Santo Domingo.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) realizó el foro «Revisión Funcional y Reestructuración del Estado: Evidencia, Metodología y Sostenibilidad Institucional», un espacio donde el gobierno de Luis Abinader repasó, con micrófono propio y sin contraparte técnica independiente, los resultados de su plan de reestructuración estatal. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, fue el encargado de exponer los avances, y lo hizo con un dato que suena impresionante hasta que se le pide una cifra al lado: 21 procesos de reorganización desde septiembre de 2024.
Fusiones, supresiones, reestructuraciones funcionales, creaciones. Freund aseguró que todas cuentan con base legal publicada, lo cual —hay que decirlo— es el mínimo exigible, no un logro en sí mismo. Que un decreto se publique en el Boletín Oficial no significa que la reorganización haya producido ahorro, ni que haya mejorado un solo servicio público medible. Es la diferencia entre legalidad y eficiencia real, dos cosas que el discurso oficial tiende a presentar como sinónimos.
La fusión estrella del segundo mandato de Abinader —que arrancó en agosto de 2024 y no debe confundirse con el primer período (2020-2024)— fue la unión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con el Ministerio de Hacienda. Freund la describió como la eliminación de un mandato «superpuesto» entre planificación, inversión pública y política fiscal. Según el ministro, el resultado es «mayor coherencia, menor duplicidad y mayor capacidad de respuesta» ante los desafíos económicos del país.
Frases así suenan bien en un foro. Lo que no aparece en ningún momento del discurso —ni en la nota oficial del MAP— es una cifra de ahorro presupuestario, un número de plazas eliminadas, un monto de nómina reducida o una comparación de gasto administrativo antes y después de la fusión. No hay una sola métrica verificable que sostenga la palabra «eficiencia» que se repite en cada intervención del foro. Sin cifras, la eficiencia es una declaración de fe, no un resultado de política pública.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aprovechó su turno para llamar a los incumbentes de cada institución a «ser eficientes con los recursos que ya poseen». Es una exhortación curiosa viniendo de un gobierno que lleva casi dos años de segundo mandato reorganizando el organigrama estatal: si la eficiencia dependiera solo de la voluntad de cada funcionario, ¿para qué se necesitaron 21 procesos de reestructuración con costos legales, técnicos y administrativos propios?
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, fue el único que se acercó a un criterio medible al señalar que la eficiencia del Estado no se mide en cantidad de instituciones, sino en que las funciones se traduzcan en mejoría de la vida de los ciudadanos. El problema es que ese criterio, correcto en el papel, tampoco vino acompañado de un indicador, encuesta de percepción ciudadana o evaluación de impacto que permita saber si esa mejoría existe o es, otra vez, una promesa de gestión.
El comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo, adelantó que tras esta «reforma macro» viene una nueva etapa de reformas sectoriales. Es decir: el proceso no termina, se extiende. Y cada extensión del proceso es también una extensión del plazo para rendir cuentas con números, un plazo que según las fuentes oficiales consultadas en este foro sigue sin fecha ni metodología de evaluación pública anunciada.
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En el segundo panel, con la participación de expertos internacionales como Manuel Arenilla y Jaime Rodríguez Arana, se abordaron los desafíos de la transformación del capital humano en el sector público. Un tema legítimo y necesario, pero que —como el resto del foro— quedó en el plano de la reflexión académica sin datos duros del propio proceso dominicano: ¿cuántos servidores públicos han sido capacitados?, ¿cuántos han sido desvinculados?, ¿cuál es el costo total del proceso de reestructuración hasta la fecha?
Las palabras de cierre correspondieron a Laura Díaz, directora de Coordinación de los Procesos de Reforma del MAP, quien resumió la filosofía del ejercicio: una Administración Pública «centrada en las personas». Es una frase que ningún funcionario rechazaría en público. El problema, otra vez, no es la intención declarada sino la ausencia de evidencia que permita verificarla.
El foro se realizó en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil, ejecutado por el MAP con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual añade una capa adicional de interés público: si hay financiamiento multilateral involucrado, la exigencia de transparencia en resultados debería ser mayor, no menor, que en un proceso financiado únicamente con fondos internos.
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Al final del día, el gobierno de Abinader tiene un relato de reestructuración estatal construido sobre volumen —21 procesos— y no sobre resultados verificables. Mientras eso no cambie, cada nuevo foro sobre «eficiencia» seguirá siendo, en el mejor de los casos, un ejercicio de comunicación institucional, y en el peor, una cortina de gestión sin auditoría.
