SANTO DOMINGO.— La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó públicamente la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes presentada por el Gobierno dominicano durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana. Sustentada en reportes oficiales de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, Reynoso sostuvo que esa cifra es el resultado de una serie de ajustes metodológicos orientados a reducir progresivamente el indicador, con el propósito de acercarlo a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sus señalamientos abren un debate de fondo sobre la transparencia y la fiabilidad del sistema estadístico en materia de seguridad pública en el país.
El análisis presentado por Reynoso identificó al menos cuatro variables en disputa.
Exclusión de víctimas extranjeras. Según la dirigente política, los cálculos divulgados públicamente excluyen a las víctimas de nacionalidad extranjera que fallecen dentro del territorio dominicano. Organismos internacionales como la UNODC, la OPS y la OEA recomiendan contabilizar todas las muertes violentas ocurridas en el territorio nacional, con independencia de la nacionalidad de la víctima. Esta divergencia metodológica, de acuerdo con Reynoso, reduce artificialmente el numerador utilizado para calcular la tasa.
Clasificación de homicidios como «acción legal». La dirigente llamó la atención sobre el crecimiento sostenido de los casos catalogados bajo esta categoría, que agrupa las muertes ocasionadas por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones. Según los datos expuestos, esos casos representaron el 16.4 % de los homicidios registrados en 2025 y escalaron al 37.1 % en la primera semana de junio de 2026.
«La acción legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado. Cada uno de esos casos debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo justificado», expresó Reynoso.
Homicidios atribuidos a «conflicto social». Reynoso rechazó las declaraciones oficiales que clasifican una parte significativa de los homicidios como producto de los denominados conflictos sociales. A su juicio, esa categorización revela, en lugar de ocultar, las deficiencias de las políticas públicas de prevención. «Si el Gobierno afirma que los homicidios son producto del conflicto social, está reconociendo que no ha logrado llegar con políticas de prevención, cohesión comunitaria y presencia institucional a los sectores donde ocurren estos hechos», sostuvo.
Casos sin clasificación definitiva. El análisis señaló que entre el 11 % y el 18 % de los homicidios registrados permanecen bajo investigación al momento en que se publican las estadísticas oficiales, lo que impide contar con cifras cerradas y verificables en los reportes que se difunden públicamente.
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La discusión sobre la metodología utilizada para calcular las tasas de homicidio no es nueva en República Dominicana. El Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado en 2012 como instancia técnica independiente para procesar y verificar información sobre criminalidad y violencia, lleva tiempo sin operar con regularidad, según denunció Reynoso.
La parálisis de ese organismo resulta relevante en este debate porque su función original era precisamente la de contrastar y validar los datos producidos por las instituciones del orden público, aportando una capa de verificación independiente al sistema estadístico del Estado dominicano.
A nivel internacional, la UNODC establece que la integridad de las tasas de homicidio depende de tres condiciones fundamentales: cobertura universal de las víctimas, clasificación estandarizada de los tipos de muerte y publicación de series históricas completas que permitan comparaciones sostenidas en el tiempo. Cuando alguno de esos elementos falta o se modifica, la comparabilidad de los datos queda comprometida.
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Ante el panorama descrito, Reynoso planteó una agenda de cuatro medidas concretas: la reactivación inmediata del Observatorio de Seguridad Ciudadana; la publicación periódica de datos cruzados con el Ministerio Público y el sistema de salud; la divulgación de la serie histórica completa de homicidios; y la adopción de los estándares internacionales recomendados para el cálculo de las tasas de violencia.
«El Gobierno tiene derecho a celebrar cada reducción real de la violencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación«, concluyó.
El Gobierno dominicano no había emitido respuesta pública a los cuestionamientos planteados al cierre de esta redacción. Despertar Matinal mantendrá seguimiento al desarrollo de este debate estadístico y sus implicaciones para la política de seguridad pública.
