Un hecho alarmante para la libertad de prensa se registró este viernes en Santo Domingo Este, cuando un agente de la Policía Nacional lanzó gas pimienta contra periodistas y posteriormente sobó su arma de reglamento en un gesto claramente intimidatorio. Los comunicadores simplemente cubrían el traslado de una maestra acusada de maltratar a una niña de dos años en un centro educativo.
Las acciones del agente, calificadas por diversos sectores como abuso de autoridad, quedaron captadas en video frente al preescolar donde ocurrió el incidente. En las imágenes se observa cómo los reporteros se acercaban para obtener declaraciones de la acusada, momento en que el policía respondió rociando gas pimienta contra los miembros de la prensa que cumplían con su labor informativa.
Lejos de apaciguar la situación, el agente intensificó la tensión minutos después. Cuando los periodistas continuaban trabajando cerca del vehículo oficial, el uniformado se desmontó de la guagua y fue captado sobando su arma de reglamento, un gesto interpretado por los comunicadores presentes como intimidación directa. Este comportamiento no constituye solo un uso indebido de la fuerza, sino un mensaje preocupante sobre el respeto institucional a la labor periodística.
El ejercicio del periodismo es un pilar esencial de la democracia. Cualquier intento de amedrentar o agredir a la prensa representa una amenaza directa a la libertad de información. Cuando un agente del orden utiliza su posición de poder para intimidar a quienes tienen el derecho constitucional de informar, se vulnera un principio fundamental del Estado democrático.
Tras la difusión de los videos, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, acudió al lugar y reconoció públicamente que se trató de «un uso desproporcionado de la fuerza». En sus declaraciones aseguró que el caso será investigado por los organismos de control interno de la institución. Esta respuesta institucional, aunque necesaria, debe traducirse en acciones concretas y consecuencias verificables.
Pesqueira afirmó que la actuación del agente es inaceptable y que el uniformado ya fue debidamente identificado. Asimismo, indicó que la investigación determinará si el caso debe ser remitido al Ministerio Público para establecer responsabilidades legales. Sin embargo, la ciudadanía ha aprendido a distinguir entre anuncios de investigaciones y resultados efectivos que generen precedentes disuasivos.
La institución informó que también busca a una pariente de la maestra detenida, quien presuntamente habría agredido a una periodista con una sombrilla durante el confuso incidente. Esta búsqueda debe conducirse con la misma rigurosidad que la investigación al agente policial, demostrando que la violencia contra la prensa no será tolerada independientemente de quién la ejecute.
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Los hechos ocurrieron cuando agentes policiales detenían a la docente acusada de maltratar a una niña en el sector Alma Rosa I. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento policial terminó convirtiéndose en un escenario de agresiones contra miembros de la prensa que cubrían el caso. La profesionalidad del procedimiento quedó subordinada a la conducta abusiva de un agente que olvidó su mandato de proteger.
En uno de los videos circulantes se escucha a una periodista denunciar la agresión: «Agredió a la prensa. Le dieron a Yessica, de RNN. La Policía aquí está maltratando a la prensa. Miren cómo tumbaron a Yessica y a mí también me dieron golpes». Esta denuncia en tiempo real evidencia la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de respuestas institucionales inmediatas.
El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Distrito Nacional, condenó enérgicamente las agresiones y calificó el hecho como un atentado contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. La directiva del gremio llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación cuando realizan su labor informativa.
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El gremio anunció que convocará una rueda de prensa en las próximas horas para fijar una posición institucional, exigir una investigación rigurosa y reclamar sanciones contra los responsables. Esta acción colectiva del periodismo organizado es fundamental para establecer que las agresiones a la prensa no quedarán impunes ni serán normalizadas.
Más allá de las investigaciones anunciadas, el caso reabre el debate sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes del orden y la necesidad de que las instituciones actúen con firmeza cuando se vulneran derechos fundamentales. Un agente que intimida con su arma a periodistas desarmados no está protegiendo el orden público, está amenazando la democracia.
La prensa no puede ser tratada como un enemigo ni como un objetivo de intimidación por parte de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Cuando el uniforme se convierte en fuente de amenaza en lugar de seguridad, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho.
Este incidente no puede quedar como un simple «uso desproporcionado de la fuerza» archivado en expedientes internos. Debe generar consecuencias claras, protocolos revisados y un mensaje institucional inequívoco: agredir a la prensa tiene costos profesionales y legales. De lo contrario, cada investigación anunciada sin resultados concretos simplemente normalizará un patrón inaceptable de abuso de autoridad.
