Cuatrocientas familias de Pepillo Salcedo recibieron este sábado sus títulos de propiedad, un documento que en la República Dominicana no debería ser noticia de acto público sino un trámite administrativo ordinario. Pero lo es. Y la pregunta que el discurso oficial evita es doble: ¿por qué tardaron tanto? y, más incómoda todavía, ¿quiénes son exactamente los beneficiarios y bajo qué criterio se determinó que ellos, y no otros, merecían recibir el título primero? El proyecto contempla 740 certificados en total; los 340 restantes, el 46% de las familias, siguen esperando una segunda etapa sin fecha definida ni criterio público de priorización.
Manzanillo lleva décadas señalado como territorio de enorme potencial logístico y portuario, algo que el propio presidente Luis Abinader reconoció al recordar que conoció la zona «siendo muy joven» y que la vio estancarse durante años. El proyecto de desarrollo de Manzanillo incluye una planta eléctrica de más de 400 megavatios ya operativa y otra de 800 megavatios en construcción, además de un muelle turístico anunciado para complementar el puerto de exportación. Sobre ese entramado de infraestructura se monta ahora el programa de titulación de terrenos, ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) junto a la Dirección General de Bienes Nacionales, que intervino 1,122,319 metros cuadrados para hacer posible esta primera fase.
A nivel nacional, la gestión de Abinader —en su segundo mandato, iniciado en agosto de 2024— reporta haber entregado alrededor de 170 mil títulos de propiedad en todo el territorio, cifra que el Gobierno presenta como logro consolidado desde el inicio de su primer mandato en agosto de 2020. Ese acumulado de dos períodos distintos rara vez se desagrega por año, por provincia o por tipo de beneficiario, y esa falta de desagregación es, en sí misma, un problema de transparencia: sin datos abiertos, la cifra de 170 mil funciona como eslogan político, no como indicador verificable de política pública.
El acto en el Polideportivo Municipal de Pepillo Salcedo reunió a buena parte del gabinete y de la clase política de Montecristi: el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora provincial; el senador de la demarcación; diputados; el alcalde municipal. Esa concentración de figuras oficialistas alrededor de un trámite de titulación no es casual: convierte un derecho ciudadano en un evento de proyección política.
«Entregar un título de propiedad no acredita, por sí solo, que el beneficiario lo merezca. Sin un padrón público y auditable, la titulación masiva corre el riesgo de convertirse en reparto discrecional disfrazado de justicia social.»
Pero hay una pregunta más de fondo que ningún medio oficial ha planteado y que Despertar Matinal sí plantea: ¿quién audita el padrón de beneficiarios de estos programas de titulación? Ni el discurso presidencial ni las declaraciones del director de la UTECT, Duarte Méndez Peña, ofrecen un dato elemental: la lista pública y verificable de las 400 personas que recibieron título este sábado, el tiempo que llevaban ocupando o reclamando el solar, y la documentación que sustentó su derecho frente al de otros posibles reclamantes. En procesos de titulación masiva de tierras estatales —una práctica con antecedentes de irregularidades en distintas gestiones dominicanas, no exclusiva de esta administración— el riesgo no es solo la lentitud, sino la posibilidad de que terrenos terminen en manos de personas con vínculos políticos, económicos o familiares con funcionarios locales, en lugar de quienes efectivamente los ocupan o los necesitan. Presuntamente, los «aspectos legales pendientes» que el propio presidente citó como causa del retraso en los 340 títulos restantes podrían incluir disputas de esa naturaleza, pero al no explicarse públicamente, la ciudadanía no tiene forma de descartarlo ni de confirmarlo.
El director ejecutivo de la UTECT afirmó que el mandatario «asumió el compromiso» de este proyecto y que la entrega «honra la palabra empeñada». Es un lenguaje de campaña, no de gestión pública, y elude precisamente lo que debería explicarse: el mecanismo técnico de verificación catastral y socioeconómica que determina quién califica para un título de propiedad estatal y quién no. Un Estado que funciona no debería depender del compromiso personal de un funcionario de turno: debería operar con un marco institucional que audite el mérito y la legitimidad de cada beneficiario, con criterios publicados antes del acto, no explicados después de la fotografía oficial.
Las 400 familias que hoy reciben su documento tienen, sin duda, una razón concreta para el alivio: la propiedad de su solar deja de ser una promesa y pasa a ser un dato registrado. Pero ese alivio individual no debe confundirse con una política de Estado resuelta ni transparente. Quedan 340 familias en Pepillo Salcedo esperando, un país entero con un rezago histórico en titulación de terrenos, y una pregunta que sigue sin respuesta pública: ¿quién verificó, con criterios técnicos y no discrecionales, que estas 400 personas —y no otras— eran las que legítimamente correspondía titular primero?
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Pregunta final: si la titulación de tierras es, como afirma el Gobierno, un acto de justicia social, ¿por qué no existe un padrón público y auditable de beneficiarios que permita a la ciudadanía verificar que quienes reciben los títulos son realmente quienes lo merecen?
¿Por qué no existe un padrón público y auditable que permita verificar que los beneficiarios de los títulos de propiedad son realmente quienes lo merecen?
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