Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completo“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
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Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió este lunes que el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes haitianos, combinado con la reducción de estudiantes dominicanos y el aumento de niños sin cupo en las escuelas públicas, evidencia una presión creciente sobre el sistema educativo nacional y una falta de planificación que, a su juicio, el Gobierno debe enfrentar con urgencia.
Fernández señaló que en apenas 17 años las aulas dominicanas pasaron de registrar aproximadamente un estudiante haitiano por cada 100 dominicanos a uno por cada 13, mientras la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de poco más de 25 mil en 2007 a más de 205 mil en 2025.
“Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos”, expresó.
El legislador sostuvo que el derecho a la educación reconocido por la Constitución dominicana no puede utilizarse como argumento para renunciar a una política migratoria ordenada.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no está en discusión. Pero precisamente porque tenemos obligaciones que cumplir dentro de nuestro territorio, el Estado también tiene la obligación de controlar quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones permanece en República Dominicana”, afirmó.
Fernández insistió en la necesidad de fortalecer y blindar la frontera, al considerar que una política migratoria desordenada termina trasladando sus consecuencias a los hospitales, la seguridad ciudadana, las finanzas públicas y las escuelas.
El senador llamó particularmente la atención sobre el contraste entre el crecimiento de la matrícula haitiana y la reducción de estudiantes dominicanos.
“Mientras más de 180 mil estudiantes haitianos se incorporaban adicionalmente a nuestras escuelas, 141 mil 500 estudiantes dominicanos dejaron de estar en las aulas. Repito: 180 mil estudiantes haitianos más y 141 mil estudiantes dominicanos menos. Son números que el país tiene la obligación de mirar con seriedad”, enfatizó.
Fernández recordó, que impulsó en el congreso el aumento de prisión y la prohibición de nombramientos a funcionarios públicos sean condenados por delito de trata y tráfico de personas.
“Yo asumí mi responsabilidad desde el Congreso. Logramos, con el respaldo de legisladores de distintos partidos, que un funcionario que se preste al tráfico ilícito de migrantes pueda enfrentar hasta 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mi propuesta original era que esa inhabilitación fuera de por vida”, sostuvo.
Agregó que, de acuerdo con los datos oficiales utilizados en su análisis, el 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros registrado durante ese período corresponde a nacionales haitianos, por lo que entiende que no se trata de una preocupación basada en percepciones, sino en la evolución de las cifras.
El senador también cuestionó el desempeño del programa implementado por el Gobierno para colocar temporalmente en colegios privados, mediante bonos o cupones, a estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas.
Recordó que la medida fue presentada en 2022 como una solución transitoria mientras se construían las aulas necesarias, pero aseguró que tres años después la cantidad de estudiantes sin cupo se había triplicado, al igual que la presión económica del programa sobre el presupuesto público.
“Hay una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿cómo puede haber menos estudiantes dominicanos, menos matrícula pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin cupo? ¿Cómo llegamos al punto de tener que utilizar dinero público para comprar espacios en colegios privados porque nuestras escuelas no pueden absorber la demanda?”, cuestionó.
Fernández afirmó que esa contradicción refleja simultáneamente las consecuencias de una política migratoria insuficiente y las debilidades de planificación del sistema educativo.
“Así es como se ve el impacto de una migración desordenada sobre nuestro sistema educativo. Así se ve la falta de planificación cuando nuestros niños no encuentran espacio en la educación pública que sus propios padres financian con esfuerzo y con impuestos”, manifestó.
Aseguró que el país debe evitar que el incremento constante del gasto público termine funcionando únicamente como respuesta coyuntural, sin producir transformaciones estructurales.
“Así es como vemos el dinero de los ciudadanos escaparse sin producir una transformación real de la sociedad que nos permita avanzar hacia el desarrollo”, dijo.
Al pronunciarse con motivo del inicio del año escolar, Fernández llamó al Gobierno y a la sociedad dominicana a discutir el problema sin evasiones y a construir soluciones que combinen control migratorio, planificación educativa, expansión de infraestructura escolar y protección efectiva de los recursos públicos.
