El Gobierno de JavierMiley ha decidido poner un punto final definitivo a la impunidad de las bandas criminales que, hasta hoy, operaban coordinando delitos desde prisión. Con una visión estratégica de alcance nacional y una determinación inquebrantable, la administración nacional oficializó la expansión del sistema de detección y bloqueo de dispositivos móviles a todos los establecimientos penitenciarios provinciales que decidan adherir.
Bajo la premisa innegociable de que «el que está preso no puede seguir delinquiendo. Las cárceles son para cumplir la condena, no para dirigir organizaciones criminales» y de que «las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado»la gestión libertaria asesta un golpe definitivo a las mafias carcelarias en la República Argentina.
Esta colosal medida del Gobierno de Milei quedó formalizada el 25 de agosto de 2026 con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Dicha norma establece la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios (también denominado Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios).
La revolucionaria iniciativa convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse voluntariamente a través de un riguroso convenio de adhesión específico anexado a la normativa, cuya implementación general estará coordinada por la Subsecretaría de Articulación Federal.
De esta manera, se amplía a escala nacional la eficaz estrategia de combate que anteriormente se limitaba en exclusiva al Servicio Penitenciario Federal.
Yendo a la especificidad técnica del programa, la avanzada herramienta gubernamental opera identificando tres datos fundamentales de cada dispositivo activo dentro de las áreas de detención o acceso restringido: el IMEI (identificador único del dispositivo), el IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica vinculada.
Este riguroso cerco tridimensional fue especialmente diseñado para que los delincuentes no puedan evadir los controles: aun si el interno logra cambiar físicamente la tarjeta SIM de su equipo, el dispositivo móvil intervenido queda completamente inhabilitado para operar en cualquier red nacional.
Para blindar el sistema contra cualquier fisura local o burocrática, la normativa dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional actúe como una ventanilla única centralizada para canalizar las solicitudes hacia las empresas de telefonía.Bajo este sólido esquema operativo, se aclara rigurosamente que las provincias por sí solas no podrán ordenar l a inhabilitación ante las telefónicas.
El andamiaje operativo se sustenta en la Resolución 734/2026 (también citada como Resolución 734/26) del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), fechada el 13 de agosto de 2026la cual aprobó y actualizó detalladamente el manual de procedimiento técnico y distribuyó las responsabilidades de cada actor institucional involucrado en la cruzada de seguridad.
El protocolo diario establece que las administraciones provinciales adheridas carguen diariamente archivos en formato CSV en un servidor seguro del Ministerio de Seguridad Nacional. Este sofisticado sistema contempla un universo de 5 operadores activas en el país.
Por cada una de estas compañías, las provincias deben enviar puntualmente 2 archivos diarios: uno conteniendo los identificadores IMSI detectados y otro con los registros IMEIgenerados bajo una nomenclatura estandarizada que asocia el nombre de la compañía y la fecha correspondiente.
Tras la recepción y formalización del pedido de bloqueo a través de la ventanilla nacional, las operadoras de telecomunicaciones tienen la obligación de confirmar la ejecución del bloqueo en un plazo máximo de 48 horas. Paralelamente, el Servicio Penitenciario Provincial correspondiente asume la responsabilidad de realizar un monitoreo remoto continuo de los equipos de detección, informando de inmediato cualquier incidente.
Finalmente, la reforma de seguridad se asienta firmemente sobre antecedentes legislativos, tales como la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que en su Artículo 160 prohíbe taxativamente el uso de teléfonos móviles en las cárceles.
El programa gubernamental, además, prevé sectores de guarda de dispositivos para el personal autorizado —como agentes penitenciarios, magistrados, alfabetizado, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares— que estén situados fuera de las zonas sujetas a detección.
El sistema se completa con la realización de auditorías periódicas destinadas a fiscalizar el estricto cumplimiento del procedimiento, garantizando asimismo que toda la información referida al bloqueo de IMEI/IMSI sea resguardada bajo las más estrictas y rigurosas normas de confidencialidad.
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