McALLEN, Texas– Un juez federal se negó el lunes a impedir que la administración Trump le diera a SpaceX más de 700 acres (280 hectáreas) de refugio de vida silvestre como parte de un intercambio de tierras en Texas, mientras que los grupos ambientalistas prometieron continuar con su impugnación legal.
El juez de distrito estadounidense Fernando Rodríguez Jr. rechazó la solicitud de los demandantes de una orden judicial preliminar para impedir el intercambio de paquetes, diciendo que no pudieron demostrar que empeoraría los riesgos ecológicos para una región de la Costa del Golfo ya transformada por las operaciones de cohetes del multimillonario Elon Musk.
En junio, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. aprobó seguir adelante con el acuerdo con SpaceX, que entregaría 683 acres (276 hectáreas) que la compañía posee a cambio de tierras federales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande. El refugio de 103.000 acres (41.700 hectáreas) se extiende por cuatro condados a lo largo de la frontera de Texas y alberga hábitats de animales y monumentos históricos.
Los mapas muestran que el terreno que adquiriría SpaceX estaría más cerca de la plataforma de lanzamiento de la compañía cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
El intercambio equivale a una donación de tierras públicas a SpaceX, «despejando el camino para que las excavadoras irrumpan en este refugio de vida silvestre tan pronto como la próxima semana y conviertan un tesoro público en un día de pago privado», dijo Laiken Jordahl, portavoz del Centro para la Diversidad Biológica, que presentó la demanda junto con otros opositores, incluidos grupos tribales. Jordahl dijo el lunes que el litigio continuará incluso mientras avanza el intercambio.
«Esta orden judicial no es la última palabra. Estas tierras tienen un increíble valor espiritual, histórico y de conservación para la gente y la vida silvestre del sur de Texas. No dejaremos de luchar para mantener este irremplazable refugio público de vida silvestre a salvo de las excavadoras de SpaceX», dijo Jordahl en un comunicado.
La demanda pide al tribunal federal que detenga el intercambio, lo que ha preocupado a los opositores de SpaceX en el área, quienes durante mucho tiempo han criticado la creciente huella de la compañía por la pérdida de acceso a las playas y las preocupaciones por la explosión de cohetes.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión del lunes. Anteriormente, un portavoz había dicho que la agencia no hace comentarios sobre litigios en curso.
La agencia emitió un informe de evaluación ambiental final en junio que determinó que el intercambio no causaría ningún impacto significativo en el área. El informe decía que el gobierno federal creía que la adquisición representaría un “beneficio neto de conservación” y proporcionaría “un valor sustancial de conservación a largo plazo y mejoraría la conectividad del hábitat a escala de paisaje en los refugios del sur de Texas”.
El juez dijo que los demandantes ofrecieron pruebas «relativamente débiles» de daño ambiental.
“Si bien argumentan con razón que la preservación de la vida silvestre y las tierras históricas promueve el interés público, no presentan evidencia que demuestre que la Propiedad sufrirá degradación estética, ambiental, cultural o histórica durante la tramitación de esta demanda”, escribió Rodríguez en su fallo.
Además, el juez dijo que una orden judicial preliminar resultaría en modificaciones a los planes de desarrollo de SpaceX, «lo que impondría dificultades adicionales a la capacidad de la compañía para cumplir hitos y obligaciones contractuales».
SpaceX no respondió un correo electrónico en busca de comentarios sobre el fallo del juez.
La compañía de exploración espacial comenzó a construir en Texas hace más de una década y se ha expandido rápidamente, hasta el punto de que los empleados de SpaceX votaron el año pasado para incorporar su propio gobierno local llamado Starbase.
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