El régimen comunista chino amplió significativamente sus facultades para movilizar recursos civiles y controlar al sector privado mediante una reforma de su Ley de Movilización de Defensa Nacional, una medida que ha despertado preocupación por sus potenciales implicaciones militares y económicas.
La revisión, aprobada el 28 de agosto y prevista para entrar en vigor el 1 de octubre, constituye la primera modificación importante del marco de movilización de defensa de China desde 2010. Entre sus principales cambios se encuentra una ampliación de las facultades del Estado para apropiarse de bienes, instalaciones, capacidades industriales, medios de transporte, datos y personal técnico pertenecientes al sector civil.
El cambio más significativo consiste en ampliar el concepto de »requisición de recursos civiles» para incluir también la »expropiación». Según analistas taiwaneses citados en el informe, la diferencia es sustancial: mientras una requisición implica una utilización temporal de bienes con compensación, la expropiación permite convertir propiedades privadas en activos estatales destinados a fines públicos.
La nueva normativa establece además que cualquier organización o individuo está obligado a aceptar la requisición o expropiación de recursos civiles conforme a la ley. Esta disposición ha generado críticas debido al enorme poder que concede al Partido Comunista Chino (PCCh) sobre empresas y ciudadanos, especialmente en un país donde el Estado ya ejerce un amplio control sobre la economía.
Las empresas propiedad de inversores taiwaneses o extranjeros que operen en China continental también podrían quedar sujetas a estas medidas. Esto incluye empresas conjuntas y compañías completamente extranjeras. En caso de una expropiación, los inversores podrían perder sus activos, lo que, según el experto, podría acelerar todavía más la salida de compañías extranjeras de China.
La reforma también refuerza la integración entre la industria civil y el Ejército Popular de Liberación. Tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los drones y las capacidades relacionadas con el ciberespacio quedan incorporadas al sistema de movilización, permitiendo al régimen utilizar capacidades tecnológicas e industriales privadas para objetivos militares.
Muchos consideran especialmente preocupante este aspecto debido al aumento de las tensiones entre Beijing y Taiwán, así como a las disputas territoriales en el mar de China Meridional. En caso de un conflicto en el estrecho de Taiwán, el mar de China Oriental o el mar de China Meridional, la nueva legislación proporcionaría al gobierno chino mayores recursos internos para sostener una confrontación, incluso si otros países respondieran con sanciones económicas.
La reforma también amplía las obligaciones relacionadas con el servicio de defensa nacional. Los hombres de entre 18 y 60 años y las mujeres de entre 18 y 55 años quedan sujetos a estas obligaciones, mientras que las personas con conocimientos especializados ya no tendrán un límite de edad específico para prestar servicio.
La medida coincide además con nuevas restricciones sobre la salida de ciudadanos de China. Las modificaciones a las normas de administración de entrada y salida entrarán en vigor el 15 de septiembre y han alimentado las preocupaciones de que Beijing esté intentando mantener dentro del país una reserva de población disponible para eventuales necesidades militares.
Los analistas señalan que estas medidas adquieren mayor relevancia ante los problemas demográficos y económicos de China. El envejecimiento de la población y la baja natalidad reducen el potencial de reclutamiento, mientras que el desempleo juvenil continúa siendo elevado. La tasa oficial de desempleo entre los jóvenes alcanzó el 17,9 % en julio, según los datos citados en el informe.
La combinación de control estatal, presión económica, restricciones a la movilidad y expansión de las facultades militares ha generado inquietud dentro de la propia población china. Comentarios publicados en redes sociales reflejan el temor de algunos ciudadanos a que la nueva legislación prepare al país para una guerra y facilite tanto el reclutamiento obligatorio como la confiscación de propiedades privadas.
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