitimidad del servicio no convalida automáticamente el precio pagado por él, ni la modalidad en que se contrató, ni el hecho de que haya sido ejecutado fuera del plan de compras institucional.

Pongamos la cifra en perspectiva con la realidad cotidiana del dominicano de a pie. Con RD$934,000 —el costo promedio por unidad que se desprende del expediente— una familia trabajadora de Santo Domingo puede costear el alquiler de su vivienda durante más de cuatro años. Con ese mismo monto, tres jóvenes emprendedores pueden capitalizar una pequeña empresa, generar empleos y pagar sus propios impuestos. No sugiero que el Estado deba elegir entre mantener sus autobuses y financiar viviendas; lo que sí señalo es que cuando el dinero público se gasta en un rango que excede con creces los parámetros razonables del mercado, alguien tiene que responder por esa diferencia. Alguien la cobró. Y ese alguien fue financiado con los impuestos que pagan precisamente esas familias que no pueden pagarse su alquiler.

Lo que el expediente OMSA S.A.-MAE-PEUR-2026-0001 no incluye —al menos en la página disponible para análisis— es igualmente revelador: no aparecen los estudios de mercado previos que debieron sustentar los precios estimados. No constan las empresas que fueron invitadas a cotizar ni los valores que presentaron. No figura la justificación de la urgencia que habría motivado una contratación fuera del plan anual. No hay acta de apertura de ofertas ni cuadro comparativo de propuestas. Estas ausencias no son tecnicismos menores; son las piezas fundamentales que permiten verificar que una contratación pública fue legítima, competitiva y proporcional. Sin ellas, el expediente es un esqueleto sin carne.

He cubierto suficientes casos de gasto público irregular en este país como para saber que la opacidad pocas veces es accidental. Los documentos que no se publican, los expedientes que no se completan, los procesos que no se transparentan: son, en la mayoría de los casos, el resultado de una cultura institucional que no ha hecho de la rendición de cuentas un valor real, sino apenas un discurso de ocasión. Y esa cultura cuesta. Cuesta en millones de pesos que se pagan de más. Cuesta en servicios públicos que se deterioran porque el dinero se va a otra parte. Y cuesta en la confianza ciudadana que, una vez erosionada, es casi imposible recuperar.

¿Cuántos expedientes como el OMSA S.A.-MAE-PEUR-2026-0001 existen en el sistema de compras del Estado dominicano que jamás llegan a la superficie pública? El gasto estatal es un océano con pocas ventanas. Esta es una de las pocas que se ha abierto, no por iniciativa institucional sino por la circulación de información entre ciudadanos que, hartos del silencio oficial, deciden ejercer el derecho que la Ley No. 200-04 les reconoce. Y eso, en sí mismo, dice mucho sobre el estado de la transparencia pública en este país.

Dicho todo esto: el camino hacia adelante es claro. Las instituciones de control deben actuar, documentar y publicar. La ciudadanía debe exigirlo. Y quienes tenemos la responsabilidad de comunicar debemos seguir rastreando este expediente hasta que todas sus páginas estén sobre la mesa. Porque RD$28,950,000 en una contratación no planificada, sin desglose técnico visible, dividida en tres lotes idénticos, no es un dato que merezca archivarse en silencio. Es una señal que el Estado dominicano tiene la obligación de explicar. Y si no lo hace voluntariamente, tendrá que hacerlo cuando los órganos de control —o la presión ciudadana— lo obliguen. De ninguna otra manera se construye la confianza que este país necesita y que sus contribuyentes, que son quienes pagaron esos casi veintinueve millones, absolutamente merecen.

Porque ese es, al final, el fondo de todo esto: el dinero no es del gobierno. Es nuestro. Y nosotros tenemos todo el derecho de saber en qué se gasta