. La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIAL-FP) cuestionó los resultados del programa social Moto-Beneficio (MOTOBEN) y emplazó al Gobierno dominicano a transparentar la ejecución de los recursos públicos destinados a esa iniciativa dirigida a los motoconchistas.
Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial Erick Mejía Merán, actuando como vocero de una comisión de SESVIAL-FP, sostuvo que el Gobierno debe explicar para qué fue concebido originalmente MOTOBEN, cuánto se ha invertido desde su creación, quiénes han recibido sus beneficios y qué resultados concretos puede exhibir el programa.
“Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar MOTOBEN”, expresó Mejía Merán, quien estuvo acompañado por los vicesecretarios comisionados Rosa Mezquita, Julio Adalmis de la Rosa Féliz y Arístides Heredia, este último coordinador de la comisión que ha dado seguimiento al programa.
El dirigente explicó que SESVIAL-FP procura establecer cuál es actualmente la finalidad del programa, qué objetivos fueron establecidos y en qué medida se está cumpliendo el propósito para el cual fue creado.
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Señaló que los cuestionamientos surgen a partir de una investigación realizada por la comisión y de un requerimiento de acceso a la información pública, mediante el cual fueron solicitados datos sobre los recursos destinados y ejecutados, las fuentes de financiamiento, los beneficiarios, los criterios de selección, las instituciones responsables, los mecanismos de ejecución y los resultados alcanzados.
“Hay una pregunta fundamental que el Gobierno debe responder: ¿MOTOBEN está cumpliendo realmente la finalidad para la cual fue creado?”, cuestionó Mejía Merán.
Precisó además, que el planteamiento no constituye una acusación de corrupción o malversación contra funcionarios o instituciones, sino una exigencia de transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
“Si se han destinado recursos públicos a los motociclistas, el país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido, cómo se ha utilizado, quiénes han sido beneficiados, qué objetivos se han alcanzado y qué resultados pueden ser comprobados”, manifestó.
Mejía Merán sostuvo que los motoconchistas no necesitan solamente anuncios o programas que permanezcan en el papel, sino políticas públicas eficaces y medibles, cuyos resultados puedan comprobarse en aspectos como la seguridad vial, la formalización, las condiciones de trabajo y la calidad de vida.
En ese sentido, Mejía Merán, en nombre de la Fuerza del Pueblo, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizar una auditoría especial sobre los recursos públicos destinados entre 2020 y 2026 a programas, proyectos, subsidios y acciones dirigidos a los motociclistas dominicanos.
Asimimo, reclamó la presentación de un informe público que permita evaluar la ejecución financiera de esos recursos y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, respetando los datos personales protegidos por la legislación.
La comisión anunció que continuará dando seguimiento a MOTOBEN y reclamando las informaciones necesarias para determinar el alcance, la ejecución y los resultados obtenidos por el programa.
“Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados. Defender a los motociclistas también significa exigir que los recursos destinados a ellos sean transparentes, que los programas cumplan su propósito y que el Gobierno pueda demostrar, con hechos, sus resultados”, concluyó Mejía Merán.
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