SANTO DOMINGO.— Reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos no es austeridad: es escenografía. Esa es, en esencia, la advertencia lanzada esta semana por José Peña Santana, dirigente de la Fuerza del Pueblo, quien cuestionó públicamente que el Gobierno presente esa medida como un gesto de sacrificio nacional mientras —según señala— el verdadero sangrado presupuestario permanece sin cirugía.
El recorte que no corta lo que duele
El anuncio gubernamental de reducir en un 50 % los recursos destinados al financiamiento de los partidos políticos generó titulares favorables al oficialismo. Pero las cifras colocan esa decisión en perspectiva: el financiamiento público a los partidos representa una fracción marginal del presupuesto nacional frente a renglones como el gasto corriente del Estado, las nóminas administrativas, la publicidad oficial y las consultorías, cuya utilidad concreta pocas veces se somete a escrutinio público.
Según Peña Santana, «la estabilidad fiscal no se construye debilitando el pluralismo democrático ni restringiendo la capacidad operativa de la oposición. Se construye administrando correctamente el Estado, fortaleciendo los controles internos y cerrando las filtraciones que durante años han drenado recursos públicos sin consecuencias reales».
La pregunta que queda flotando es legítima: ¿por qué comenzar la austeridad por donde el impacto financiero es menor?
Casi cinco años después: ¿qué muestra el gasto público?
El Gobierno del presidente Luis Abinader lleva casi cinco años en el poder, período durante el cual asumió compromisos explícitos de transparencia, eficiencia administrativa y racionalización del Estado. Sin embargo, de acuerdo con informes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el gasto corriente del Gobierno Central ha mostrado una tendencia sostenida al alza. Entre 2021 y 2024, las partidas destinadas a remuneraciones y bienes y servicios del sector público han crecido de forma consistente, según cifras del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Al mismo tiempo, presupuestos institucionales de organismos con funciones de control —como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas— han operado con recursos que, según análisis de organizaciones de la sociedad civil, no siempre guardan proporción con la magnitud de lo que deben fiscalizar.
Casi cinco años después: ¿qué muestra el gasto público?
El Gobierno del presidente Luis Abinader lleva casi cinco años en el poder, período durante el cual asumió compromisos explícitos de transparencia, eficiencia administrativa y racionalización del Estado. Sin embargo, de acuerdo con informes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el gasto corriente del Gobierno Central ha mostrado una tendencia sostenida al alza. Entre 2021 y 2024, las partidas destinadas a remuneraciones y bienes y servicios del sector público han crecido de forma consistente, según cifras del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
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Esto no constituye, por sí solo, evidencia de irregularidad. Pero sí plantea una contradicción observable entre el discurso de austeridad y la dirección real del gasto.
Las instituciones recaudadoras: sensibilidad que no admite improvisación
Peña Santana amplió su señalamiento hacia un flanco particularmente delicado: las instituciones responsables de la recaudación y el comercio exterior. En un país donde la presión tributaria sigue siendo inferior al promedio latinoamericano —según datos de la CEPAL y la OCDE—, la eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y organismos vinculados a puertos y aeropuertos resulta estratégica para el equilibrio fiscal.
«Las instituciones recaudadoras no pueden convertirse en espacios de experimentación administrativa ni de aprendizaje sobre la marcha», afirmó el dirigente opositor, en una referencia que, aunque no nombra funcionarios específicos, apunta a decisiones de designación en áreas técnicas sensibles.
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Pequeñas distorsiones en controles aduaneros, según reconocen expertos en comercio internacional, pueden traducirse en pérdidas millonarias para el fisco, que a su vez reducen la capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. ¿Existen auditorías recientes que evalúen el desempeño de estos organismos bajo la actual gestión? Esa información debería estar disponible para la ciudadanía.
El verdadero mapa del gasto improductivo
El señalamiento de Peña Santana no es nuevo en su forma, pero sí resulta oportuno en su momento. Entre los renglones que analistas independientes han identificado repetidamente como focos de ineficiencia estructural en el Estado dominicano figuran:
- Nóminas administrativas sobredimensionadas, con cargos que se multiplican sin que su función sea claramente justificable ante el ciudadano.
- Publicidad oficial que, según organizaciones de monitoreo de medios, absorbe recursos significativos del presupuesto, frecuentemente sin licitación pública transparente.
- Consultorías y asesorías externas contratadas en áreas donde el Estado ya cuenta con personal técnico.
- Endeudamiento para obras cuya rentabilidad social —según evaluaciones de organismos multilaterales— no siempre responde a criterios de prioridad ciudadana.
Ninguno de estos renglones aparece en el paquete de austeridad anunciado hasta ahora.
Lo que está en juego para la ciudadanía
La discusión sobre austeridad no es un debate entre élites políticas. Es una disputa sobre quién paga el costo del ajuste fiscal. Cuando el Estado recorta transferencias sociales, congela salarios públicos o reduce inversión en salud y educación antes de atacar el gasto improductivo interno, el peso del ajuste recae, de forma desproporcionada, sobre los sectores de menor ingreso.
La coherencia entre discurso y acción es, en este contexto, una exigencia ciudadana, no una cortesía política.
las preguntas que el Gobierno debe responder
La posición de Peña Santana —más allá del partido que representa— instala interrogantes que el oficialismo está en obligación de responder con datos:
¿Cuánto ha crecido la nómina del Poder Ejecutivo entre 2020 y 2025? ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a publicidad oficial y bajo qué mecanismos de control? ¿Cuál es el rendimiento auditable de las instituciones recaudadoras en los últimos dos años? ¿Existe un plan concreto para reducir el gasto corriente antes de imponer sacrificios a partidos, empleados públicos o beneficiarios de programas sociales?
La austeridad que no incomoda al poder raramente resulta útil para el pueblo. Y una medida que genera buenos titulares sin tocar las causas reales del déficit no es política fiscal: es administración de imagen.
