Cada cierto tiempo, el Estado dominicano anuncia una nueva alianza para «modernizar el campo». Esta semana fue el turno de la mecanización agropecuaria: el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) firmaron la Adenda núm. 02 al convenio MARD-IICA, ampliando el Programa Nacional para la Mecanización de la Producción Agrícola (Pronamec). El anuncio llega envuelto en el lenguaje habitual: «eficiencia», «innovación», «competitividad». Pero detrás del comunicado institucional, persiste la misma pregunta que acompaña a buena parte de los anuncios del actual gobierno: ¿con qué dinero, en qué plazo y bajo qué indicadores se medirá esta supuesta modernización del sector agropecuario?
La firma se produce en el marco de la gestión del ministro Francisco Oliverio Espaillat, bajo la administración de Luis Abinader, quien gobierna al país desde agosto de 2020 y actualmente cursa su segundo mandato consecutivo, iniciado en agosto de 2024. El Pronamec no es un programa nuevo: forma parte de una cooperación técnica sostenida entre el Ministerio de Agricultura y el IICA que se ha renovado en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años, y esta adenda representa una ampliación más de ese marco preexistente, no el lanzamiento de una política inédita.
Según el comunicado oficial, la representante del IICA, Gabriela Quiroga Gilardoni, destacó que República Dominicana «se ha convertido en un referente para otros países de la región» en materia de mecanización agropecuaria. Es una afirmación de peso —y precisamente por eso amerita sustento. Ningún referente regional se valida solo con un comunicado institucional; se valida con datos comparables: hectáreas efectivamente mecanizadas, inversión ejecutada frente a la comprometida, número real de productores beneficiados y resultados medidos frente a gobiernos anteriores. Nada de eso aparece en el anuncio.
El primer problema es la ausencia de una base de comparación seria. Hablar de avances en mecanización agropecuaria sin especificar frente a qué periodo, con qué metodología o bajo qué fuente verificable se mide ese progreso, convierte al anuncio en una afirmación de fe institucional, no en un dato de política pública. Si el país es hoy «un referente regional», la pregunta obligada es: ¿referente en comparación con qué año base, y según qué organismo independiente lo certifica? El propio IICA, cofirmante del convenio, difícilmente puede ser al mismo tiempo evaluador imparcial de los resultados que ayuda a ejecutar.
El segundo problema es la opacidad del dato. El comunicado no revela el monto de la inversión asociada a esta adenda, ni el número de productores que se espera beneficiar, ni un cronograma de ejecución verificable. Se habla de «fortalecer capacidades institucionales» y «ampliar el alcance» del programa, pero sin cifras que permitan a la ciudadanía —y a los propios productores— fiscalizar si lo prometido se cumple. Un Estado que se autoevalúa positivamente sin publicar los indicadores que sustentan esa evaluación no está rindiendo cuentas: está haciendo relaciones públicas.
El tercer problema es estructural: la modernización del sector agropecuario dominicano no se resuelve con adendas sucesivas a un mismo convenio de cooperación técnica. El campo dominicano arrastra desafíos de fondo —acceso al crédito, infraestructura de riego, encadenamientos productivos, envejecimiento de la fuerza laboral agrícola— que no se atienden únicamente con la incorporación de tecnología de precisión. Presentar cada renovación de un convenio existente como un hito de innovación es, cuando menos, una forma de inflar retóricamente logros que aún no han sido medidos ni auditados de forma independiente.
La mecanización agropecuaria puede ser, en efecto, una vía real para modernizar el campo dominicano. Pero un convenio ampliado no equivale a un resultado comprobado, y un comunicado de prensa no sustituye a una auditoría pública. Mientras el Estado siga midiendo sus propios logros sin publicar los datos que los sustentan, la ciudadanía seguirá teniendo que creer en la palabra del funcionario de turno, en lugar de verificar la cifra.
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