El Senado de la Nación aprobó este jueves 74 pliegos de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judicialesen una sesión marcada por negociaciones de último momento y cruces entre el oficialismo y la oposición por la conformación del temario. La controversia comenzó cuando los bloques habían acordado en la reunión de Labor Parlamentaria tratar 50 pliegospero poco antes del inicio de la sesión aparecieron 23 candidaturas adicionaleslo que generó cuestionamientos de Unión por la Patria y derivó en un intenso debate dentro del recinto.
La senadora Juliana Di Tullio cuestionó la modificación del acuerdo al señalar: «El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?». En la misma línea, el jefe del bloque peronista, José Mayansdenunció que la ampliación del listado constituía una «traición parlamentaria».
Durante la discusión intervino la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, quien confirmó que originalmente se habían mencionado 50 pliegos y aclaró que ni la Presidencia del Senado ni la Secretaría Parlamentaria participaron en la incorporación posterior de nuevas candidaturas. Ante el conflicto, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischisolicitó un cuarto intermedio para intentar alcanzar un entendimiento entre las distintas bancadas.
Tras aproximadamente 40 minutos de negociaciones, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrichinformó que se había alcanzado un «acuerdo político y parlamentario» para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos. La propuesta fue sometida a votación y obtuvo cómodamente el respaldo de los dos tercios de los senadores presentes.
Bullrich rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que la ampliación de la lista respondió a la necesidad de evitar exclusiones arbitrarias. «No hay ninguna mala fe, solo que no es fácil determinar quiénes son los 50 porque los demás sienten que es una discriminación»explicó.
Una vez resuelta la controversia, el Senado avanzó con el tratamiento de las postulaciones y finalmente aprobó la totalidad de los pliegos. El interbloque peronista únicamente marcó diferencias en las votaciones correspondientes a María Julia Sosasecretaria del juez Julián Ercoliniy a Emilio Rosatihijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto de las designaciones recibió respaldo unánime.
Como miembro informante, el senador libertario Juan Carlos Pagoto destacó que todos los candidatos atravesaron los procedimientos reglamentarios establecidos y las audiencias correspondientes. «Cumplieron con el trámite reglamentario y el Senado tiene que aprobar o no con las disidencias y negativa que fueron en cada pliego particular»afirmó.
Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti calificó la jornada como «un momento institucional importante» y reconoció que, pese a las diferencias políticas, existió consenso para cubrir vacantes que llevan años sin resolverse. «Esto es una responsabilidad ciudadana»sostuvo al justificar el acompañamiento de su bloque a la mayoría de las postulaciones.
Entre las aprobadas se destacó la nefasta designación de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plataque recibió 44 votos afirmativos. Su candidatura había sido objeto de controversia durante las últimas semanas y protagonizó parte de las negociaciones parlamentarias previas a la sesión. Sectores críticos de su designación remarcaron además su vínculo familiar con el operador mediatico Hugo Alconada Monuno de los comunicadores más cuestionados por referentes del espacio liberal, señalado como un persistente opositor.
La nómina aprobada incluyó además a magistrados, fiscales y defensores destinados a cubrir vacantes en tribunales federales y nacionales de La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Formosa, Salta, Bariloche, Rafaela, Hurlingham y otras jurisdicciones del país.
La aprobación de los 74 pliegos judiciales representa una de las tandas de designaciones más importantes de los últimos años y constituye un paso relevante para reducir vacantes en el sistema judicial, una problemática que distintos sectores políticos vienen señalando desde hace tiempo como un obstáculo para mejorar el acceso a la justicia y el funcionamiento de los tribunales federales y nacionales.
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