Cuando un partido en el poder decide cambiar las reglas que rigen su propia cúpula, la pregunta nunca es solo jurídica: es política. Este domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebra su XXIII Convención Nacional Extraordinaria para aprobar una reforma estatutaria que reduce de cuatro a dos años el período de sus autoridades. La justificación oficial habla de «sincronización» con el calendario nacional. Pero detrás de ese lenguaje técnico se perfila un movimiento de mayor calado: la eventual llegada del presidente Luis Abinader a la presidencia de su propio partido, mientras aún ocupa el Palacio Nacional. No es un dato menor. Es, presuntamente, la formalización de una arquitectura de poder que concentra en una sola figura el liderazgo del Estado y el liderazgo de la organización política que lo sostiene.
La convocatoria está pautada para las 9:00 de la mañana en un hotel de la capital, como parte del proceso de reorganización interna que el Comité Nacional del PRM aprobó el pasado 21 de junio. El corazón de la reforma estatutaria es la modificación del artículo 52, que reduce de cuatro a dos años el período de gestión de las autoridades partidarias.
Según fuentes del partido, el presidente Abinader asumiría la presidencia del PRM, mientras la Secretaría General —ocupada durante ocho años consecutivos por Carolina Mejía— continúa sin sucesor definido. Gloria Reyes mantiene aspiraciones a esa posición. El diputado Eugenio Cedeño, en cambio, retiró su candidatura al cuestionar que las autoridades se escojan mediante una asamblea de delegados y no por el voto directo de toda la militancia.
La convención de delegados para elegir las nuevas autoridades nacionales y locales se realizará el 2 de agosto. Más de 800 estructuras partidarias, según el secretario nacional de Organización, Deligne Ascención, deberán renovar sus directivas en este proceso. La propuesta original —un año para las autoridades nacionales, dos para las locales— fue modificada para establecer un período uniforme de dos años en todos los niveles. El objetivo declarado: que la próxima renovación interna ocurra en 2028, ya concluidas las elecciones generales de ese año. La organización iniciará además, el 7 de julio, la XXIV Convención Nacional Ordinaria, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera, y las nuevas autoridades serán juramentadas el 5 de septiembre.
«Cuando quien gobierna el país es también quien reescribe las reglas de su partido, la renovación deja de ser interna: se vuelve una extensión del poder que ya se ejerce.»
— Despertar Matinal
Toda reforma estatutaria puede leerse de dos maneras: como un ajuste técnico legítimo o como una maniobra de conveniencia política. En este caso, el momento y el destino de la reforma son difíciles de separar. El PRM no está simplemente «adecuando» sus tiempos internos: está recortando el mandato de su dirección justo antes de que su máximo dirigente —el propio presidente de la República— aparezca como principal candidato a presidirlo. Que la reforma coincida con esa posibilidad no la vuelve automáticamente ilegítima, pero sí exige una pregunta que el partido no ha respondido públicamente: ¿a quién beneficia realmente acortar el período de dos a cuatro años, si no es a quien busca reacomodar el calendario a su propia conveniencia electoral?
La segunda línea crítica tiene que ver con el mecanismo de elección. El PRM optó por una convención de delegados, no por el voto directo de sus más de un millón de afiliados. Esta decisión no es un detalle procedimental: es la que llevó a Eugenio Cedeño a renunciar a su candidatura, señalando —con razón— que las autoridades deberían salir del voto de toda la militancia. Cuando un partido que gobierna con mayoría legislativa y control institucional decide que sus propios dirigentes se escojan en una asamblea reducida y no en una consulta abierta, el mensaje que envía hacia adentro y hacia afuera es el mismo: la democracia interna sigue siendo, en la práctica, un ejercicio de cúpulas.
Y está, finalmente, la cuestión de fondo: la posible doble investidura de Abinader como jefe de Estado y jefe de partido. Esta figura no es inédita en la política dominicana ni en la región, pero tampoco es inocua. Concentrar en una misma persona la conducción del gobierno y la del partido oficialista reduce los contrapesos internos, debilita la posibilidad de disidencia orgánica y convierte al aparato partidario en una extensión directa del Poder Ejecutivo. La opacidad sobre quién ocupará la Secretaría General —posición que ha estado ocho años en las mismas manos— añade otra capa de incertidumbre sobre cuánto de esta «renovación» es realmente apertura y cuánto es reacomodo controlado.
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El PRM tiene el derecho estatutario de reformar sus propias reglas. Lo que no tiene es la posibilidad de exigir que esa reforma se lea sin contexto. Cuando el recorte del mandato coincide, casi al milímetro, con la posible llegada del presidente de la República a la presidencia del partido, la pregunta deja de ser sobre estatutos y pasa a ser sobre poder. ¿Puede una democracia interna sostenerse cuando quien gobierna el país es también quien decide, en última instancia, las reglas de su propio partido?
¿Puede una democracia interna sostenerse cuando quien gobierna el país es también quien decide las reglas de su propio partido?
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