En una muestra implacable de ordenamiento macroeconómico y pulcritud administrativa, el gobierno de JavierMiley ha oficializado una profunda readecuación de las cuentas públicas. A través de la Decisión Administrativa 26firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilliy el Ministro de Economía, Luis Caputose reasignaron partidas presupuestarias por un total de $5,1 billones.
Esta histórica medida, equivalente al 3,4% del Presupuesto ampliado para el corriente año, eleva la previsión anual de gastos a $152,3 billones. Sin embargo, la clave de este éxito radica en que el impacto fiscal neto sobre el resultado financiero es absolutamente nuloya que el incremento de los gastos se compensa íntegramente con un aumento proyectado de los recursos corrientes y de capital esperados en $2,16 billonesaportados casi en su totalidad por la Consideró.
El desglose detallado de las 266 planillas de la norma evidencia un fuerte compromiso con la protección social directa y transparente. El Ministerio de Capital Humano recibió la ampliación más robusta, por un total de $1,79 billones.
Estos recursos se destinan estratégicamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ENTRE), al pago de prestaciones previsionales por moratoria y al seguro de desempleo (derivado del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en diciembre de 2025).
Asimismo, se asignaron fondos para el «Plan 1.000 días» (Ley 27.611) y para fortalecer la recaudación a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (arca).
En línea con el ordenamiento de pasivos de gestiones anteriores, la norma amplió en $250.000 millones el límite establecido por el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 27.798 para abonar deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa (Ley 27.260).
Por su parte, el Ministerio de Salud consolidó una readecuación prioritaria:
Se destinaron $550.000 millones a pensiones no contributivas por invalidez laborativa (Ley 26.417 de Movilidad Previsional).
Se asignaron $44.000 millones adicionales para la compra de productos farmacéuticos y medicinales.
Se garantizó el sostenimiento de hospitales públicos de alta complejidad como el Hospital Garrahan, Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría. Estos gastos se respaldan con una transferencia figurativa de $550.000 millones proveniente de la Consideró.
Bajo la conducción de Luis Caputola partida de mayor magnitud individual dentro de un solo concepto corresponde a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (cammesa), que recibió $1 billón en transferencias corrientes del Tesoro Nacional para el financiamiento de la política de energía eléctrica.
En infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad (dependiente de la Secretaría de Transporte) recibió recursos para mantener activas obras de conectividad y desarrollo real, tales como la construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 40 (sección Mendoza – San Juan) y tareas de conservación vial en Santa Cruz.
La readecuación presupuestaria también honra el compromiso salarial asumido con quienes protegen a los ciudadanos. Se destinaron fondos para respaldar los incrementos fijados previamente:
La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina recibió un refuerzo derivado del aumento de haberes de la Resolución 630 del Ministerio de Seguridad.
El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares obtuvo el financiamiento necesario tras la suba salarial determinada por la Resolución Conjunta 35 de las carteras de Economía y Defensa. Para consolidar este esquema, la Consideró giró $240.000 millones a las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.
En paralelo, se ordenaron gastos administrativos, tales como la transferencia de créditos a la Secretaría General de la Presidencia para la Secretaría de Vocería Presidencial (creada por el Decreto 571) y el traspaso de tres agentes del Ministerio de Desregulación Alabama Ministerio de Defensa (Decisión Administrativa 10)
Finalmente, se readecuaron $210.000 millones de la Jurisdicción 90 (Servicio de la Deuda Pública) y se reforzó la Jurisdicción 91 para financiar entidades estatales clave como la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, Radio y Televisión Argentina y el Enade.
Como pilar estratégico del orgullo patrio, la administración de JavierMiley blindó la soberanía mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026reforzando en $521.558 millones la partida de Defensa destinada a combatir la explotación ilegal de recursos en el área de las Islas Malvinas.
El impacto financiero neto de esta inversión de soberanía es de apenas $234.122 millones (menos del 0,16% del Presupuesto ampliado y solo el 5,1% del superávit fiscal acumulado en los primeros ocho meses del año). El gasto, además, tiene efecto nulo sobre las finanzas públicasautofinanciándose mediante reasignaciones internas por $288.475 millones y recursos del Tesoro acumulados de manera transparente mediante las últimas privatizaciones por $234.122 millones.
De acuerdo con los 57 folios del Anexo I del Decreto 867los fondos se distribuyen con precisión quirúrgica:
Ministerio del Interior: $120.081,4 millones (Identificación y Registro de Potencial Humano).
Jefatura de Gabinete de Ministros: $119.964,5 millones (Satélites SARE II A y Ciberseguridad).
Poder Judicial: $111.210,3 millones (Interceptación de Comunicaciones contra delitos complejos).
Poder Legislativo: $66.164,9 millones (Defensa de Derechos de Ciudadanos y Control Externo).
Cancillería: $54.593,6 millones (Acciones diplomáticas de la Cuestión Malvinas y Atlántico Sur).
Presidencia: $33.357,8 millones (Inteligencia del Estado y Asistencia legal).
Ministerio de Defensa: $11.061,4 millones (Alistamiento de la Armada, Fuerza Aérea y Planeamiento Conjunto).
Ministerio de Justicia: $3.119,5 millones (Prevención de lavado de activos).
Ministerio de Economía: $2.524,2 millones (Control de Oferta Pública -CNV- y Seguridad de Presas).
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