Extracto:
SANTO DOMINGO, República Dominicana
El Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, presidido por el profesor Juan Valdez, reveló que más de 500.000 niños del nivel inicial permanecen excluidos del sistema educativo dominicano durante año escolar 2024-2025, evidenciando que acuerdos de política educativa y asignación de recursos no han logrado revertir problemas estructurales que limitan asistencia y rendimiento de millones de estudiantes. El informe, basado en análisis del Anuario de Estadísticas Educativas Oficiales del Ministerio de Educación, expone dimensión de crisis que trasciende cifras oficiales optimistas y plantea interrogantes sobre efectividad del histórico 4% del PIB destinado al sector.
La exclusión de más de medio millón de infantes se concentra desproporcionadamente en edades tempranas: más del 60% de niños de 1 a 2 años carecen de cobertura escolar, mientras 3% de niños de nivel inicial de 3 a 5 años permanecen fuera del sistema. Apenas 392.892 de más de medio millón de niños en edad inicial están matriculados, déficit que genera consecuencias acumulativas sobre desarrollo cognitivo, socialización y preparación para etapas educativas posteriores, perpetuando ciclos de desventaja educativa en poblaciones vulnerables.
«En 2025, los acuerdos de política educativa y la asignación de recursos no han logrado revertir los problemas estructurales que cada año limitan la asistencia y el rendimiento de millones de estudiantes» — Juan Valdez, Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa
Caída de cobertura y asistencia en todos los niveles
La cobertura escolar en niveles primario y secundario registró disminución de 2% entre períodos 2019-2020 y 2024-2025, retroceso que contradice narrativa oficial sobre avances del sistema educativo durante administración actual. En 2019-2020, nivel inicial de 3 a 5 años alcanzaba cobertura de 57.1%, primaria 94.9% y secundaria 72.1%. Para 2024-2025, nivel inicial ascendió levemente a 61.3%, pero primaria cayó a 92.8% y secundaria descendió a 71.6%, representando disminución de 2.1% en primaria y 0.5% en secundaria.
Las escuelas públicas perdieron 43.686 estudiantes en el período, pasando de 2.105.747 en 2019-2020 a 2.062.061 en año escolar 2025-2026. Esta hemorragia de matrícula sugiere migración hacia sector privado de familias con capacidad económica o, más preocupante, abandono total del sistema educativo por parte de población vulnerable que enfrenta barreras de acceso: distancia geográfica, costos ocultos de educación supuestamente gratuita, necesidad de trabajo infantil para contribuir a economías familiares precarias o ausencia de infraestructura adecuada en comunidades marginadas.
Descenso dramático de tasas de asistencia
La tasa de asistencia para niños de 5 años experimentó caída más dramática, descendiendo de 97.1% a 92.6%, descenso de 4.5% que representa decenas de miles de infantes ausentes de aulas. La asistencia para niños de 6 a 11 años cayó de 96.2% a 93.7% (baja de 2.5%), mientras adolescentes de 12 a 17 años también registraron reducción de 87.1% a 85.4% (diferencia de 1.7%). Estos descensos transversales evidencian factores sistémicos más allá de problemáticas puntuales: deficiencias de transporte escolar, inseguridad ciudadana en trayectos, ausencia de alimentación escolar universal efectiva y deterioro de infraestructura que vuelve espacios educativos poco atractivos o directamente inhóspitos.
Especialistas en política educativa advierten que descensos en asistencia, aunque porcentualmente moderados, representan cientos de miles de días de clase perdidos que impactan acumulativamente sobre aprendizajes básicos. Rosario Vásquez, investigadora del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), señala: «Cada punto porcentual de caída en asistencia representa deserción potencial futura. Niños que faltan sistemáticamente desarrollan desconexión con proceso educativo que raramente se revierte sin intervenciones específicas».
Déficit de infraestructura y subejecución presupuestaria crítica
El informe documenta déficit de 5.960 aulas en escuelas públicas, causa directa de sobrepoblación escolar y exclusión de cientos de miles de niños que enfrentan rechazo por falta de cupos. Esta carencia estructural contradice retórica oficial sobre priorización de educación mediante asignación constitucional de 4% del PIB, revelando brecha entre recursos asignados y capacidad de ejecución efectiva que se traduce en mejoras tangibles para estudiantes y docentes.
