Cuando un partido que gobierna desde el poder ejecutivo nacional decide renovar sus propias autoridades mediante acuerdos entre corrientes internas —en lugar de convocando a sus bases a las urnas— está tomando una decisión que dice mucho sobre cómo entiende la democracia: primero adentro, y luego afuera. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta hoy esa contradicción. Mientras su gobierno exhibe cifras de gestión y proyecta estabilidad institucional, en sus entrañas cruje un debate sobre legitimidad que sus propios dirigentes han llevado a la prensa. El proceso de renovación interna del PRM, presuntamente diseñado para garantizar fluidez y unidad, ha desatado precisamente lo contrario.
Una comisión, un cronograma y una circular
Según informes internos del partido y documentos a los que tuvo acceso este medio, la Dirección Ejecutiva del PRM creó una Comisión Nacional de Consensos con el encargo de mediar entre los aspirantes a los distintos cargos de dirección en los comités provinciales, municipales, distritales y zonales. La lógica del mecanismo es simple en teoría: si los aspirantes llegan a un acuerdo sobre quién debe ocupar cada posición, se evita un proceso electoral interno. Solo si no hay acuerdo se convocarían elecciones internas.
La comisión distribuyó una circular instruyendo a las estructuras territoriales a levantar listados de aspirantes, con datos personales, de contacto y firmas de validación de autoridades locales y enlaces nacionales. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el cronograma fijó el 22 y el 29 de marzo como fechas límite para completar ese levantamiento, y el 19 de abril como fecha tope para alcanzar los acuerdos en los territorios. Ese margen define el pulso político del proceso: menos de un mes para que corrientes históricamente rivales cierren pactos que determinarán el liderazgo del partido gobernante durante el período 2026–2030.
Cuando el consenso se convierte en exclusión
El método no ha sido bien recibido por sectores significativos de la militancia del PRM. El diputado Eugenio Cedeño, aspirante a la secretaría general del partido, rechazó públicamente el mecanismo y exigió una convención abierta con voto universal, directo y secreto. Su argumento no es retórico: invoca los propios estatutos del PRM, que según él establecen que la soberanía reside en la militancia, y cita la Constitución dominicana, que obliga a los partidos políticos a garantizar la democracia interna.
Cedeño fue más allá al señalar que, aunque el consenso pudiera ser legal en sentido estricto, carecería de legitimidad si excluye a las bases. Presuntamente, durante sus recorridos por el país habría encontrado un descontento creciente entre dirigentes que no se sienten representados por el proceso. También cuestionó que la Comisión Electoral del partido aún no haya anunciado una fecha concreta para una eventual convención, pese a que el mandato de las actuales autoridades está próximo a vencer.
El también perremeísta Guido Gómez Mazara adoptó una postura más matizada pero igualmente crítica: reconoció utilidad al consenso en ciertos escenarios puntuales, pero advirtió que convertirlo en la norma general para elegir la nueva dirigencia sería un retroceso democrático. Planteó, además, la necesidad de revisar la representación territorial dentro de los organismos internos y ampliar la participación de la diáspora dominicana.
Quizás el episodio más revelador del proceso se produjo en Santo Domingo Este. Un bloque de aspirantes a cargos internos de esa demarcación rechazó formalmente lo que calificaron como un «supuesto consenso» celebrado sin cumplir los principios democráticos ni los procedimientos establecidos por la organización. En un documento entregado a la prensa por Bienvenido Ortiz (aspirante a la presidencia municipal) y Julia Martínez (aspirante a la secretaría general), el grupo —que incluye a Néstor Julio Cruz Pichardo, Domingo Batista, José Sánchez, Heriberto Regalado, Salomón Moreta, Otto Lorenzo y Nathali Mañón— afirmó que lo ocurrido no reúne las condiciones mínimas de inclusión y legalidad. Expresaron apoyo a la unidad del partido, pero condicionada a procesos democráticos, participativos y transparentes.
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Ver noticias nacionales Análisis político completoLa denuncia pone sobre la mesa una pregunta incómoda para la cúpula del PRM: ¿qué garantías ofrece la Comisión Nacional de Consensos de que los acuerdos que produzca serán el resultado de un diálogo equitativo y no de la imposición de las corrientes con mayor peso orgánico o acceso a recursos? Hasta el cierre de esta edición, la dirección del partido no había emitido una respuesta pública ante estas denuncias.
Un partido que lleva las siglas de «moderno» en su nombre y que gobierna el Estado dominicano tiene la responsabilidad de ser un modelo de las instituciones que administra. Si el PRM renueva sus autoridades 2026–2030 a través de un proceso que sus propios cuadros cuestionan como excluyente, habrá ganado dirigentes, pero perdido algo más difícil de recuperar: la confianza de una militancia que quiere ser parte de la decisión, no solo del resultado. La democracia interna no es un lujo ideológico; es la primera promesa que un partido le hace a sus propios miembros. ¿La cumplirá el PRM?
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