La sanidad agropecuaria dominicana vuelve a estar en el centro del debate político, pero esta vez con números que, de confirmarse, comprometen directamente la credibilidad del Estado ante los mercados internacionales. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció esta semana que el país atraviesa lo que calificó como «el Gobierno de las plagas», una acusación dura que atribuye al oficialismo un deterioro sostenido de la sanidad agropecuaria desde agosto de 2020.
La denuncia no es menor. Habla de pérdidas superiores a siete millones de dólares por el Ácaro del Bronceado del Banano, de una posible afectación de más de 20 millones de dólares en exportaciones de mango, y de un sector porcino golpeado por la Peste Porcina Africana. Son cifras que, si se sostienen, describen algo más que un problema técnico: describen una crisis fitosanitaria con consecuencias económicas medibles para miles de productores.
Pero toda denuncia política, venga de donde venga, exige la misma pregunta: ¿con qué se sustentan estas cifras y quién las audita de manera independiente?
Lo que el PLD puso sobre la mesa
El secretario general del PLD, Johnny Pujols, presentó la denuncia acompañado de su equipo agropecuario y la Secretaría de Industria y Mipymes de esa organización. Según su exposición, el deterioro de la sanidad agropecuaria nacional comenzó con la cancelación de cientos de técnicos encargados de la vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria al inicio del primer mandato del PRM, en agosto de 2020.
De acuerdo con lo expuesto, esa decisión administrativa habría abierto la puerta a la entrada del Ácaro del Bronceado del Banano, a la expansión de la Peste Porcina Africana y a la pérdida de certificaciones Global GAP para el aguacate, lo que —según Pujols— ha limitado la competitividad dominicana en mercados exigentes.
El caso más reciente, según el documento distribuido por el PLD, es el Programa de Preinspección de la Mosca de la Fruta del Mango, creado en 2016 para facilitar exportaciones hacia Estados Unidos. Pujols afirmó que los técnicos especializados enfrentan condiciones laborales precarias y retrasos en pagos, factores que —de confirmarse— explicarían por qué «miles de kilos de mango se han infestado de larvas». Frente a este panorama, el PLD propuso declarar una Emergencia Fitosanitaria Nacional y reincorporar personal con experiencia en la erradicación de la Mosca del Mediterráneo de 2017.
Una denuncia política que no exime al Estado de responder
Aquí es donde el análisis debe ser más cuidadoso que la denuncia misma. Que la acusación provenga de un partido de oposición no invalida los datos, pero tampoco los certifica automáticamente. El PLD gobernó el país durante más de dos décadas acumuladas y también enfrentó episodios de plagas agrícolas durante su gestión; presentar cifras sin una fuente técnica independiente —como el Ministerio de Agricultura o el Servicio de Sanidad Agropecuaria— deja la denuncia en el terreno de lo político antes que en el de lo verificable.
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Dicho esto, el verdadero problema no es solo si las cifras del PLD son exactas. Es que, frente a una acusación de esta magnitud sobre la sanidad agropecuaria nacional, el Gobierno del PRM —tanto en su primer mandato (agosto 2020–agosto 2024) como en el actual, iniciado en agosto de 2024— no ha salido a contradecir con datos propios, auditorías independientes o un plan fitosanitario público y medible. El silencio institucional, en un tema que compromete millones de dólares en exportaciones y el sustento de miles de productores, es en sí mismo una forma de opacidad.
Tampoco puede pasarse por alto la dimensión estructural: la cancelación de técnicos fitosanitarios, si ocurrió como se describe, no es un hecho aislado sino una decisión de política pública con consecuencias medibles a mediano plazo. La pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano no es solo «¿quién tiene la razón entre el PLD y el PRM?», sino ¿existe hoy un sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria capaz de proteger al productor dominicano, independientemente de qué partido gobierne?
Lo que queda pendiente
Más allá de la disputa partidaria, el expediente de la sanidad agropecuaria dominicana sigue abierto. Hay productores de banano, cerdo, aguacate y mango que reportan pérdidas reales, y hay un Estado que, hasta el momento, no ha ofrecido una réplica documentada con sus propios indicadores. Entre la denuncia política y el silencio oficial, el país se queda sin la única respuesta que realmente protege al campo: datos verificables, técnicos independientes y un plan fitosanitario que no dependa de quién esté en el poder.
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¿Puede un sector tan sensible como la sanidad agropecuaria nacional seguir dependiendo del calendario electoral en lugar de una política de Estado sostenida?
