Cada tres meses, la ley obliga al Estado a mirarse en un espejo incómodo. El Código Procesal Penal dispone que quienes están tras las rejas deben comparecer ante un juez para que este confirme —o revoque— si la privación de libertad sigue siendo justificada. Es un mecanismo de garantía, no de impunidad. Pero en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), ese espejo refleja algo más perturbador que la situación jurídica de los imputados: refleja cuánto tardó el sistema en reaccionar ante una trama que, según los fiscales, operó durante cinco años dentro de una institución que administra la salud de los dominicanos más vulnerables.
Este jueves 1.° de mayo, el juez Deiby Timoteo Pegüero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, revisará la medida de coerción impuesta en diciembre de 2024 al exdirector Santiago Hazim y a otros seis de los once imputados del caso: los exfuncionarios Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (consultor jurídico) y Francisco Iván Minaya Pérez (gerente de Servicios de Salud), además de Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Specker Mateo y Esta Ledesma Ubiera. Todos cumplen prisión preventiva en la cárcel Las Parras, en San Antonio de Guerra. Ledesma Ubiera está en Najayo Mujeres.
Los imputados con arresto domiciliario —el empresario Eduardo Read Estrella y las contratistas del Estado Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina— no serán presentados: el tribunal aclaró que la revisión obligatoria aplica únicamente a quienes están privados físicamente de libertad en un centro penitenciario.
Mientras tanto, el último capturado, Ángel Luis Guzmán Vásquez —auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas entre 2021 y 2022—, fue detenido el viernes pasado cuando presuntamente intentaba abandonar el país por un aeropuerto. Su audiencia de medida de coerción fue aplazada al próximo viernes.
El reloj del Ministerio Público corre: el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente, le otorgó al órgano persecutor ocho meses para presentar acusación formal desde el 15 de diciembre de 2024. El plazo vence en agosto.
Lo que el Ministerio Público describe no es un episodio de corrupción oportunista. Es, según la acusación, una estructura criminal planificada y sostenida. Los fiscales califican al grupo como una «organización criminal roja» que operó durante los cinco años de gestión de Hazim en SENASA, creando «programas especiales sin sustento técnico ni financiero» que funcionaron como conductos para recibir sobornos millonarios.
La acusación describe, de acuerdo con informes fiscales, que los mecanismos de fraude tocaron directamente la salud de pacientes reales. Se habría inflado artificialmente la facturación mediante sobretratamientos: sesiones de radioterapia y quimioterapia que no se realizaron o que se multiplicaron en los registros más allá de lo prescrito, y la colocación de stents coronarios innecesarios. La ministra de Justicia, Miriam Germán Brito, citó el caso de una persona a quien se le documentaron cinco cateterismos sin necesidad médica real.
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La pregunta que este proceso deja abierta no es si hubo corrupción —los indicios que ha revelado la instrucción son graves—, sino cómo operó durante tanto tiempo sin ser detectada por los mecanismos de auditoría y control del Estado. SENASA no es una entidad menor: administra el régimen subsidiado de salud que cubre a millones de dominicanos. Sus contratos, sus prestadores, sus facturas, están sujetos a supervisión de la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y el propio Ministerio de Salud. Si una red de este tamaño pudo operar durante un lustro, el problema no empieza ni termina en los once imputados.
Sobre la audiencia de este jueves, la lógica procesal indica que el juez Timoteo Pegüero tiene tres caminos posibles: mantener la prisión preventiva, convertirla en arresto domiciliario o sustituirla por una medida menos gravosa. Presumiblemente, la posición del Ministerio Público será solicitar la continuidad de la prisión, alegando riesgo de fuga —corroborado por la reciente captura de Guzmán Vásquez— y la complejidad de la investigación. La defensa, por su parte, argumentará el transcurso del tiempo sin acusación formal. El resultado de esta audiencia no resolverá el fondo del caso, pero sí marcará el tono con que el sistema de justicia enfrenta la recta final hacia agosto.
Hay algo profundamente revelador en que el debate público de este jueves se centre en si Hazim y sus coimputados deben continuar en prisión, y no en cómo fue posible que un sistema destinado a proteger a los más pobres fuera usado, presuntamente, como caja para el enriquecimiento de sus administradores. La revisión de medida de coerción es un trámite procesal. La verdadera revisión —la que le corresponde hacerse a la sociedad dominicana— es otra: ¿qué reformas estructurales de control y auditoría ha implementado el Estado desde que estalló el caso SENASA para que esto no vuelva a ocurrir?
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