Valdez documenta subejecución presupuestaria escandalosa: a solo cuatro semanas de finalizar año 2025, 50% del presupuesto destinado a construcción y reparación de escuelas permanece sin ejecutar, parálisis administrativa que deja miles de estudiantes en aulas sobrepobladas, estructuras deterioradas o directamente sin acceso a educación formal. En términos económicos, presupuesto del 4% muestra subejecución de más de RD$24.300 millones (equivalente a 7.9%), con ejecución total situada en apenas 83.8%.
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Ampliación de brecha público-privada en rendimiento
El rendimiento académico exhibe declive sostenido con ampliación notoria de brecha entre sector público y privado, evidenciando que recursos adicionales no se traducen en mejoras de calidad educativa medibles. La tasa de reprobación y abandono se disparó de 1.41% en 2019-2020 a 4.74% en 2024-2025, más que triplicándose en cinco años y señalizando colapso de mecanismos de retención estudiantil y apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje.
En Pruebas Nacionales, promedio de calificación de estudiantes del sector público disminuyó progresivamente durante últimos cinco años, cayendo 1.35 puntos: de 59 puntos en 2022 a 57.65 en 2025. Esta tendencia descendente persiste pese a incrementos presupuestarios, capacitaciones docentes anunciadas y programas de mejora curricular, sugiriendo que intervenciones implementadas no abordan causas fundamentales de bajo rendimiento: formación docente deficiente, ausencia de acompañamiento pedagógico efectivo, currículos desconectados de realidades estudiantiles y sistemas de evaluación que no informan mejoras instructivas.
Actores clave y ausencia de rendición de cuentas
El Ministerio de Educación, liderado por Ángel Hernández, no ha emitido respuesta oficial al informe del Colectivo Ciudadano, patrón de silencio ante críticas documentadas que caracteriza gestión educativa dominicana donde rendición de cuentas pública sobre resultados permanece ausente. Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y Coalición Educación Digna han señalado reiteradamente deficiencias similares sin que autoridades implementen correctivos estructurales, evidenciando captura política del sector donde cambios de gestión no alteran dinámicas de ineficiencia e inequidad sistémicas.
Padres y madres organizados en asociaciones escolares reportan frustración ante promesas incumplidas de mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios complementarios como alimentación escolar y transporte. Carmen Rodríguez, presidenta de Asociación de Padres de escuela pública en sector vulnerable de Santo Domingo Norte, declara: «Nos dicen que hay presupuesto récord, pero mis hijos siguen en aulas sin ventiladores con 45 compañeros, sin libros actualizados y maestros que faltan porque no tienen transporte», testimonio que ilustra desconexión entre narrativas oficiales y realidades cotidianas de comunidades educativas.
Implicaciones para cohesión social y movilidad económica
La exclusión de más de medio millón de niños del sistema educativo y deterioro de calidad para quienes logran acceso comprometen fundamentos de cohesión social y movilidad económica intergeneracional. República Dominicana enfrenta riesgo de consolidar sociedades paralelas: élites educadas en sector privado de calidad variable pero superior, y mayorías condenadas a educación pública deficiente que no provee herramientas para competir en mercados laborales formales cada vez más exigentes en habilidades cognitivas y técnicas.
Organismos internacionales como Banco Mundial y UNESCO han advertido que países que no logran educación básica universal de calidad enfrentan trampas de desarrollo de largo plazo: baja productividad laboral, dependencia de sectores económicos de bajo valor agregado, vulnerabilidad ante cambios tecnológicos y erosión de legitimidad institucional cuando ciudadanía percibe que Estado no cumple funciones fundamentales de provisión de servicios públicos esenciales.
La crisis educativa documentada por el Colectivo Ciudadano no constituye falla técnica corregible mediante ajustes administrativos marginales, sino evidencia de fracaso estructural de sistema político dominicano incapaz de traducir recursos históricos del 4% constitucional en transformación real de vidas de millones de niños que merecen oportunidades educativas de calidad como derecho fundamental, no como privilegio reservado a quienes pueden pagar alternativas privadas o sobrevivir en escuelas públicas que funcionan pese a negligencia institucional sistemática.
La educación define el futuro de una nación: condenar a medio millón de niños a la exclusión escolar y millones más a educación deficiente es sentenciar a República Dominicana a perpetuar desigualdad, pobreza y subdesarrollo como condiciones permanentes, no transitorias.
