Pasaportes en los aeropuertos: el acuerdo llega sin plazos, sin presupuesto y sin fecha para el pasaporte electrónico

Un acuerdo interinstitucional promete lo que el ciudadano dominicano lleva tiempo esperando: no tener que devolverse a casa por un pasaporte vencido antes de abordar un vuelo. El Departamento Aeroportuario (DA) y la Dirección General de Pasaportes (DGP) firmaron esta semana un convenio para instalar stands de renovación de pasaportes en los aeropuertos de mayor tránsito del país. La noticia se presenta como un paso hacia la modernización. Pero detrás del anuncio institucional queda una pregunta que el comunicado oficial no responde: si el proyecto piloto en Santiago ya está en marcha, ¿por qué recién ahora se formaliza el acuerdo que debía sostenerlo? Y si el compromiso presidencial que se invoca viene de años atrás, ¿qué explica el tiempo transcurrido entre la promesa y la firma!

Un acuerdo que llega después del piloto, no antes

El convenio, rubricado por Víctor Pichardo (DA) y Lorenzo Ramírez Uribe (DGP), plantea instalar stands de pasaportes en los aeropuertos internacionales Las Américas José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón (Puerto Plata), Punta Cana y del Cibao (Santiago). El objetivo declarado es doble: agilizar la renovación del documento y avanzar hacia el pasaporte electrónico biométrico.

Lo que el comunicado institucional no explica con la misma claridad es la secuencia de los hechos. Pichardo reconoció que el proyecto piloto en Santiago ya se había iniciado antes de esta firma, lo que sitúa el acuerdo formal como una ratificación tardía de un proceso operativo previo, no como el punto de partida que la narrativa oficial sugiere. Tampoco se precisó cuándo comenzó ese piloto, ni qué resultados ha arrojado hasta ahora en materia de tiempos de espera, volumen de trámites o incidencias.

El acuerdo se produce durante el segundo mandato de Luis Abinader, iniciado en agosto de 2024, y se enmarca en un discurso de modernización institucional que la administración ha repetido desde su primer periodo (agosto 2020–2024). Ramírez Uribe citó directamente un «requerimiento» presidencial como origen del proceso, sin que el comunicado especifique en qué momento se emitió esa instrucción ni si corresponde al primer o al segundo mandato. Esa imprecisión no es un detalle menor: diluye la trazabilidad de una promesa que debería tener fecha, responsable y plazo de cumplimiento verificables.

Lo que el acuerdo no dice: costos, cronograma y control ciudadano

El texto institucional describe compromisos amplios: el DA se obliga a «estandarizar y normalizar procedimientos» y «brindar facilidades» en sus instalaciones; la DGP se compromete a «ofrecer los servicios de renovación» e «implementar el proceso» del pasaporte electrónico. Son enunciados de intención, no metas medibles. No hay fecha de arranque para los cuatro aeropuertos restantes, no hay presupuesto estimado para la instalación de los stands, y no hay indicador alguno que permita a la ciudadanía verificar, en seis meses o un año, si el acuerdo se cumplió o quedó en comunicado de prensa.

Esta ausencia de métricas es un patrón que Despertar Matinal ha señalado en otros anuncios de modernización institucional: se presenta el paso como logro consumado —»hito», en palabras del propio director de la DGP— sin que exista todavía un solo stand operativo fuera del piloto de Santiago. Llamar hito a una firma de intenciones, antes de que el servicio exista en la práctica para el ciudadano promedio, es adelantar el aplauso al resultado.

Tampoco se explica qué ocurre con la seguridad y trazabilidad de los datos biométricos que se recogerán en instalaciones aeroportuarias operadas por concesionarios privados. El acuerdo menciona «estándares internacionales de seguridad», pero no detalla auditorías, supervisión externa ni mecanismos de reclamo para el usuario si el trámite falla o el dato personal se ve comprometido.

Modernizar no es solo anunciar

Facilitar la renovación de pasaportes en los aeropuertos es, en sí mismo, un objetivo razonable y necesario: ningún viajero debería perder un vuelo por un documento vencido cuando existe la tecnología para resolverlo en minutos. El problema no está en la meta, sino en el hábito de presentar cada acuerdo como logro terminado cuando apenas es un punto de partida sin fecha de llegada.

Mientras el gobierno —en su segundo mandato desde agosto de 2024, heredero de compromisos que se remontan a su primer periodo (2020-2024)— celebra la firma como un hito de modernización, el ciudadano sigue sin saber cuándo, cuánto costará y bajo qué garantías operará el nuevo sistema de pasaporte electrónico en los aeropuertos que aún no tienen fecha.