Santo Domingo.— El dinero sucio no llega a la política a punta de pistola. Llega con trajes, con candidatos, con estructuras de campaña que nadie fiscaliza. Esa fue, en esencia, la advertencia que lanzó el politólogo costarricense Daniel Zovatto desde el Tribunal Superior Electoral (TSE), en una conferencia que, por el contenido que cargaba, debió incomodar a más de uno en la sala.
El diagnóstico: el narco compra lo que la política no protege
Zovatto fue directo: el crimen organizado y el narcodinero están penetrando los sistemas democráticos, y lo hacen con mayor facilidad allí donde las reglas del financiamiento político son laxas o simplemente no se cumplen. Señaló específicamente los sistemas de voto preferente como vectores de infiltración, donde candidatos individuales, convertidos en lo que describió como «Pymes electorales», operan al margen del control partidario y quedan expuestos —o abiertos— a recursos de procedencia ilícita.
La advertencia no es nueva en el plano académico. Lo que resulta relevante es el escenario en el que se pronunció: un tribunal electoral en un país que, según observadores nacionales e internacionales, presenta déficits persistentes en la transparencia del financiamiento de campañas.
Casi cinco años de gobierno: ¿qué se hizo con la advertencia?
El gobierno del presidente Luis Abinader cumplirá en agosto de 2025 su quinto año en el poder, habiendo llegado con un discurso de modernización institucional y lucha contra la corrupción. La pregunta que el planteamiento de Zovatto obliga a formular es incómoda pero necesaria: ¿qué reformas concretas se han impulsado para blindar el sistema político dominicano frente a la infiltración del crimen organizado en el financiamiento electoral?
De acuerdo con informes de organizaciones como Participación Ciudadana, la fiscalización del financiamiento de partidos y campañas continúa siendo una asignatura pendiente. La Ley de Partidos Políticos vigente establece mecanismos de control, pero según fuentes especializadas en derecho electoral, su aplicación efectiva ha sido irregular y los órganos competentes carecen de los recursos técnicos y la autonomía real para auditarlo con rigor.
En paralelo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público han reportado operativos contra estructuras del narcotráfico, algunos con vínculos presumibles —según expedientes judiciales en curso— con actores del entorno político municipal. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna acusación formal concluida que establezca nexos verificados entre financiamiento narco y candidaturas específicas a nivel nacional. Lo que sí existe son señalamientos, patrones y expedientes abiertos que la justicia dominicana no ha resuelto con la celeridad que la gravedad del asunto exigiría.
Las instituciones del siglo XIX gobernando el siglo XXI
Zovatto formuló una crítica estructural que va más allá de la coyuntura: es absurdo intentar gobernar sociedades del siglo XXI con instituciones diseñadas en los siglos XVI y XIX. En el contexto dominicano, esa afirmación adquiere una dimensión específica: el marco legal que regula la política, los partidos y el financiamiento electoral fue construido en una época en que el crimen organizado transnacional no era el actor de poder que es hoy.
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Las reformas institucionales prometidas por la actual administración —incluyendo modificaciones al sistema de justicia y a los mecanismos anticorrupción— han tenido avances parciales y desiguales. El discurso de transformación institucional no siempre ha encontrado correlato en las estructuras de poder reales, donde la lógica clientelar y la opacidad financiera persisten como instrumentos de reproducción política.
Blindar los organismos electorales: el TSE bajo presión silenciosa
El politólogo también llamó a proteger a los organismos electorales de los ataques y del negacionismo cuando cumplen su función con integridad. En República Dominicana, el TSE y la Junta Central Electoral (JCE) han enfrentado cuestionamientos recurrentes —desde distintos sectores— sobre su independencia real respecto al partido en el poder. Sin caer en afirmaciones categóricas, lo que sí es observable es un patrón: las instituciones electorales dominicanas operan bajo una presión estructural que no ha sido resuelta por ningún gobierno, y el actual no es la excepción.
La designación de sus autoridades, el presupuesto que reciben y el acceso a información de financiamiento partidario siguen siendo puntos de tensión que ninguna reforma ha abordado de forma integral.
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La democracia no se sostiene sola: el aviso que nadie quiere escuchar
Zovatto cerró con una frase que debería resonar más allá del auditorio: «La democracia no se sostiene sola; depende de quienes creen en ella y sobre todo de quienes estén dispuestos a defenderla y hacerla funcional.»
En un país donde la desconfianza institucional se ha profundizado —según mediciones del Latinobarómetro, la confianza en los partidos políticos en la región lleva más de una década en caída sostenida—, esa afirmación no es retórica. Es un diagnóstico.
Sin regulación efectiva del dinero en la política, sin fiscalización real del financiamiento electoral y sin voluntad política para confrontar los vínculos entre crimen organizado e instituciones, la advertencia de Zovatto no será la última. Será solo una más, pronunciada en un salón elegante, aplaudida con cortesía y olvidada con comodidad.
La pregunta que queda abierta es tan simple como urgente: ¿quién en este gobierno tiene la disposición real —no la retórica— de cerrarle la puerta al narco antes de que ya no haga falta tocar?
