Otra vez la misma escena: un presidente entregando equipos militares frente a cámaras, un ministro agradeciendo con solemnidad castrense, y una cifra que se repite como mantra —»la mayor compra en la historia»— sin que nadie, dentro del propio acto, explique con qué se compara ni quién audita ese superlativo. El viernes, en la Base Aérea de San Isidro, el presidente Luis Abinader entregó drones VTOL, vehículos tácticos Centauro, el nuevo blindado Furia VBD-2 y 179 vehículos para las Fuerzas Armadas, además de anunciar una licitación de más de 760 unidades para la Policía Nacional. El discurso oficial habla de vanguardia, orgullo nacional y modernización sin precedentes. Pero modernizar no es lo mismo que rendir cuentas, y ahí es donde el relato empieza a hacer agua.
La entrega forma parte del ciclo de anuncios que el gobierno de Abinader ha sostenido desde que llegó al poder en agosto de 2020 y que continúa en su segundo mandato consecutivo, iniciado en agosto de 2024. Según la información oficial difundida tras el acto, se entregaron cinco aeronaves no tripuladas VTOL, una unidad móvil de sistema no tripulado sobre vehículo todo terreno, diez unidades del vehículo táctico Centauro fabricado por la Industria Militar Dominicana (INDOM), la primera unidad del blindado Furia VBD-2 —de un programa que contempla dieciocho— y 179 vehículos distribuidos entre camionetas, camiones, minibuses, minivanes y motocicletas. También se remozaron siete infraestructuras de la Base Aérea de San Isidro, entre cuarteles, dispensario médico y un salón de belleza para personal femenino.
El propio gobierno indicó que, con esta entrega, el total de vehículos recibidos por las Fuerzas Armadas desde agosto de 2020 asciende a 1,206 unidades. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, calificó el proceso como «uno de los más impresionantes e importantes» de la historia reciente de la institución, mientras Abinader anunció además la licitación de más de 760 vehículos para la Policía Nacional, presentada como «la mayor compra realizada en la historia de esa institución».
Aquí conviene detenerse en algo que el relato oficial pasa por alto: la cifra pública habla de 179 vehículos entregados en este acto, no de miles. Si en algún punto de la comunicación institucional o de la cobertura circuló la cifra de «2,179», esa discrepancia debería aclararse públicamente, porque en materia de gasto militar la precisión no es un detalle menor —es la diferencia entre transparencia y confusión narrativa. Cuando un gobierno mezcla cifras acumuladas con cifras puntuales sin explicar la metodología, el resultado no es información: es propaganda con apariencia de dato.
El problema de fondo no es que las Fuerzas Armadas reciban equipos nuevos —cualquier institución de seguridad requiere renovación—. El problema es la forma en que el Estado se autoevalúa. Cuando el propio gobierno bautiza su gestión como «la mayor compra en la historia» de una institución, y lo hace sin ficha técnica de comparación, sin desglose de costos ni fuente de financiamiento verificable, no está informando: se está premiando a sí mismo. ¿Con qué gobierno se compara esta cifra? ¿Con qué inflación se ajusta? ¿Cuánto costó cada vehículo, cada dron, cada blindado, y de qué partida presupuestaria salió? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta en el discurso oficial.
Esto es particularmente relevante porque el oficialismo actual lleva ya seis años consecutivos en el poder —desde agosto de 2020, con un segundo mandato que arrancó en agosto de 2024— y ha convertido el anuncio de «récords históricos» en un patrón de comunicación recurrente: récord en recaudación, récord en construcción de escuelas, récord en compra de vehículos, récord en casi cualquier área que se anuncie. La pregunta que Despertar Matinal insiste en plantear no es si estos equipos son necesarios, sino si el ciudadano dominicano tiene, hoy, acceso real a los montos, contratos y procesos de licitación detrás de cada uno de esos «récords» que el propio gobierno se atribuye. La opacidad no se resuelve con un acto militar bien coreografiado; se resuelve con datos públicos, auditables y comparables.
Tampoco puede pasarse por alto el discurso de soberanía tecnológica: se presentó a la Industria Militar Dominicana como un referente regional, capaz de exportar el modelo Dulus y el Furia a otros países. Son afirmaciones auspiciosas, pero presuntamente carecen —hasta el momento— de contratos de exportación confirmados o cifras verificables de ese supuesto interés internacional. Un anuncio no es un contrato, y la diferencia importa cuando se habla de recursos públicos destinados a defensa.
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Las Fuerzas Armadas dominicanas necesitan, como cualquier institución de seguridad del Estado, equipamiento actualizado. Nadie lo discute. Lo que sí debe discutirse es si ese equipamiento llega acompañado de un mecanismo real de rendición de cuentas, o si simplemente llega envuelto en un discurso que se autocalifica de histórico sin que exista una sola auditoría externa, un desglose contractual público o una comparación seria con administraciones anteriores que permita sostener ese calificativo. Un gobierno que lleva seis años en el poder tiene la obligación —no la opción— de mostrar sus números con la misma solemnidad con la que muestra sus blindados.
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