Dos instituciones públicas que arrastran señalamientos por presuntos manejos irregulares se sientan a hablar de cooperación, innovación y transformación digital, como si las auditorías que las rondan fueran un simple trámite paralelo. La escena —firmas, sonrisas, discursos sobre «fortalecer alianzas»— tiene algo de guion ya visto: la coreografía institucional que en otros países terminó siendo el terreno fértil de esquemas como el que retrató la serie El Mecanismo, donde el lenguaje de la eficiencia y la modernización convivía, sin contradicción aparente, con estructuras de desvío de fondos y clientelismo político. No se afirma que ITLA y SeNaSa repitan ese guion; se advierte que la superposición de calendarios —reunión institucional mientras corren procesos de investigación— exige más transparencia de la que hasta ahora se ha ofrecido.
El encuentro entre el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas, Jimmy Rosario Bernard, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Eduardo Guzmán, se produjo para revisar y ampliar el convenio de colaboración interinstitucional, con énfasis en el proyecto ProtoScanner y en jornadas de afiliación para empleados del ITLA sin cobertura de salud. Nada de esto es objetable en sí mismo. El problema es el contexto que ambas instituciones prefieren no mencionar en sus comunicados.
SeNaSa viene de ser el centro de la Operación Cobra, que según reportes periodísticos destapó un desfalco superior a los RD$15,000 millones, con imputaciones que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos y estafa contra el Estado dominicano. El ITLA, por su parte, atraviesa un proceso propio: en febrero de 2026, reportajes de investigación revelaron que un grupo de empleados de la institución realizaba aportes periódicos, presuntamente bajo presión, para sostener el movimiento político «Jóvenes Unidos por el Cambio», fundado por el entonces rector Rafael Féliz García. Cinco días después de conocerse la denuncia, el presidente Luis Abinader destituyó a Féliz García. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental abrió una investigación, y la Cámara de Cuentas de la República confirmó que audita al ITLA a solicitud del Ministerio Público. Ninguno de estos procesos, hasta donde se ha informado públicamente, tiene fecha de cierre ni resultados definitivos.
Lo que corresponde preguntar no es si la cooperación entre ITLA y SeNaSa es positiva en abstracto —lo es, sobre todo en un país donde el acceso a prótesis o al aseguramiento en salud sigue siendo desigual—, sino por qué ninguna de las dos instituciones aprovechó el espacio público del encuentro para rendir cuentas sobre el estado de las investigaciones que enfrentan. La ausencia de esa mención no es un detalle menor: en instituciones bajo escrutinio, el silencio sobre el propio proceso judicial o administrativo funciona como una forma de normalización. Se sigue operando, se sigue firmando, se sigue anunciando innovación, como si el expediente abierto no existiera.
El segundo eje tiene que ver con la base de comparación que ambas instituciones invocan implícitamente: la de la «alianza estratégica» que beneficia a la ciudadanía. Es un marco legítimo, pero incompleto si no se coloca al lado del historial reciente de ambas entidades. Comparar el anuncio de hoy únicamente con sus propios objetivos declarados —más cobertura, más innovación— sin contrastarlo con el manejo previo de fondos públicos en ambas instituciones, es aceptar la narrativa oficial sin someterla a prueba.
El tercer eje es la opacidad del dato. No hay, en el comunicado institucional, cifras sobre el costo del convenio ampliado, ni sobre cuántos empleados del ITLA carecen actualmente de cobertura de SeNaSa, ni sobre el estado procesal exacto de las investigaciones en curso en ambas entidades. La ausencia de esos números —marcados aquí como S/D— no es prueba de irregularidad, pero sí es prueba de que el ejercicio de rendición de cuentas sigue siendo voluntario y selectivo por parte de las instituciones públicas dominicanas.
No hay celebración posible en un apretón de manos institucional cuando ambas partes tienen expedientes abiertos que todavía no han explicado a la ciudadanía. La transformación digital y la ampliación de servicios de salud son objetivos deseables; lo que no es aceptable es que se presenten como si el pasado reciente de ITLA y SeNaSa no existiera. Mientras la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continúan sus procesos, la pregunta que queda flotando es simple e incómoda: ¿puede una institución bajo investigación firmar nuevos compromisos públicos sin antes rendir cuentas sobre los señalamientos que enfrenta?
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