El año escolar 2025-2026 ya cerró y el Ministerio de Educación (MINERD) todavía no explica cómo un proceso presupuestado en 1,300 millones de pesos terminaría costando, según cálculos del propio sector educativo, hasta 20,000 millones. Tampoco ha entregado el contrato firmado con la empresa que ejecutó la Evaluación de Desempeño Docente, pese a que la solicitud fue hecha por la vía formal que establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. La pregunta que el ministerio no ha respondido es simple: ¿por qué tardaron meses en entregar un documento que, por ley, es público?
Lo que dicen los números oficiales y lo que denuncia el sector
«Los evaluadores no recibieron los entrenamientos para ir donde los docentes, sin embargo, están pregonando que terminaron la evaluación y faltan miles por evaluar.»
Según el portal de transparencia gubernamental, el MINERD tenía registrados 1,300 millones de pesos para el pago de incentivos derivados de la Evaluación de Desempeño Docente. De esos, ya se habrían ejecutado 1,200 millones. El problema, de acuerdo con Juan Valdez —presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, director ejecutivo del Observatorio Educativo y presidente de Dominican Republic TESOL—, es que la cifra real necesaria para saldar los incentivos a los docentes evaluados rondaría los 20,000 millones de pesos, un monto que nunca fue reservado en el presupuesto.
errera por RNN Canal 27, también denunció que el proceso de evaluación se ejecutó con un solo instrumento, cuando el compromiso original —según su versión— era aplicar 102 instrumentos diferenciados por nivel y modalidad educativa: primaria, inicial, educación especial y las distintas áreas curriculares. Ninguno de esos instrumentos específicos fue desarrollado, de acuerdo con su denuncia.
El Anuario de Estadísticas Educativas 2024, publicado por el propio MINERD en diciembre pasado, es la fuente que Valdez invita a consultar para contrastar la narrativa oficial: según él, la tasa de aprobación escolar actual es menor que la registrada hace siete años.
Base de comparación. El punto de referencia no es una opinión aislada: es el propio anuario estadístico del MINERD, contrastado contra el presupuesto publicado en el portal de transparencia. Cuando la institución que genera los datos oficiales es también la señalada por manejar cifras que no cuadran, la comparación deja de ser un ejercicio retórico y se convierte en una exigencia de rendición de cuentas.
Fallo implícito. Si el compromiso era aplicar 102 instrumentos de evaluación diferenciados y solo se ejecutó uno de carácter universal, la evaluación no midió lo que decía medir. Un instrumento único no puede capturar las particularidades de un docente de educación inicial frente a uno de educación especial o de secundaria. El fallo no está solo en el gasto: está en el diseño mismo del proceso.
Opacidad del dato. La brecha entre los 1,300 millones registrados y los 20,000 millones que Valdez calcula como costo real no tiene, hasta el momento, ninguna explicación pública del MINERD. Tampoco hay respuesta a la solicitud de acceso al contrato con la empresa evaluadora. Mientras ese documento no se entregue, cualquier cifra —la oficial o la denunciada— queda sin poder verificarse de forma independiente.
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El año escolar terminó, miles de docentes siguen sin evaluar y el MINERD no ha aclarado ni el monto real del proceso ni por qué retiene un contrato que, por ley, debería ser público. No hay ceremonia ni cifra de cierre que resuelva eso. Lo que queda es una institución que debe explicaciones y una solicitud de información pública que sigue sin respuesta.
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