El presidente del PVN pide que se eliminen 26 partidos minoritarios que acceden a fondos en contra de la Ley Núm. 33-18.
Nacional. El presidente del Proyecto Visión Nación (PVN) José Cristopher Ramírez advirtió este jueves que se levanta contra un sistema de diez partidos políticos que se benefician del erario por medio del financiamiento electoral y supuestamente, enriquecerse por medio de los impuestos de los contribuyentes.
Asimismo, denunció que la familia Castillo, teniendo como eje a Vincho y a sus hijos no califican, “hay que investigar si realmente califican, los Vincho no están sacando un voto aquí y está en riesgo la personería jurídica. Estamos pidiendo un saneamiento y cruce de datos”.
El ciudadano depositó ante el Tribunal Superior Electoral (ESTE) una demanda mediante la cual solicitó que se eliminen 26 partidos políticos porque supuestamente no cumplen con el porcentaje mínimo del 1% que establece la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones en su artículo 75.
“Esta sentencia le rechaza al Partido Cívico Renovador fondos del erario público”, la sentencia explica que no por obtener un regidor o diputado se puede acceder a financiamiento.
El conflicto nace tras las elecciones generales de 2024 en la República Dominicana. En estos comicios, una gran cantidad de partidos minoritarios y movimientos políticos acudieron aliados a las fuerzas mayoritarias o de manera independiente.
Al consolidarse los resultados oficiales emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), quedó en evidencia que 33 organizaciones políticas minoritarias no alcanzaron de manera individual el umbral mínimo del 1% de los votos válidos. Pese a esto, la JCE mantuvo su estatus legal y aprobó la distribución de la contribución económica del Estado para estas agrupaciones. Ante esta situación, Ramírez y su organización, PVN, inició una batalla judicial para impugnar lo que consideran una violación directa al marco legal dominicano.
¿Qué es lo que exige?
Ramírez ha presentado demandas ante el TSE y el Tribunal Constitucional exigiendo tres medidas principales:
Cancelación de la personería jurídica: Que se anule el reconocimiento legal de las 33 agrupaciones políticas minoritarias.
Retención inmediata de fondos públicos: Que se ordene a la JCE suspender y bloquear la entrega de cientos de millones de pesos previstos para estas agrupaciones.
Aplicación estricta de la Ley 33-18: Exige el cumplimiento riguroso del artículo 75el cual detalla que la falta de obtención de un porcentaje mínimo de sufragios es causa directa para la pérdida del reconocimiento legal. Pide que no se utilicen «criterios técnicos» o flexibilizaciones administrativas que actúen por encima de la ley
¿Por qué lo exige?
Las motivaciones de Ramírez se fundamentan en tres pilares:
Falta de respaldo popular real: Argumenta que los partidos políticos existen para representar las corrientes de opinión de los ciudadanos. Si una organización no logra convencer ni al 1% del electorado en las urnas, significa que carece de una base social real y no cumple su función democrática.
El «negocio» de los partidos minoritarios: Denuncia públicamente que muchas de estas pequeñas agrupaciones operan como empresas familiares o particulares diseñadas únicamente para captar recursos estatales, convirtiéndose en una carga financiera innecesaria para un país con necesidades económicas urgentes.
Preservar la integridad y equidad del sistema: Sostiene que permitir la supervivencia legal de partidos sin votos crea un desequilibrio y vulnera el principio de legalidad. Para él, depurar el sistema de partidos es indispensable para garantizar una democracia transparente, limpia y responsable con los recursos del pueblo.
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