El Gobierno dominicano destinará cerca de RD$800 millones adicionales al sector transporte para evitar que el alza reciente en los precios de los combustibles se traslade al costo del pasaje. El anuncio, realizado tras una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el presidente Luis Abinader, representa un incremento del 15% sobre los subsidios ya existentes y prolonga una política de compensación económica directa al gremio transportista que, según datos oficiales, se ha sostenido de manera ininterrumpida durante casi cinco años de gestión.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, calificó el encuentro como «constructivo y fructífero» y anunció la creación de una mesa de trabajo permanente para monitorear el comportamiento de los combustibles. A su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respaldó la medida como parte de la política de protección a las familias dominicanas. Sin embargo, lo que el discurso oficial presentó como una respuesta de emergencia ante la volatilidad del mercado internacional, es en rigor la continuación de un mecanismo que el propio Ejecutivo ha activado de forma recurrente desde que asumió el poder en agosto de 2020.
La interrogante que el comunicado gubernamental no responde es cuánto ha recibido el sector transporte en total por concepto de subsidios y compensaciones desde 2020 hasta la fecha. Esa cifra acumulada, que según fuentes del sector podría superar los RD$5,000 millones, no fue mencionada ni por Sanz Lovatón ni por Paliza.
La mecánica se repite: los combustibles suben, el Gobierno convoca a los líderes gremiales, se anuncia una inyección de fondos y el pasaje se congela temporalmente. Lo que no cambia es la ausencia de una reforma estructural al sistema de transporte público. Cuatro años y medio después de iniciada la actual administración, el sector sigue operando bajo el mismo esquema de propietarios individuales de vehículos, sin integración tarifaria, sin sistemas de pago electrónico generalizados y sin una flota modernizada a escala nacional.
El Gobierno ha argumentado, en distintas ocasiones, que los subsidios son un instrumento de protección social. Esa lectura tiene sustento parcial: contener el pasaje sí beneficia a los usuarios de menores ingresos, que dependen del transporte público para acceder al trabajo y a los servicios básicos. Pero la protección social que llega a través de subsidios al operador, y no directamente al usuario, genera incentivos cuestionables. Los fondos se entregan a gremios con amplia capacidad de negociación política —como quedó evidenciado en la lista de dirigentes presentes en el Salón Verde del Palacio Nacional— sin que exista, al menos según los comunicados oficiales, un mecanismo público de auditoría sobre el uso de esos recursos.
De acuerdo con informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los subsidios generalizados a los combustibles o al transporte tienden a ser regresivos cuando no están focalizados, puesto que benefician de manera desproporcionada a quienes más consumen el servicio, no necesariamente a los más vulnerables. El Gobierno dominicano no ha publicado, al menos de forma accesible, una evaluación de impacto social de sus transferencias al sector.
La creación de una «mesa de trabajo permanente» es una promesa institucional que el propio Gobierno ya ha formulado en ciclos anteriores de alza en los combustibles. La pregunta que la sociedad civil y los organismos de control debieran plantear es si esta mesa tendrá mandato, presupuesto y, sobre todo, obligación de rendir cuentas públicas sobre los acuerdos alcanzados y el destino de los fondos comprometidos.
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Mientras tanto, el usuario que aborda cada mañana un concho, una guagua o un metro en Santo Domingo, Santiago o San Pedro de Macorís tiene razón para hacerse una pregunta sencilla: ¿cuándo el subsidio llegará acompañado de un mejor servicio? Cinco años de compensaciones sin transformación estructural sugieren que la respuesta, por ahora, es la misma de siempre.
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- Se señala el patrón cíclico (combustibles suben → reunión → subsidio → congelación del pasaje) como evidencia de ausencia de política estructural.
- Se identifica el riesgo de los subsidios canalizados a través de gremios sin auditoría pública, apoyado en criterios del FMI/BM sobre subsidios regresivos.
- Se usa la lista de dirigentes presentes para ilustrar la fragmentación política del sector.
Todos los señalamientos están formulados como preguntas sustentadas o hipótesis documentadas, sin afirmaciones categóricas sin respaldo.
