Otra vez el mismo guion: banderas, discursos sobre una «amistad histórica» y una mesa de honor donde el poder posa para la fotografía oficial.
Este martes, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje asistieron a la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, acto protocolar que la embajada gala organiza cada 14 de julio para conmemorar la toma de la Bastilla de 1789.
Pero detrás del brindis y la retórica sobre «valores compartidos» hay una pregunta que el libreto oficial no responde: ¿qué tan verificable es el impacto real de más de veinte años de cooperación francesa en la República Dominicana?
Cuando un Estado celebra sus vínculos internacionales sin mostrar auditorías, desglose de ejecución o resultados medibles, la diplomacia deja de ser rendición de cuentas y se convierte en relaciones públicas.
Según el relato oficial del encuentro, la embajadora de Francia, Sonia Barbry, destacó que la cooperación francesa, canalizada a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ha movilizado más de USD 1,500 millones en más de dos décadas.
Los fondos se destinaron a proyectos de transporte urbano, agua potable, saneamiento, energía y desarrollo territorial. También anunció la construcción de una Academia Regional de Capacitación contra el Narcotráfico, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Adelantó, además, una próxima «hoja de ruta» de cooperación bilateral.
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El detalle que el comunicado no aclara es igual de relevante que el que sí destaca: esos «más de veinte años» de cooperación francesa no corresponden a un solo gobierno.
Abarcan al menos tres administraciones distintas —incluyendo períodos completos del PLD previos a 2020— antes de llegar al actual oficialismo, que inició su primer mandato en agosto de 2020 y hoy transita su segundo período consecutivo desde agosto de 2024.
Atribuir el peso simbólico de dos décadas de financiamiento a la gestión de turno, sin especificar qué porcentaje corresponde a cada gobierno, es una imprecisión que el relato institucional no corrige.
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El problema no es que Francia coopere con la República Dominicana; es cómo esa cooperación se comunica.
La cifra de USD 1,500 millones se presenta como un logro colectivo sin especificar cuánto fue ejecutado bajo el oficialismo actual, cuánto sigue en fase de aprobación, y cuánto corresponde a proyectos heredados de administraciones anteriores.
Sin ese desglose, el ciudadano no puede distinguir entre gestión propia y continuidad institucional que cualquier gobierno hubiese recibido.
Lo mismo aplica a la anunciada Academia Regional de Capacitación contra el Narcotráfico. Se presenta como un avance en la lucha contra el crimen organizado.
Pero el comunicado no ofrece fecha de inicio de operaciones, presupuesto asignado, ni indicadores de resultado esperado. Esto en un país donde el tráfico de drogas y el uso del territorio como punto de tránsito siguen siendo un problema estructural documentado por informes internacionales, no un asunto resuelto por anuncios protocolares.
Tampoco hay claridad sobre la metodología detrás del dato de «más de 6,000 dominicanos residentes en Francia». ¿Es un censo consular actualizado? ¿Una estimación?
La cooperación francesa merece ser evaluada por sus resultados verificables, no por la solemnidad del discurso diplomático que la acompaña. Un Estado que se limita a repetir cifras de organismos externos, sin contrastarlas ni auditarlas públicamente, no está rindiendo cuentas: está delegando su comunicación institucional en la narrativa de otro gobierno.
La foto oficial ya está tomada. Lo que falta es la auditoría.
Mientras el discurso diplomático siga midiéndose en montos globales sin desglose, fechas sin cumplimiento verificado y cifras sin fuente pública, cualquier «récord» de cooperación internacional seguirá siendo, ante todo, un ejercicio de comunicación política antes que un dato comprobable.
